El estudio de alternativas del tren a Bilbao acumula ya cuatro meses de retraso

El Ministerio encargó en junio de 2020 a la UTE compuesta por WSP Spain-Apia y Sener Ingeniería y Sistemas por 1,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses los estudios de la línea ferroviaria entre las capitales cántabra y vizcaína. El primer borrador, un proyecto básico, tenía que estar acabado y presentado en el mes de septiembre, pero se retrasó. Miguel Ángel Revilla, cuando se confirmó que este tramo no entraría en el Corredor Atlántico -impidiendo así optar a una financiación específica de Bruselas-, subrayó que los puntos clave se conocerían el pasado diciembre.

Un documento en el que, aunque sería susceptible de cambios, deberían aparecer ya las distintas alternativas de trazado, plazos, costes y las propuestas de paradas -Cantabria pide que haya en Laredo y Castro- de un ferrocarril que complete la ruta en 50 minutos, frente a las tres horas actuales. Cuatro meses después de la primera fecha, aún no hay noticias.

Lo máximo que consiguió sacar ayer Mazón a Sánchez es que «está muy avanzada la fase de estudio de alternativas, especialmente desde el punto de vista funcional». Del idioma de ministros al castellano del común de los mortales eso significa que con mayor o menor exactitud ya se han analizado las distintas opciones de trazado, pero aún no se sabe cuál será el coste de cada una u otros aspectos que el Gobierno regional considera fundamentales, como las paradas.

Insuficiente para el regionalista, que desde su escaño en el hemiciclo recordó que el mismo estudio estaba ya presupuestado hace una década y que el ministro socialista José Blanco lo paralizó en 2010 -es verdad que el PRC rechazó una conexión a Madrid por Bilbao que entonces se ofreció y primó la línea a través de Palencia- en plena crisis económica. Lo que piden ahora los regionalistas y, por extensión, el Ejecutivo autonómico es «acelerar» la tramitación de este estudio, porque «cada vez cuesta más encontrar un corredor» para el trazado de la línea por la proliferación de construcciones en el límite entre ambas provincias, y porque, según recordó, casi 100.000 coches usan a diario la autovía Santander-Bilbao para sus desplazamientos entre las dos capitales. «Luchamos contra el cambio climático echando CO2 a la atmósfera», dijo con tono irónico.

Y sobre los otros dos asuntos por los que fue interrogada, la ministra Sánchez se limitó a poco más que a dar una respuesta genérica: «Estamos comprometidos con la mejora de actuaciones sostenibles de la movilidad en Cantabria. Nos gustaría avanzar más rápido, pero los expedientes requieren rigurosidad y tenemos que garantizar que los trámites se cumplen y que se hacen bien».

En el caso del soterramiento de las vías a su paso por Torrelavega, la titular de Transportes dio a entender que la actuación no se licitaría este 2022. Y el argumento fue le mismo que utilizó hace unos meses la Delegación del Gobierno para no incluir partidas sustanciales: que los cambios en el proyecto, con la creación de un aparcamiento subterráneo que no estaba inicialmente en los planes, obligaría a realizar un estudio complementario. La consecuencia es que se retrasará la planificación original varios meses. Eso en el mejor de los casos, si no hay que repetir también el estudio de impacto ambiental.

Y pendiente precisamente del estudio ambiental están los proyectos de los tramos del AVE entre Alar del Rey y Reinosa. Fomento ya ha enviado los expedientes al Ministerio para la Transición Ecológica y aguarda una respuesta. Mientras tanto, Sánchez recordó que avanzan los trabajos sobre el terreno de los dos primeros tramos entre Palencia ciudad y Osorno, que tienen una inversión prevista de 200 millones de euros.

Una garantía insuficiente para Mazón, que lamentó la «falta de compromiso» del Gobierno central, al que le advierte de que «no tolerará incumplimientos» en los compromisos firmados, los que sustentan el pacto del bipartito PRC-PSOE en Cantabria.