«No ha existido injerencia política en la concesión de licencias ambientales»

–¿Qué pensó al leer las declaraciones de un miembro de su propio Gobierno, el consejero de Industria, denunciando «francotiradores en Medio Ambiente» que disparan a sus proyectos?

–Eso ya fue respondido por la vicepresidenta («Ningún consejero está por encima de la ley», dijo Eva Díaz Tezanos en su momento).

–Fueron palabras muy duras tras los retrasos en la concesión de licencias ambientales a los sondeos de la mina de zinc del Besaya. ¿Ha habido exceso de celo de su departamento con este proyecto?

–Se ha tratado con el mismo celo que todos los que entran en esta casa. Exactamente el mismo. Se analizan, se estudian con rigor, se ven las afecciones ambientales, si cumplen con las condiciones técnicas y se resuelven. Al parecer, hay muchas personas que descubren ahora que estos proyectos sometidos a examen ambiental llevan un proceso largo, pero es el mismo siempre para cualquier actividad económica de las denominadas 'molestas'. También tengo que recordar que la Comisión de Control Ambiental, en la que hay representación de todos los departamentos, ha aprobado y ha denegado todo en esta legislatura por unanimidad.

–Pero Francisco Martín, que fue precisamente consejero de Medio Ambiente y conoce bien todos estos procesos, ha sido muy contundente en sus críticas por los retrasos de las licencias.

–Estamos todos sujetos a mucha presión social para impulsar la actividad económica y generar empleo. Todos recibimos esa presión, pero también existen leyes y normas que exigen mayor control ambiental. Estos trámites son largos, públicos, transparentes, participativos y no podemos obviarlos. Y nosotros, aquí, lo que intentamos es trabajar con rigor porque las normativas cada vez son mas exigentes por parte de la Unión Europea.

–Le falta por mencionar la presión añadida porque acaba la legislatura y muchos proyectos siguen en los cajones.

–Pues sí, también. Lógicamente, cuando acaba la legislatura, el Gobierno saliente intenta presentar los proyectos que ha sacado adelante, pero en cuestiones ambientales mejor ir lentos y seguros. Bastantes disgustos tenemos ya.

–Entonces, ¿no han existido retrasos voluntarios de algunos proyectos por causas políticas?

–No, no, no. En absoluto. Más bien al revés. Estamos intentando sacar adelante todos los proyectos beneficiosos con la región, pero al mismo tiempo debemos tener en cuenta que somos la autoridad ambiental. No ha existido ninguna injerencia política en la concesión de licencias durante esta legislatura. Igual que no ha habido ninguna discrecionalidad en mi responsabilidad. Ninguna. Los informes son tan claros que sólo me corresponde poner mi firma junto a la de los técnicos y jurídicos.

–¿La mala experiencia en Cantabria con los derribos les hace ser especialmente meticulosos en los estudios ambientales?

–Quizás la más negativa haya sido el bitrasvase del Ebro. Por una tramitación ambiental acelerada y no rigurosa del Estado se anuló el proyecto y, después, el Plan General de Santander, se paralizaron los de Piélagos y Bezana... Llevamos toda la legislatura para legalizar ese proyecto y ahora ya lo está, pero todavía estamos pendientes de que el Estado autorice en las próximas semanas la captación del agua. Y en el tema de los derribos existe una clave importante: en Argoños, el juez no ordena su demolición por causas urbanísticas, sino por su impacto paisajístico. Todos los proyectos con tramitación ambiental acaban llegando a los tribunales. Todos. Y parece que no hemos aprendido nada.

En esta legislatura, nuestro primer objetivo ha sido garantizar la seguridad jurídica de las decisiones que tomamos. Debemos tener la seguridad de que los expedientes estén perfectos para cuando el juez los pida.

–¿Hubo orden de Miguel Ángel Revilla de acelerar los trámites de la mina de zinc?

–Tenemos la orden de intentar impulsar los trámites de todos los proyectos. La misma presión que existe ahora con la mina de zinc la tuvimos hace unos meses con el proyecto de la farmacéutica de Villaescusa. De eso ya no se habla y está en obras con todos los trámites ambientales y expedientes bien hechos.

–¿Es una utopía que la mina de zinc vaya a ser ecológica y no contaminante como dice la empresa?

–Estuve en la presentación y escuché con atención. Tendremos que esperar a que se presente el proyecto para analizarlo. Ojalá sea una realidad y las afecciones ambientales se puedan superar, pero tenemos que hablar con claridad a la gente. En estos momentos sólo hay expectativas, únicamente se han aprobado los sondeos. Todos deseamos que sea una realidad, pero de momento no hay más que eso.

