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Si cumple su programa electoral y las promesas reiteradas en intervenciones parlamentarias durante la anterior legislatura, el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga ... modificará la actual Ley del Suelo, aprobada hace justo un año, para poner menos restricciones a la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico. Pero es posible que este asunto no sea el único que haya que tocar de la norma urbanística, porque el Ejecutivo saliente se comprometió con el Estado a cambiar la redacción de otros tres artículos. Y lo hizo porque chocaban con normas nacionales de rango superior o porque entraban en competencias que no son propias de la comunidad autónoma. Entre los asuntos que tendrán que revisarse se encuentra el canon que estableció la norma para devolver al territorio parte de los beneficios de la producción de energía en los nuevos parques eólicos, una medida que introdujo la Consejería de Obras Públicas ante la contestación social ante este tipo de proyectos energéticos.
Se trata de un importante contratiempo, pero el golpe podría haber sido mucho mayor porque, inicialmente, Madrid había manifestado su discrepancia no con tres artículos, sino con hasta 29 artículos y otras tres disposiciones adicionales de la ley. En la mayoría de los casos -todos menos los tres que no se han podido salvar-, las dos partes han llegado a un acuerdo en el seno de la Comisión Bilateral, el órgano en el que se discuten habitualmente este tipo de desencuentros competenciales.
Ha habido acuerdo, pero el Gobierno central amenazaba con acudir al Tribunal Constitucional en caso de encontrarse con una negativa por parte de Cantabria que finalmente no se ha producido. Lo que ocurría era que, atendiendo a la literalidad de los dos textos sobre la materia -el regional y el nacional-, existía riesgo de interpretación contradictoria entre ambos. Por eso la comunidad autónoma ha dado su brazo a torcer y acepta interpretar los artículos polémicos conforme a la ley estatal, que es la que establece la normativa básica común a todos los territorios del país.
Doble imposición Cantabria reconoce que su impuesto cántabro a los aerogeneradores no es legal porque grava lo mismo que otro nacional
Exigencia de Madrid Los otros dos artículos que deben cambiarse son los relativos a la prescripción de infracciones y a la evaluación ambiental
Donde no hay margen para interpretaciones es en los tres artículos que Cantabria tendrá que modificar sí o sí, porque así lo ha firmado en el documento que pone fin a la disputa con el Estado. Respecto al canon eólico, lo que hacía la Ley del Suelo era crear un tributo propio para revertir a la población una parte de la riqueza que genera la producción de electricidad de los aerogeneradores. La comunidad autónoma tiene capacidad para crear sus propios tributos, pero lo que no es posible es gravar a una misma persona o empresa dos veces por el mismo hecho. La doble imposición por administraciones distintas no está permitida. Y como el Ministerio ya tiene un impuesto sobre la producción de energía la región no puede superponer el suyo.
La ya exconsejera de Obras Públicas, Jezabel Morán, señala que una solución sería sustituir el hecho imponible. Seguir el modelo de otros territorios y no gravar la producción de energía, sino otro concepto como la instalación de molinos. Existen otras vías, pero también es posible que el nuevo Ejecutivo, con una política impositiva que se basa en la supresión de impuestos lo máximo posible, decida no establecer ningún canon a los parques eólicos.
El segundo punto que tendrá que ser modificado, llevando el nuevo Gobierno al Parlamento una iniciativa legislativa, es el que tienen que ver con los plazos de prescripción de algunas infracciones. La Ley del Suelo cántabra, en su artículo 265, va en contra de la Ley del Suelo nacional aprobada en octubre de 2015, que consagra la «imposibilidad de que prescriban las infracciones relacionadas con la ordenación de la zonas verdes, los espacios libres o las dotaciones públicas». Por último, para cumplir el acuerdo con el Estado, la reforma legal tiene que incluir que los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental en materias de minería, ocupación de dominio público marítimo u ordenación del territorio se adapten a la ley nacional de control ambiental integrado.
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Ana del Castillo
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