UGT exige medidas para que el reparto de fondos adicionales sea efectivo «en las primeras semanas de 2019»

En el escrito, registrado este mismo lunes, 31 de diciembre, en el Ejecutivo regional, se «exige» que el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra (PRC) coordine la negociación para el reparto de los estos fondos.

UGT ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 incluyen el acuerdo alcanzado en marzo con el Gobierno, y firmado por UGT, que autoriza un incremento adicional del 0,2% de la masa salarial para implementar determinadas medidas.

Además, señala también que en el acuerdo suscrito por el Gobierno de Cantabria con UGT y CC.OO para la mejora de la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración autonómica de Cantabria se regula la aplicación de este reparto de fondos.

UGT ha explicado que, en el marco de este acuerdo, se determinó que, previamente al reparto, hubiera una negociación previa en mesas sectoriales, o en el ámbito que corresponda respecto del personal laboral, para el reparto de estos fondos.

El sindicato ha defendido que, de estos acuerdos, solo cabe la conclusión de que estos fondos son un «derecho legítimo de los empleados públicos y que el mismo debe ser asignado y distribuido entre estos en la forma en la que se determine en una previa negociación».

Sin embargo, UGT ha denunciado que las «discrepancias y desavenencias en materia de personal y de ejecución de estos acuerdos, cada vez más apreciables, en el seno del Gobierno, están poniendo »en grave riesgo el cumplimiento de lo firmado y demorando la distribución de los fondos adicionales«.

El sindicato tilda de «inaceptable» la actuación en este asunto de algunos miembros del Gobierno «incapaces», según ha censurado, de llevar una negociación «de buena fe» a las mesas sectoriales para alcanzar un consenso para la aplicación de estos fondos.

Además de pedir a Revilla que De la Sierra coordine con las consejerías afectadas por este reparto de fondos (Sanidad, Educación, y Presidencia y Justicia) los mecanismos para desarrollar esa negociación de buena fe, que, a su juicio, no se está produciendo en todas las mesas sectoriales.

También, y ante la imposibilidad de repartir estos fondos antes de acabar 2018, UGT pide que se haga uso de lo establecido en el artículo 23 del RD Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas relativas a retribuciones de los empleados públicos, para evitar la pérdida de los fondos de 2018 y que estos puedan hacerse efectivos «a la mayor brevedad y siempre en las primeras semanas del ejercicio 2019».

En ese artículo se establece que las Administraciones y el resto de las entidades que integran el sector público que en ejercicios anteriores hubieran minorado las retribuciones de sus empleados en cuantías no exigidas por las normas básicas del Estado o que no hayan aplicado los incrementos retributivos máximos previstos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, podrán restablecer las cuantías vigentes antes de la minoración o las que correspondan hasta alcanzar el incremento permitido en las Leyes de Presupuestos.

Además, se aclara que las cantidades que se devenguen en aplicación de esta medida no tendrán la consideración de incrementos retributivos de los regulados en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.