La exdiputada del PRC Rosa Valdés será la responsable de Administración Local

Los últimos nombramientos en Presidencia, consejería en manos de los regionalistas, constituyen en su mayoría movimientos dentro de la propia Administración y casi todos ellos han ejercido un protagonismo activo dentro del PRC. Así, Pedro García Carmona, que en la pasada legislatura fue director general de Administración Local, pasará a dirigir el Cearc, un organismo autónomo que presidía la actual consejera de Educación, Marina Lombó, que accedió a este cargo sin haber sido cesada de su puesto en el Cearc, según denunció el PP y se puede comprobar en las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). Al tratarse de un organismo autónomo, el nombramiento de García Carmona será propuesto al Consejo Rector para su ratificación.

El Gobierno de Cantabria se ha marcado como uno de sus principales objetivos la mejora de los servicios que prestan sus empleados públicos a los ciudadanos de Cantabria, dando apoyo a los trabajadores de la Administración y también a los empleados públicos de los Ayuntamientos a través del Cearc, por lo que García Carmona tiene por delante el reto de ejecutar el Plan de Formación para cargos públicos y empleados diseñado al final de la anterior legislatura. El regionalista, abogado de formación que dispone de un amplio currículum en cursos relacionados con el Derecho Administrativo, lleva más una década en cargos públicos. Fue concejal por el PRC en el Ayuntamiento de Torrelavega durante las legislaturas 2007 y 2015, en las que ocupó la portavocía de su grupo político municipal, primer teniente de Alcalde y concejal de Obras, Barrios y Participación Ciudadana, hasta que en 2015 fue designado director general de Administración Local por el entonces consejero de Presidencia y Justicia Rafael de la Sierra.

Su puesto al frente de la Dirección General de Administración Local, Acción Exterior y Casas de Cantabria será ocupado por una regionalista con amplia trayectoria en el partido y en el Parlamento, Rosa Valdés Huidrobro. Licenciado en Derecho, es miembro del Comité Ejecutivo del PRC desde 1998 y diputada regional hasta 2019. Valdés encabezó la candidatura del PRC al Senado en las elecciones generales del pasado 28 de abril, pero no logró escaño. Al quedar fuera de la política activa, el PRC la ha recolocado al frente de la Dirección General de Administración Local. Valdés comenzó su andadura política como concejal en el Ayuntamiento de Camargo entre 1999 y 2011, donde ocupó los cargos de segunda teniente de Alcalde y concejala de Cultura, Festejos y Turismo en la legislatura 2003-2007. En la legislatura de 2003 fue elegida también diputada regional y fue miembro de la Mesa del Parlamento hasta 2011. En la pasada legislatura fue vicepresidenta de la Cámara regional y presidenta de la Comisión de Presidencia y Justicia. El pasado mes de febrero fue elegida secretaria general del PRC en Camargo al ser la única candidata.

Finalmente, la consejera de Presidencia, Paula Fernández, ha colocado al frente de la Dirección General de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria a Ana García Barredo, con un perfil estrictamente técnico. Funcionaria de carrera tras acceder en el año 2000 al Cuerpo de Letrados del Gobierno, en el periodo de 2003 a 2008 desempeñó el cargo de jefe de Servicio del Área Contencioso de la Dirección General del Servicio Jurídico. En la pasada legislatura García Barredo fue la responsable de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

En Economía también dan ya por cerradas las incorpraciones, después del nombramiento de María Eugenia Gutiérrez como directora de Presupuestos, mientras que en Sanidad otro alto cargo que ya ha sido nombrado es Santiago Garcia Blanco, que asumirá la dirección general de Transformación Digital y Relaciones con los usuarios.

Tras estos últimos nombramientos solo queda pendiente la designación del director General de Comercio y Consumo en el departamento de Innovación, Industria, Transporte y Comercio; la de los directores de Trabajo y de Políticas Sociales en el departamento de Empleo y Políticas Sociales; y la del director de Salud Pública en Sanidad. Además, quedan por adoptarse los últimos nombramientos en algunas empresas públicas.

En total, el nuevo Ejecutivo, que ha aumentado a nueve el número de consejerías, una más que la pasada legislatura, tendrá 81 altos cargos, 16 más que en el mandato anterior, lo que ha obligado a adaptar el organigrama al nuevo reparto de competencias establecido en el pacto de gobierno firmado por regionalistas y socialistas el pasado mes de junio.