Exministros del PSOE cargan contra las reformas que benefician a los condenados del 'procés'

Todos ellos denuncian que tal medida supondrá «un estímulo para atentar contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente» por parte de los partidos separatistas y que están en contra de la Carta Magna. En el texto difundido aluden a que Sánchez «no mencionó» la modificación de estos delitos «en su discurso de investidura» y que «no es cierto» que el cambio sea para «equiparar la legislación española» con la europea –tal y como sostiene el propio mandatario socialista–.

«Con esta reforma se pretende que un intento de ruptura del orden Constitucional se llame ahora un desorden público agravado, con una rebaja máxima de las penas que cumplirían los fugados y dejando abierta la puerta para que los indultados vean eliminada su inhabilitación y puedan concurrir en breve a las urnas», apunta la asociación en el manifiesto difundido. Y añade que «pactar la redacción del delito con los delincuentes que lo han cometido es un hecho insólito». Los firmantes también recalcan que el movimiento efectuado por el Ejecutivo «deja impune la desviación de caudales públicos para realizar actos contra el Estado y la integridad territorial, lo cual es más lesivo aún que el lucro personal».

Francisco Vázquez y Nicolás Redondo, exdiputados socialistas ambos, son otros de los firmantes de un texto que han secundado ex altos cargos de los últimos 40 años: exsecretarios de estado, embajadores, exmagistrados del Tribunal Constitucional, catedráticos y antiguos cargos autonómicos, provinciales y locales.

Tambien en Cantabria socialistas 'históricos' se han mostrado contrarios a las reformas defendidas por Sánchez. A falta de seis meses para las elecciones autonómicas y municipales, la división se ha instalado en el PSOE a causa de la reforma penal de los delitos de sedición y malversación impulsada por Pedro Sánchez. Esta situación se ha vuelto muy incómoda para lo que llaman el PSOE histórico, la mayoría en contra de las amistades peligrosas con los independentistas. Entre los miembros de la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición que han firmado el escrito en contra de la reforma pena hay dos antiguos delegados del Gobierno en Cantabria –Pedro Bofill y Emilio Contreras–, el exconsejero de Industria y exdirector del Puerto de Santander, Miguel Ángel Pesquera, y la historiadora del Arte y presidenta de Hispania Nostra, la suancina Araceli Pereda, cónyuge del exministro socialista de Sanidad y Defensa Julián García Vargas.

Pese a que el vicepresidente del Gobierno regional, Pablo Zuloaga, aseguró en una entrevista a este periódico que el asunto de la sedición «no resta votos», la opinión mayoritaria en su partido apunta a que sí lo hará. El exconsejero de Educación Ramón Ruiz, enfrentado a Zuloaga desde que le obligó a desalojar el Gobierno en 2017, cree que las concesiones «a la carta» de Sánchez a los separatistas son «exageradas» y tendrán un «coste en las urnas». Ruiz, mano derecha de la antigua líder socialista Eva Díaz Tezanos, concede que los problemas en Cataluña están «mejor», pero no ve disposición en la otra parte a cambiar. «Ya han avisado de que van a pedir otro referéndum pese a los 'pagos' del Gobierno. Los barones del PSOE están preocupados y estas reformas no gustan al 70% de nuestro electorado», avisa.

El asunto es tan espinoso que no todos los altos cargos socialistas consultados por este periódico han querido dar su valoración. Algunos para no meterse en «líos», y otros para no hacer sangre a las puertas de unas elecciones. La mayoría considera que las críticas deben ser internas, y reservan sus opiniones para el Comité Regional del partido que tendrá lugar el próximo día 15 en Torrelavega.

Uno de los más comprensivos con la decisión de Pedro Sánchez es el exconsejero de Economía Ángel Agudo, quien recuerda que el delito de sedición en España «había que revisarlo porque en Europa no funciona igual». El expresidente de Correos sí reconoce que la reforma legal es «controvertida y polémica», pero está «justificada». «Al PSOE no lo eligen para echar leña al fuego, sino para tomar decisiones. Si el peaje para la normalización de la vida política en Cataluña, para conseguir un debate sereno, es rebajar un año de prisión el delito de malversación, pues no me parece tan polémico», señaló.

El propio Miguel Ángel Pesquera se muestra más tibio, incluso más enigmático, que el escrito en el que aparece su nombre como firmante: «Cuando a alguien le toca gobernar, hay que dejarle libre para que acierte o se equivoque», señaló a este periódico.

Por su parte, al exsenador y exdiputado Jesús Cabezón tampoco le «convence del todo» la maniobra de Pedro Sánchez para aliviar la presión legal sobre los separatistas catalanes, y cree que deberá asumir un «coste electoral». «Aunque tal y como está de polarizada la política, todo lo que hagas tendrá un efecto en los votos, pero también un beneficio político. Aquí estamos para tomar decisiones, no para ser espectadores», añade.

Más alejada de los condicionantes partidistas, la abogada y catedrática Lourdes López Cumbre señala que las reformas legislativas «no son neutras y persiguen todas ellas un planteamiento político y, en este caso, lo que despierta mayor recelo es que coincidan todas ellas con un interés electoral próximo». En cualquier caso, concede que los delitos de sedición y rebelión «habían tenido difícil encaje en el derecho comparado además de obtener penas de mayor dimensión en delitos análogos en países de nuestro entorno».