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Podemos ha entrado en una espiral de hostilidad que pone en riesgo la continuidad de una buena parte de los miembros de la actual organización y candidatos a las primarias para hacerse con el control de la lista autonómica en 2019. La Comisión de Salud ... y Seguridad de Podemos nacional considera probado y acreditado las denuncias internas por acoso laboral contra José Ramón Blanco presentadas por tres compañeras de partido -dos políticas y una empleada- y corresponsabiliza a la secretaria general y diputada nacional, Rosana Alonso; al secretario de Organización y Finanzas, David González; y a la responsable de Feminismos, Belén Milán «por actuaciones y conductas de graves faltas de respeto y autoritarismo». Además, pide que se tomen las medidas oportunas para inhabilitarlos y que «no ostenten cargos de responsabilidad dentro de la formación».
El órgano interno, que estuvo hace dos semanas interrogando a los testigos, emitió el 18 de octubre un informe demoledor, catalogado como «confidencial», en el que considera acreditadas las vejaciones, insultos y amenazas de Blanco contra su compañera de escaño, Verónica Ordóñez, la secretaria general de Podemos Santander, Lidia Alegría, y una periodista del partido, Lucía Reguilón, con una situación de «acoso continuado». Las conclusiones, que ya están en manos del Comité de Garantías como responsable de imponer las sanciones, trascienden mucho más allá de José Ramón Blanco y apuntan directamente a la cúpula morada al considerar que eran unos hechos «de sobra conocidos» por la dirección regional, que no hizo nada para solucionarlo. Todo lo contrario. Los 'inspectores' procedentes de Madrid aseguran que «no sólo no han realizado labores para proteger, sino que se ha tratado de ocultar la situación cuando era de público conocimiento».
La carga contra Alonso es tan grande que le acusa directamente de tratar de torpedear la investigación, «interferir en la misma» y hacer lo posible para convencer a la Gerencia de Podemos para que no viniese la Comisión de Salud a tomar declaración a los testigos, según dejan constancia dentro del propio escrito.
La situación de Alonso choca con los requisitos creados por Podemos para presentarse a las primarias para ser la cabeza de lista a las elecciones autonómicas de 2019, así como de González y Milán. Sin ni siquiera saber si Podemos asumirá la petición del Comité de Salud, esta resolución les impide «ostentar responsabilidades orgánicas», por lo que su futuro en los comicios internos pende de un hilo. En concreto, la Carta de Derechos y Deberes, en su apartado de requisitos para postularse como candidato, incluye la necesidad de «aportar declaración de no haber sido objeto de informe negativo sobre hechos considerados probados de naturaleza grave, o muy grave, por parte de un Comité de Seguridad y Salud Laboral de Podemos o de cualquiera de sus grupos parlamentarios en su relación profesional». Ahora, la pelota está en el tejado de Madrid, que podría anular su candidatura como cabeza de lista y facilitar el camino a Ordóñez, que además de denunciante también aspira a ser la cabeza de lista.
Ni siquiera el diputado, que hace dos lunes anunció su dimisión -aunque no ha materializado la entrega de su acta- negó las acusaciones. En su declaración, según se recoge en el informe, asumió los insultos que se pueden escuchar en las grabaciones presentadas por las tres denunciantes en las que se le oye decirlas en un tono desafiantes descalificaciones como «hija de puta», «ojalá te mueras», «te voy a escupir en la cara», «que no salga de la anestesia» -a raíz de una operación-, «mongólica», «si te vas del despacho te vas de este hijoputismo de partido», es «muy corta» o «se tienen que morir y tú con ellos». Pero lo achacó exclusivamente a un calentón durante distintas discusiones en la que ambos se dijeron «barbaridades».
Asimismo, Blanco declaró ante los miembros del Comité de Salud que las «vejaciones», en algunos de los casos, son fruto del «sentimiento de traición». Unas palabras con las que se refiere al proceso abierto por Lidia Alegría, quien fue de su núcleo más cercano a nivel político y personal y cuyas acusaciones se desmarcan del ámbito estrictamente laboral, según considera el órgano interno. Sin entrar al detalle, considera que su caso concreto podría ir por la vía penal.
A lo largo de todo el informe se relata que Blanco tiene un «'modus operandi'» en el que crea «relatos» y «pruebas falsas» con ayuda de sus colaboradores para desprestigiar a Ordóñez. En concreto, se apunta a la «manipulación» de capturas de grupos de mensajería privados y en las redes sociales, según dejan constancia algunos de los comparecientes, quienes coinciden en que «es obsesivo» con ella y que le «ha hecho la vida imposible con expresiones difamatorias y amenazas».
Del mismo modo, se relata que ha habido un quebrantamiento de la «integridad moral, física y de la dignidad» en el caso de la responsable de prensa. La situación llegó hasta el punto de que trató de cambiarse de despacho dentro del Parlamento pero le fue imposible porque no había estancias disponibles. Cuando Blanco se enteró, según recoge el informe, la amenazó con echarla del partido y «boicotearla». «Si te vas de este despacho te vas de este hijoputismo partido», le espetó.
La situación no siempre ha sido igual. Se describe que los episodios más fuertes ocurrieron mientras él ostentaba el control de Podemos, durante el primero año de vida de la formación, y desde que el pasado marzo Rosana Alonso ganó las primarias. Es en ese momento, siempre según el relato que hacen los denunciantes en las declaraciones, cuando realmente llevó todo el peso del aparato, incluso llega a tomar el control del departamento de Comunicación para decidir quién hablaba o a quién se vetaba en los medios de comunicación.
Tras la conclusión del expediente, la decisión final queda en manos Podemos nacional. Si asume las tesis de su órgano interno, lo que parecería lo más lógico, se acabaría el liderazgo de Alonso y de equipo, ya que tanto González como Millán están también en su candidatura. Las opciones están abiertas Y podrían pasar por que alguien del consejo ciudadano tome las riendas hasta montar una gestora. Todo, a siete meses de las elecciones.
Hace 13 días que José Ramón Blanco anunció que dimitía de su escaño en el Parlamento cántabro después de que se desvelasen los audios con los insultos a las tres compañeras que le denunciaron internamente por acoso laboral. Pero a pesar de que no ha vuelto a pisar la Cámara regional, aún mantiene su escaño. El morado asegura que no ha podido ir al antiguo hospital de San Rafael a presentar su renuncia porque lleva unas semanas «muy mal» por todo lo ocurrido y que tanto el letrado como la presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiaga, conocen «mi situación».
Sin embargo, hay voces dentro de Podemos, así como del resto de los grupos del arco parlamentario, que ya han empezado a mostrar su temor a que mantenga el acta. Los primeros, porque ya le daban por amortizado en esta batalla y lo ven como una estrategia interna. Su sucesor, Rubén Madrazo, el quinto de la lista, ya estuvo la semana pasada en el Parlamento. Y el resto de la oposición, porque su ausencia, al no haber solicitado el voto telemático ni dimitir, supone un balón de oxígeno para el bipartito PRC-PSOE.
Los partidos que sustentan al Gobierno se quedaron a un escaño de la mayoría absoluta al conseguir 17 de los 35 diputados, por lo que la oposición en bloque tenía la mayoría absoluta para tumbar sus leyes o proposiciones. La ausencia de Blanco deja en empate técnico al Ejecutivo y al resto de grupos, lo que juega a favor de regionalistas y socialistas. Fuentes parlamentarias indican que tras las dos primeras ausencias del morado, a «PRC y PSOE les han entrado las prisas por acelerar todos los procesos, especialmente en materia legislativa, y poder sacar adelante normas que tenían a todos los grupos en contra».
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