La eterna lucha de los afectados por los derribos

Generalmente, los aniversarios son motivo de júbilo, pero no es éste el caso: el hecho de que la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) cumpla veinte años –el próximo día 26– no es algo que haya que celebrar, porque es una vergüenza. Es la conmemoración de veinte años de sufrimiento y lucha, y la prueba de la incapacidad de la Administración para terminar con una injusticia que dura décadas.

Por supuesto que se puede argumentar que la situación ha mejorado en todo este tiempo: en los peores momentos llegó a haber 1.200 afectados, y ahora no llegan a 500. Es verdad, pero en esa primera cifra estaban incluidas las viviendas del Alto del Cuco, una urbanización que nunca se llegó a construir del todo, con un arreglo más fácil, que restó cientos de perjudicados a esa cuenta de desgracias; también se encontró salida en otros lugares, como Miengo. Cuando el Gobierno de Revilla, allá por 2005, puso en marcha su plan para dar una respuesta, había 525 familias, y hoy siguen activos 477 casos en cuatro ayuntamientos: 255 en Argoños, 102 en Arnuero, 88 en Piélagos y 32 en Escalante. «No hay derecho a tener a las familias con el miedo a que se derribe su vivienda y con el patrimonio secuestrado: es una cadena perpetua para los afectados», explica el presidente de AMA, Antonio Vilela. «En Escalante, se ha indemnizado a 16, y está en marcha el proyecto de construcción de otras 16 viviendas de sustitución para el resto; en Arnuero, se ha indemnizado a quienes han optado por ello, y se ha hecho la mayor parte de las viviendas de sustitución; en Argoños, todo está pendiente de una sentencia del Supremo sobre el PORN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel: si se declara ilegal sería como volver a empezar otra vez; aparte, hay once viviendas cuya demolición ya se contemplaba en el Plan General: de ellas, a ocho familias se les ha indemnizado y tres esperan una vivienda de sustitución. En Piélagos se ha indemnizado a algunos propietarios de viviendas de Cerrias; otra parte aguarda la aprobación definitiva del PGOU para poder regularizarlas».

Más números: el del coste de todo este desaguisado, porque no hay que olvidar que el dinero para pagar derribos y compensaciones y para edificar nuevas casas sale de donde sale todo. Durante la presidencia de Ignacio Diego (2011-2015) se hizo una estimación: ya entonces eran 150 millones de aquéllos sólo en indemnizaciones y recuperación del suelo.

Entre tanta cifra, hay una que los miembros de AMAtiene grabada a fuego: 273. Es la de los afectados directamente por esta injusticia que han muerto antes de verla resuelta. Año tras año las filas de la asociación dejan ver nuevos huecos vacíos, algo lógico, por otra parte, teniendo en cuenta que la media de edad supera ya los 75 años.

Este largo calvario –las primeras sentencias datan de mediados de los 90– sí que ha servido para que la sociedad cántabra se haga cargo del drama que soportan estas familias: ya nadie piensa que son unos caraduras que pueden tirar una caña desde el balcón porque viven junto al mar. Algunos, como Felipe Pérez, tienen que andar kilómetros desde su casa en la urbanización Pueblo del Mar I (Argoños) hasta la playa. De Bilbao y ya jubilado, lleva 25 años de sufrimiento. «Compramos la vivienda y estaba todo en regla: fuimos al Ayuntamiento a comprobarlo. A los dos meses nos llegó la sentencia de derribo».

«Andamos totalmente desmoralizados. Todos los Gobiernos, todos sin excepción, prometen lo mismo: 'En mi legislatura se va a acabar'. Y no se acaba ni de derribar. Pasamos muchas temporadas aquí, intentando disfrutar, pero piensas que para qué vas a cambiar la cocina, o la bañera por un plato de ducha, porque ya somos mayores. Y ya deseas que se acabe todo, que se muera, que se derribe de una vez».

Hay otras situaciones llamativas. En Las Llamas II, en Argoños, donde vive Vitori Frontela, de Baracaldo, quedaron vacíos los ocho chalés de los vecinos que aceptaron la indemnización: hoy son fabulosos hogares para los okupas. Hasta el consejero de Fomento, Roberto Media, llamaba la atención sobe la paradoja: se podía echar a los dueños, pero no a los intrusos. «Nosotros compramos en 1997. Teníamos una pastelería y veníamos de vez en cuando. A los dos o tres años nos enteramos de que está como está. Le dije a mi marido: 'Mira, Juan, que esto no nos lleve mal, que no nos cause una depresión'. Lo hemos llevado bien: te haces a la idea de que un día te puede pasar cualquier cosa».

María Ángeles Santiago nació en Cartes, pero residió buena parte de su vida en Guipúzcoa y en Francia. Cuenta que cuando vio desde el mirador la playa de Liencres y la desembocadura del Pas, sintió un flechazo y decidió venirse a vivir. «Me quedé destrozada cuando me enteré, ha sido lo peor, con la ilusión que tenía. Fue muy duro para mí, para mis padres y para mis hijas: lo malo se va esparciendo, como la lepra. Es absurdo tirar donde se puede volver a construir, es dilapidar el dinero».

Juan Viota, de Alonsótegui, dirige su indignación contra la Justicia. Su casa está en La Llana I, en Argoños. «Cuando el juez dictó la sentencia tenía que saber que detrás de esa sentencia por una denuncia de los ecologistas, no condenaban a los políticos, que ahí siguen, sino a nosotros, que no estábamos siendo juzgados».