La exconsejera Gómez de Diego sustituye a Quiñones como delegada del Gobierno

Quiñones, economista y exconcejala socialista en el Ayuntamiento de Santander, ha ejercido la labor de portavoz de La Moncloa en Cantabria durante toda una legislatura, desde su nombramiento en febrero de 2020, cuando echó a andar el Ejecutivo de coalición nacional entre PSOE y Unidas Podemos en sustitución de Eduardo Echevarría. En este tiempo, Quiñones ha tenido que gestionar el complejo dispositivo de seguridad que se activó como consecuencia del estado de alarma con motivo del covid, se ha encargado del seguimiento de las principales inversiones del Estado en la región, ha seguido el despliegue de los fondos europeos y ha coordinado la llegada de nuevos efectivos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional tras años en los que las plantillas no hacían más que mermar.

Durante su etapa, el Gobierno central también ha saldado la deuda por las obras de Valdecilla -falta la llegada de la última anualidad de 2023, pero el dinero está consignado- y ha contribuido económicamente a la puesta en marcha de las obras del Mupac y La Pasiega, aunque Quiñones también ha tenido que lidiar con la crisis de los trenes que no cabían en los túneles, un escándalo nacional que se saldó con la dimisión de distintos responsables ministeriales en Madrid.

Pese a que ha protagonizado algunos encontronazos con otros responsables políticos de Cantabria, Quiñones ha tenido en estos cuatro años una relación muy fluida con otras instituciones y se ha ganado el respeto de dirigentes de todos los partidos políticos. El principal desencuentro con Miguel Ángel Revilla se produjo cuando el expresidente informó de que la delegada le había informado del registro a la Consejería de Obras Públicas, dando a entender que lo hizo antes de que entraran los agentes, un asunto que llegó hasta la Fiscalía antes de ser archivado. También chocó con la alcaldesa de Santander, Gema Igual, a cuenta de los espigones de La Magdalena y del dispositivo de seguridad que se estableció en un partido Racing-Oviedo que acabó con batalla campal entre las aficiones, y más recientemente con la presidenta Buruaga por el sistema de condonación de deuda pactado entre el PSOE y ERC para Cataluña, que se extenderá al resto de comunidades autónomas.

En las últimas semanas, distintos sectores del PSOE de Cantabria venían apuntando a la posibilidad de que Quiñones abandonara sus actuales funciones y que el líder de la formación, Pablo Zuloaga, volviera a la Delegación del Gobierno para recuperar buena parte de la presencia mediática que perdió tras dejar su puesto de vicepresidente regional el pasado julio. Zuloaga ya ejerció como delegado del Gobierno entre 2018 y 2019 -después estuvo Eduardo Echevarría-, un escaparate para darse a conocer antes de sus primeras elecciones autonómicas. Sin embargo, este fin de semana Zuloaga se autodescartó al ser preguntado por este asunto en una entrevista en RNE.

Finalmente no será Zuloaga, sino Gómez de Diego (Santander, 1976), una política de la casa a la que el primero recuperó de la actividad privada a principios de la pasada legislatura para convertirla en directora general de Vivienda. La nueva delegada del Gobierno en Cantabria ocupó ese cargo desde julio de 2019 hasta abril de 2022, cuando fue ascendida a consejera de Empleo y Políticas Sociales tras la salida de su antecesora, Ana Belén Álvarez, rumbo a Economía. Es licenciada en Derecho, abogada y en el pasado también fue directora general de Juventud, cargo que ostentó entre los años 2007 y 2011. Además, fue candidata al Ayuntamiento de Santander por el PSOE. Ahora, tendrá que dejar su escaño en el Parlamento regional -concurrió como cuarta de la candidatura- y, en caso de que se siga el orden lógico de la lista, ocupará su asiento la médico Norak Cruz.

Los rumores de cambios en la Delegación se multiplicaron después de que, durante el último Comité Regional, diferentes dirigentes cercanos a Zuloaga tomaran la palabra para criticar la gestión de Quiñones, alineada con la corriente de Pedro Casares frente al oficialismo. Entre otras cosas, reprochaban a la delegada del Gobierno de no hacer de correa de transmisión en Cantabria de las políticas de Pedro Sánchez, de no dar información a los ayuntamientos del PSOE y de no avisar de las visitas de los ministros a la región, además de la sanción contra el Ayuntamiento de Castro (con la alcaldesa socialista Susana Herrán al frente) por lanzar los fuegos artificiales sin los permisos pertinentes.

La todavía delegada del Gobierno es doctora en Economía y profesora en el Departamento de Administración de Empresas en la Universidad de Cantabria. Sus principales líneas de investigación son la gestión de la innovación y la cooperación en ciencia y tecnología para el desarrollo. En las elecciones municipales de 2019 concurrió en la lista del PSOE al Ayuntamiento de Santander, pero renunció al acta para hacerse cargo unos meses después de la Delegación del Gobierno. Un puesto incompatible con su presencia en listas electorales, por lo que tras su cese se quedará, al menos por el momento, fuera de la primera línea política en Cantabria. Tampoco tiene puestos orgánicos en la Ejecutiva regional del PSOE, aunque sí continúa como mano derecha de Pedro Casares en la Agrupación Socialista de Santander.