«No vi un euro», dice el empresario acusado de estafar casi 14 millones a los bancos

«Reconozco parte de las cosas, pero no los hechos que se me imputan», aseveró ante la sala de la Audiencia Provincial. El acusado quiso encuadrar sus actuaciones dentro del marco de la crisis económica que vivía por entonces el país -los hechos se remontan a los años 2008 y 2009-, y en que el Gobierno regional «dejó de pagarme hasta 5,5 millones» cuando tenía «120 empleados a mi cargo». «Yo sólo quería cobrar lo que había trabajado», se justificó durante el juicio.

Según fuentes de la investigación, los cuatro acusados utilizaban la cesión de documentos de crédito, procedentes de certificaciones de obras públicas del Gobierno, principalmente, y de los ayuntamientos de Torrelavega y Miengo. Las certificaciones habían sido previamente «falsificadas», ya que no se correspondían con ningún contrato o el importe no era el real, sino «muy superior», según el fiscal. Luego, cuando las entidades querían cobrar de la Administración pública, se destapaba su invalidez.

«Ni comía ni dormía», aseguró Germán M. R. cada vez que se refería a sus trabajadores, en torno a los cuáles articuló su defensa. «Por encima de todo estaban las familias», recalcó. «No pensaba en el mal en ese momento porque no lo sentía, sólo quería cobrar lo que había trabajado», puntualizó. También explicó que algunas de las certificaciones presuntamente falsas no llegó siquiera a cobrarlas y apuntó directamente a algunas entidades bancarias, al afirmar que llegaron a embolsarse comisiones por ello. Otras, en cambio, sí cotejaron con el Gobierno regional la veracidad de los documentos y, por tanto, no hicieron el abono.

Durante la sesión, el tribunal rechazó la petición realizada por su defensa el día anterior en la que solicitaba la nulidad de las pruebas y la retirada como acusación particular del Ejecutivo y los consistorios afectados, y tampoco tuvo en cuenta los problemas de competencias entre la Policía Judicial y el Servicio de Vigilancia Aduanera. A pesar de esto, los magistrados reconocieron que el proceso de investigación «no fue el más ortodoxo».

Germán M. R. aprovechó su intervención para defender a su mujer. Josefina Cristina G. S. y también el colaborador Juan José L. C. están acusados de delito continuado de alzamiento de bienes por las sociedades creadas en 2009. Les piden una pena de cuatro años y tres meses de cárcel, una multa de 18.000 euros y la inhabilitación para gestionar empresas mercantiles. El principal acusado aseguró que su mujer no era conocedora de sus problemas y que sólo firmó la venta de un inmueble en calidad de apoderada «sin saber lo que estaba haciendo». Lo hizo, afirmó, para pagar sus deudas y destacó que incluso se hipotecó con varios de los bancos a los que presuntamente había estafado. «Lo hice para ganar tiempo», subrayó, porque el problema, aseguró, «no me estaba dejando vivir».

Respecto a su relación con su principal colaborador, Venancio O. P., antiguo agente comercial de Caja Castilla-La Mancha en una oficina de Albacete (ahora Liberbank), señaló que «era un simple gestor» con el que «no tenía relación». La Audiencia pide para él la segunda pena más alta: siete años de prisión.