El Estado ha dejado de enviar a Cantabria casi 400 millones de la Ley de Dependencia desde 2012

Desde 2012, año en el que empieza la serie histórica que analiza el Ministerio de Derechos Sociales, el Estado ha enviado a Cantabria 246 millones de euros, que son 396,7 millones menos de lo que le habría correspondido teniendo en cuenta que el Servicio Cántabro de Servicios Sociales (Icass) ha destinado a pagar los servicios y prestaciones reconocidas en la Ley de Dependencia hasta 2022 –aún no se conoce la cifra total de 2023– 1.285 millones de euros. La cuenta sale fácil y no es nada favorable para los intereses de las regiones.

No se cumple ni de lejos el compromiso de cofinanciación a partes iguales, aunque es verdad que en los últimos dos ejercicios los desequilibrios se han reducido. Con altibajos, la inversión que hace el Gobierno de Cantabria para costear total o parcialmente la atención a la dependencia ha ido creciendo a medida que se incorporaban nuevos usuarios y también nuevas prestaciones a la cartera de servicios.

Es evidente el efecto de la anterior crisis económica –la que estuvo ligada al ladrillo y a las entidades financieras– porque entre 2013 y 2018 la administración regional, que se tuvo que apretar el cinturón en todos los departamentos, también recortó en dependencia. El mejor ejemplo es que hasta 2021 no se volvió a superar la cifra de 128,3 millones de euros que se destinaron en 2012. El último dato consolidado de inversión es el del año siguiente y ahí sí que se aprecia ya un salto importante hasta los 153,4 millones de euros.

¿Y cuánto de ese dinero venía del Estado? Pues los picos y valles en la estadística son muy similares. Antes de 2012 –el año de referencia, por eso los datos previos no aparecen en la tabla que acompaña esta información–, el Gobierno central envió a Cantabria 28 millones de euros en 2010 y otros 26 millones de euros en 2011, unos números que nunca volvieron a superarse durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero tampoco durante los dos primeros años del Gobierno de Pedro Sánchez.

Es más, en 2020, en plena crisis sanitaria por la pandemia del covid, la contribución del Estado a sufragar los costes de la Ley de Dependencia en Cantabria cayó al 14,72%, el mínimo histórico en términos porcentuales, aunque también es verdad que esa caída de los ingresos específicos se compensó con un gran flujo de dinero extraordinario de Madrid a todos los territorios para hacer frente al coronavirus.

Ya en 2022 la implicación estatal creció hasta el 30,16% (fueron 46,3 millones), aunque todavía está a 20 puntos de ese compromiso del 50%-50%, y en 2023 previsiblemente volverá a elevarse. No se conoce el porcentaje exacto porque Cantabria aún no ha dado a conocer el dato del gasto total a lo largo del año en dependencia, pero sí se sabe que el Gobierno central ha enviado 55,2 millones (récord histórico) para desarrollar estas políticas.

Ni los casi 400 millones de euros que han dejado de llegar a Cantabria ni los que corresponderían al resto de comunidades autónomas son, en teoría, recuperables. Porque el compromiso político del Gobierno central de asumir el 50% de los gastos no está plasmado en la Ley de Dependencia. De hecho, como recordó el diputado Armando Blanco (Vox) durante aquel debate parlamentario, cuando la socialistas Eva Díaz Tezanos era vicepresidenta y consejera de Políticas Sociales allá por 2016 envió un requerimiento a Madrid reclamando los 65 millones de euros pendientes del ejercicio anterior. No tuvo respuesta de la entonces ministra Fátima Báñez, pero tampoco opción de reclamarlo en la vía judicial, como sí se hizo con la deuda de Valdecilla.

También tomó la palabra durante ese debate el portavoz del PP, Juan José Alonso, impulsor de la proposición no de ley (PNL) que reclama al Estado asumir de una vez por todas el 50% de los costes de la dependencia. Y lo hizo, según explicó, ante el riesgo de que el Gobierno de Pedro Sánchez cumpla ese compromiso en Cataluña –es uno de los puntos que figura en los pactos con ERC y Junts– y no en Cantabria y en el resto de territorios. «Los cántabros llevamos semanas viendo como Sánchez es capaz de todo por mantenerse en el Gobierno. Ha entrado en una dinámica de concesiones interminables a aquellos que quieren romper España y está creando autonomías de primera y de segunda», lamentó Alonso, que sí reconoció las bondades de esta ley que en diciembre cumplió 17 años y su carácter transformador.

Le respondió la diputada socialista Nórak Cruz, que coincidió en el salto que supuso la Ley de Dependencia, pero no en lo que cada partido ha ido haciendo para dotarla de recursos cuando estaba en La Moncloa. «Durante estos 17 años su desarrollo no ha sido homogéneo. En los diez años del PP, no abonó nunca el nivel acordado y ha sido el Gobierno de Sánchez el que lo está recuperando», dijo la representante del PSOE, una versión de la historia que también defendió Rosa Díez desde el PRC.