«La ley de eutanasia avanza lenta por el desconocimiento de los profesionales»

-Se cumple un año de la aprobación en el Congreso de la Ley de Eutanasia, ¿cómo ha sido este tiempo de amparo legal?

-Ha sido muy desigual según comunidades autónomas. Algunas se han puesto en funcionamiento cumpliendo los plazos de la ley y facilitando formación e información a los profesionales para que pudiesen atender de la forma más ágil posible las demandas ciudadanas. En cambio, ha habido otras autonomías que han tardado en poner en marcha los requisitos de la ley y, a día de hoy, hay muchas dificultades para que la ciudadanía acceda a este derecho. Donde más problemas estamos encontrando es en la Comunidad de Madrid y en Andalucía.

-¿Cómo se está comportando Cantabria en ese sentido?

-Se está comportando muy bien. Hizo los deberes muy rápido, ha hecho formación de mucha calidad para los profesionales sanitarios y creo que ha atendido diez solicitudes, pero no sé cuáles han finalizado. Hay que agradecer el trabajo realizado por Miguel Mateo Soler, el subdirector general de Ordenación, Farmacia e Inspección, que es el máximo responsable para el desarrollo de la ley.

-Visita Cantabria con motivo de la creación de DMD Cantabria.

-La asociación federal Derecho a Morir Dignamente que presido funcionamos con entes autonómicos, y en Cantabria no tenemos aún una asociación formal, pero sí cincuenta personas asociadas. Lo que queremos es, a iniciativa de los socios de Cantabria, dar un impulso para afianzar la asociación en este territorio y, en el futuro próximo, crear una asociación autonómica.

-Cifraban entre 4.000 y 17.000 eutanasias cada año en España antes de la ley, entre el 1% y el 4% de las muertes, ¿nos hemos movido en este abanico?

-No, nos hemos movido en cifras muy inferiores. Cuándo dábamos esas cifras nos basábamos en datos recogidos en países que tienen una ley semejante hace años, como Países Bajos y Bélgica. La puesta en marcha de la ley es muy lenta, tanto por el desconocimiento de los profesionales como por la falta de práctica en el ejercicio de este nuevo derecho, pero también por desconocimiento de la ciudadanía. De hecho, no tenemos datos oficiales de ninguna autonomía, solo los que han dado en diciembre Cataluña y País Vasco, así que no sabemos cuántas solicitudes se han recibido y realizado, pero no van a llegar en absoluto al 0,5% de defunciones. Tampoco nos preocupa y no es un ranking de cantidades, lo importante es que la ciudadanía lo vaya conociendo y que se normalice el ejercicio de este derecho. Una vez se normalice, que puede llevar dos o tres años, en según qué territorios se puede mover entre el 1,5% y el 4%. Se tardó años en conseguir esa cifra en Países Bajos, y de hecho, en Bélgica, que llevan veinte años con esta ley, los porcentajes de las muertes con ayuda a morir siguen siendo de un 2%.

-¿Qué problemas se están encontrando para llevarlo a cabo?

-El problema fundamental con mucha diferencia es el desconocimiento por parte de los profesionales que reciben una solicitud y no saben qué hacer con ella. La mayoría de las consultas que nos piden va en esta línea.

-Los obispos avisan a los católicos, ya sean médicos o políticos, de que están «obligados a objetar» al aborto y la eutanasia, ¿qué opina al respecto?

-Yo respeto lo que la jerarquía católica mande a sus fieles, no tengo nada que decir porque creo que es una cuestión privada de creencias. La verdad es que desde una perspectiva sociológica, y con todo el respeto hacia unas actitudes de la jerarquía, creemos que entre los creyentes católicos hay también mucha diversidad de sensibilidades. Tenemos personas asociadas que son creyentes, incluso religiosos o sacerdotes. Para nosotros la objeción de conciencia es un derecho que tienen los profesionales y que pueden ejercerlo; y cuando lo hagan, esperemos que lo ejerzan con responsabilidad. Es un derecho individual, no colectivo, y de momento no tenemos datos fehacientes de cuántos están objetando, pero son una minoría, que es lo que esperábamos.