Los expedientes confirman que el Gobierno ha recortado 35 millones en las consejerías

En esa rueda de prensa, la líder de los populares, María José Sáenz de Buruaga, aventuraba que estos cambios respondían al «agujero» de 80 millones de euros detectado en los sueldos de los trabajadores públicos de Cantabria. El lunes, su compañera María José González Revuelta insistió en la tribuna del Parlamento en este mismo argumento. Detalló que incluía, entre otros colectivos, a los trabajadores del Servicio Cántabro de Salud, a los profesores y también a la enseñanza concertada.

Sin entrar en el fondo de la cuestión, tanto la portavoz del PRC, Emilia Aguirre, como la del PSOE, Noelia Cobo, aseguraron que las nóminas estaban garantizadas, acusaron al PP de encabezar una «campaña del miedo» y recordaron a sus diputados la supresión de la paga extraordinaria durante la etapa de Mariano Rajoy.

Las partidas que han desaparecido de los presupuestos, ahora reservadas para otros fines, se aglutinan en nueve expedientes que afectan a todas las consejerías y diferentes organismos públicos autonómicos como el Servicio Cántabro de Empleo (SCE), el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (Icasst) o el de Servicios Sociales (Icass). También el Servicio Cántabro de Salud (SCS), que de hecho es el más perjudicado por este tijeretazo que en su caso asciende a 8,2 millones de euros. Le sigue el Servicio de Empleo (7,3 millones de partidas de promoción del empleo para ayuntamientos y entidades y otras para autónomos) y los departamentos de Obras Públicas, Industria y Educación.

Si no es consecuencia directa, al menos estos movimientos sí se producen después de que el Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de Hacienda, remitiera una carta a la consejera advirtiendo de que la evolución de la contabilidad de la comunidad autónoma en lo que va de año «podría poner en riesgo el cumplimiento de las reglas fiscales» y pidiendo información sobre las causas de esta desviación y también sobre «las medidas que tuviera previsto adoptar la comunidad para su corrección antes del cierre del presente ejercicio».

Además, afirmaba que el riesgo de incumplimiento persiste «aún considerando el escenario de las entregas a cuenta», esos aproximadamente 135 millones de euros que el Estado tiene pendiente de liberar a Cantabria y que reclaman todas las comunidades autónomas. Esto corrige a la consejera Sánchez, que ha insistido repetidamente que la región sí cumpliría sus obligaciones de tener a su disposición ese montante.

Esa carta llegó el 14 de agosto y 13 días después la Consejería de Economía del Gobierno de Cantabria respondía: «Se decide paralizar los créditos presupuestarios del capítulo VI (inversiones reales)» en las consejerías de Educación, Sanidad, el SCS y el Icass. Esta cuantía sin determinar estará al margen de esos 35 millones que se dan por recortados. En este sentido, lo único que ha admitido Sánchez es que distintos departamentos de la Administración están liberando el crédito excedente de algunas partidas que no se han podido ejecutar en su integridad: «No se ha dado orden de recortar esos 35 millones de euros. Son invenciones o alucinaciones de la señora del PP», insistió hace un día.