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Presentaron una batería de 18 medidas para mejorar la Administración de Justicia y «ni una de ellas» ha sido aceptada. Las negociaciones de los jueces y fiscales con el Ministerio de Justicia han fracasado. Hoy, por quinta vez, en todos los partidos judiciales ha ... habido paros y concentraciones de protesta. Incluidos los de Cantabria. Y el próximo martes, día 22, si nada cambia, se irán a la huelga, la cuarta huelga judicial de la democracia, pero la primera de la historia que goza del respaldo de las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales, un apoyo unánime a la reivindicación de más medios y medidas que refuercen la independencia.
El juez decano de Santander, Jaime Anta, destaca la trascendencia de la lucha que libra la carrera judicial y fiscal en favor de la Administración de Justicia, la 'hermana pobre', la que «nunca se ha cuidado» a pesar de su importancia: «El Estado no nació para hacer carreteras y hospitales, sino para hacer justicia, que es uno de los objetivos esenciales de un Estado». Y hace una gráfica comparativa para dar a entender esta diferencia de trato: «Si en la administración sanitaria se hubiera hecho la misma inversión que en la de justicia estarían operando en tiendas de campaña». Lo que llega a la Justicia es «el chocolate del loro», poco dinero y mal organizado, imposible aspirar así a tener una administración «al nivel de países de nuestro entorno, como Alemania».
Sus propuestas para revertir esta situación tienen un objetivo final: una Justicia rápida y de calidad al servicio de los ciudadanos. «Si se incrementase el número de jueces, si los recursos fueran más adecuados, si se agilizasen los procesos, si la implantación de medios telemáticos e informáticos fuera efectiva, la respuesta, en vez de un año, sería de menos tiempo. Y claro que el ciudadano lo notaría. Es para ellos por lo que protestamos».
Para reforzar la independencia judicial : piden la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la retirada de las enmiendas presentadas a la proposición de ley para dicha reforma. También reivindican la objetivación del sistema de nombramiento de altos cargos judiciales, con arreglo a perfiles previamente definidos, de acuerdo con un proceso transparente y en decisión debidamente motivada y adoptada por una mayoría cualificada; y la supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos.
Para modernizar la Administración de Justicia : reclaman un plan de inversión «suficiente y prolongado»; incrementar las plantas judicial y fiscal, convocando al menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años; modernizar los edificios judiciales y fiscalías; y un proceso de digitalización con los equipos necesarios y los programas de manejo adecuado. También apuestan por la implantación de los tribunales de instancia; y que, mientras tanto, se creen órganos judiciales suficientes para atender al incremento de litigiosidad (hoy en 126 asuntos por cada 1000 habitantes). Además, reivindican la revisión del modelo de oficina judicial sobre las experiencias piloto; compatibilizar los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional; y dotación de medios personales y materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, con dependencia directa de la Autoridad judicial y fiscal.
Para mejorar las condiciones profesionales , desean, entre otras medidas, la convocatoria inmediata y formal de la Mesa de Retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función.
Por lo que se refiere al Ministerio Fiscal , abogan por la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto; y la paralización de la implantación de la justicia digital en tanto no se garantice el correcto funcionamiento de los programas y equipos. Así como atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado; refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal; y autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal.
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