–Y en medio de la polémica del zinc llega el problema con Coated Solutions, que paraliza su ampliación en el Puerto, donde pensaba invertir 50 millones, porque no llega la autorización ambiental. Y, de nuevo, las críticas de Industria a su departamento.

–En este caso el expediente ya no es de comprobación ambiental, sino una autorización integrada, un trámite más riguroso para aquellos proyectos susceptibles de influir en la salud humana, ya sea por vertidos o emisiones a la atmósfera, y que pueden afectar a la seguridad de la población. En esta casa tenemos experiencia con este tipo de expedientes: Cementos Alfa, Derivados del Flúor, la Global, Solvay, Sniace… todas ellas tienen su autorización ambiental integrada tras un proceso largo, riguroso y transparente. Y todas ellas generan controversias y diferencias. Nos hemos olvidado que Solvay tuvo grandes dificultades para sacar adelante su cantera de San Felices de Buelna. Tardó 20 años en aprobarse. Eso es una barbaridad, no tiene razón de ser y no puede volver a repetirse. Ahora bien, sabemos que los grupos más sensibles con el medio ambiente van a llevarlo todo a los tribunales.

–¿Pero en el caso de Coated Solutions hay algún problema añadido o está tardando lo habitual?

–Tramitaremos el permiso en el menor tiempo posible, pero es que el estudio de impacto ambiental lo han presentado este mismo mes de diciembre. Los técnicos tienen que revisarlo, someterlo a información pública... ¿Cuánto tiempo llevará? Pues no lo sabemos porque no depende sólo de nosotros, nos tienen que contestar otros organismos. Estos expedientes no deberían tardar más de seis meses si todo el mundo responde a tiempo.

–¿Le parece entonces demasiado extremista la decisión de paralizar los trabajos en el Puerto?

–Son estrategias empresariales que desconozco. Lo único que me preocupa es que cuando se conceda el permiso todo el mundo pueda estar tranquilo y seguro de que esa actividad no va a afectar a la salud de la población.

–¿Considera irresponsables las criticas públicas del consejero de Industria? ¿Cree que pueden tener consecuencias en las inversiones privadas?

–Insisto en que todos estamos sometidos a mucha presión por parte de nuestra familia y de las personas que nos rodean para que los proyectos sean una realidad cuanto antes, pero nuestro objetivo es garantizar que la tramitación ambiental sea correcta. Si algo sale mal, la responsabilidad es del Gobierno que concede el permiso. Por tanto, somos responsables de lo que se aprueba y de lo que no se aprueba. Nosotros administramos el conflicto.

–Lejos de ser casos aislados, las diferencias entre PSOE y PRC volvieron a repetirse con la calificación del suelo de La Pasiega.

–Vamos a ver, el PGOU de Piélagos lleva 15 años en tramitación, y en ese tiempo cambian las ideas. En 15 años, lo que pensábamos que debía de ser agrícola, ahora pensamos que mejor industrial; lo que antes era un proyecto con tren de alta velocidad, ahora no… Si cogemos los primeros papeles del Plan General no tienen nada que ver con los de ahora. Nada que ver en absoluto. Estuve en la reunión donde se analizó el problema con el futuro polígono industrial y llegamos a la conclusión de que lo mejor era aprobar un PSIR para darle seguridad jurídica. Y ahí estuvimos todos y tomamos la decisión entre todos.

–Va a acabar el año y seguimos sin saber dónde se va a instalar la nueva depuradora que sustituya a Vuelta Ostrera cuando se derribe.

–Es la Administración central la que está realizando todo el expediente para sustituirla. Lo que está claro es que el lugar que elijan no puede repetir errores del pasado. Hay gente que piensa que se puede alcanzar un acuerdo político entre todos para ubicarla donde más nos guste, pero no es así. La depuradora debe colocarse en el lugar que ambientalmente sea más favorable. El emplazamiento no gustará a un sector de la población, emprenderán acciones contra ella y, cuando llegue al juez, habrá que demostrar que el lugar elegido es el más favorable desde el punto de vista técnico. Le hemos dicho al Ministerio que Cantabria apoyará aquella decisión tomada con rigor ambiental, sabiendo de antemano que, la pongamos donde la pongamos, habrá una asociación, un Ayuntamiento y vecinos en su contra. Eso es inevitable.

–¿Tiene una ubicación favorita?

–No dispongo de datos para elegir una, pero sí para rechazar algunas. No se puede poner en La Tablía, en Suances, sería una disparate, no se le ocurriría a nadie proponerlo. Y en El Borroñal, en Hinojedo, lo mismo. El Ministerio intenta hacer bien el trabajo, porque bastantes problemas tuvimos ya con la localización actual, y eso que había consenso generalizado. También es cierto que el Ministerio se había comprometido a decidir la localización antes de acabar el año y aún no tenemos ninguna noticia de que lo hayan hecho.