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La adjudicación a la exconsejera y la ex secretaria general de Economía y Hacienda de dos puestos de trabajo de nueva creación dentro de la ... estructura de la Intervención General ha levantado una enorme polvareda en el ruedo político regional, al que la oposición parlamentaria, con Ciudadanos al frente, se ha lanzado de cabeza despotricando contra una operación que enmarca en el ámbito de la corrupción de baja intensidad. Escandalizados por una decisión que ninguno califica de ilegal, pero que sí consideran inmoral, sus portavoces amenazan con llevar este asunto a los tribunales, donde las dos protagonistas, María Sánchez y María González, ya han dado el primer paso para querellarse contra Félix Álvarez por «injurias y calumnias».
Pero ¿qué ha pasado para llegarse a este extremo?
Para comenzar a tejer un relato de lo ocurrido hay que remontarse hasta marzo del año 2021, cuando siendo María Sánchez la consejera de Economía y Hacienda y María González la secretaria general de ese negociado, la Consejería modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para crear dos nuevos empleos en la estructura de la Intervención General; Jefe de Área de Intervención y Fiscalización II y Jefe de Unidad de Eficiencia y Modernización.
«Hasta ahí, nada que decir», dice Félix Álvarez, que cuestiona dos hechos a su juicio absurdos –crear una segunda jefatura en un área que ya tiene una primera que lleva 15 años desierta y crear una unidad cuya función coincide con la de una oficina que fue eliminada en el año 2017– pero acepta que esos puestos pudieran en un momento dado formar parte de las necesidades de la Consejería.
Félix Álvarez | Portavoz de Ciudadanos
María José Sáenz de Buruaga | Presidenta del PP
Paula Fernández Viaña | Consejera de Presidencia
María Sánchez y María González | Exresponsables de Economía
Luego, se convocó un concurso de méritos para poder acceder a esos dos puestos de trabajo cuyos requisitos fijaron y propusieron para su aprobación las propias responsables de la Consejería de Economía y Hacienda. Sánchez y González.
Y es aquí donde la sombra de la sospecha empieza a oscurecer el procedimiento.
Según denuncia la oposición, los méritos específicos que se pedían para poder acceder a esos dos puestos de trabajo eran «tan sospechosamente detallados» que sólo existían dos personas capaces de cumplirlos todos. María Sánchez y María González, rebautizadas como las 'marías'. Ellas y nadie más.
«Se crearon dos nuevos puestos 'ad hoc' en la estructura de la Intervención General que, por supuesto, les fueron adjudicados», interpreta Félix Álvarez, que ve «un nuevo caso de corrupción» por el que Ciudadanos no descarta acudir a la Fiscalía.
No es el único que piensa mal. A la presidenta del PP en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, tampoco le parece que el proceso se haya desarrollado con absoluta limpieza.
«Aquí lo que cabría preguntarse es si los méritos específicos se fijaron de acuerdo a las necesidades de esos puestos o de acuerdo a las que tenían la exconsejera y la ex secretaria general», subraya la jefa de la oposición, que, como Álvarez, sospecha que «ese concurso se creó a su imagen y semejanza».
De acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) del día 23 de junio de 2021, para cubrir la plaza de Jefe de Área de Intervención y Fiscalización II, asignada a María Sánchez, se requerían los siguientes méritos específicos: Experiencia en fiscalización y en intervención de los documentos contables de mandamiento de pago extrapresupuestarios y presupuestarios (PMP); experiencia en asistencia a mesas de subastas que se celebren en el ámbito tributario (ACAT); experiencia en fiscalización; y experiencia en control financiero.
Para cubrir la plaza de Jefe de Unidad de Eficiencia y Modernización, dada a María González, se requerían estos otros: Experiencia en puesta en marcha de procedimientos de racionalización del gasto; experiencia en definición de procedimientos y de requerimientos funcionales de sistemas de información en el ámbito económico financiero; experiencia en análisis y/o estudio de información económico-financiera; y experiencia en realización de estadísticas o informes técnicos.
Revisando con detenimiento los curriculum de las 'marías', colgados en el Portal de Transparencia del Gobierno regional, «salta a la vista que son las dos únicas funcionarias del mundo que cumplían todos los méritos», subraya la presidenta del PP. «Solo hubiera sido más escandaloso si hubieran puesto que el que puede acceder a esos puestos es calvo, tiene los ojos saltones, nació en el Barrio Pesquero y trabajó en Telecinco», dice el portavoz parlamentario de Ciudadanos, que en las últimas semanas ha venido pidiendo una explicación al Gobierno regional a través de varias iniciativas en la Cámara autonómica.
Se la han dado la regionalista Paula Fernández Viaña, que es la consejera de Presidencia y Justicia, área de la que depende la Dirección General de Función Pública, a la que la oposición cree que las 'marías' «han metido un gol», y la socialista Ana Belén Álvarez, que es la nueva consejera de Economía y Hacienda tras el cese de María Sánchez.
Las dos se han limitado a defender la transparencia en sus actuaciones sin entrar a valorar la transparencia en las actuaciones de Sánchez y de González, que este viernes, a sabiendas de la preparación de este artículo, decidieron pronunciarse a través de un comunicado.
En su misiva informan de que han dado ya los pasos previos a la interposición de una querella criminal contra Félix Álvarez –han presentado en los tribunales un escrito en el que piden el preceptivo acto de conciliación– y exponen, a renglón seguido, las «fehacientes justificaciones» esgrimidas en el documento dirigido al Juzgado, todas debidamente documentadas.
Un tanto difuso, porque en ningún momento las firmantes aclaran las dudas que han surgido en torno a su modo de proceder a la hora de fijar los requisitos del polémico concurso de méritos del que resultaron dos puestos luego asignados a ellas mismas (no explican por qué ni en qué se equivocan quienes sospechan que fabricaron uno a su imagen), el comunicado tan solo deja claro que ellas están seguras de la legalidad de sus actos.
Según lo expuesto en los tribunales, dicen Sánchez y González, «queda perfectamente justificado que los dos expedientes a los que se refiere el señor Álvarez, y que se pondrán a disposición del Parlamento de Cantabria, cumplen con absoluto rigor el procedimiento establecido por la normativa aplicable».
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Ana del Castillo
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