Expertos alertan de que Cantabria se juega 375 millones con la nueva financiación autonómica

A la espera de conocer planteamientos concretos, los partidos están dispuestos a hacer piña con el Ejecutivo en lo que será una de las prioridades de esta legislatura. «En este asunto no caben partidismos ni personalismos», dice Ciudadanos. «El PP ya se ha ofrecido a consensuar una postura común», remachan desde esta formación, en tanto que Vox incide en que apoyará «cualquier propuesta coherente».

Los empresarios también se han movido. La patronal cántabra forma parte de la alianza que han tejido las organizaciones empresariales de Galicia, Asturias, Castilla-León y Cantabria para pedir que la financiación autonómica no sea en función exclusivamente de la población sino que prevea mecanismos correctores que permitan obtener recursos suficientes para garantizar los servicios públicos. «Se trata de asegurar que todos los ciudadanos tengan los mismos servicios públicos de calidad», defendió el presidente de la CEOE-Cepyme, Enrique Conde, en el acto de constitución del grupo.

Y es que Cantabria se juega «su futuro» en el nuevo modelo de financiación, cuya renovación después de diez años constituye una vieja reivindicación de los presidentes autonómicos, con independencia de su signo político. Los expertos calculan que la región podría dejar de percibir 375 millones de euros, el 13% del presupuesto regional.

La comunidad autónoma recibe casi 1.800 millones del sistema de financiación autonómica, lo que constituye el grueso de las cuentas regionales, que este año suman 2.850 millones. En la última liquidación del sistema de financiación, año 2017, la región recibió 2.971 euros por cántabro, 641 euros más que un valenciano o 557 euros más que un andaluz, aunque perdió un 2,4% respecto del ejercicio anterior, un mal augurio de lo que se nos puede venir encima si Cantabria no negocia bien la reforma del sistema. Si se impone un modelo que no compense el creciente envejecimiento de la población, la orografía o la dispersión geográfica, «podríamos perder más del 25% de los recursos, es decir 650 euros por habitante, lo que podría llegar a suponer una pérdida en torno a los 375 millones en términos totales», concluye David Cantarero, profesor de Economía Pública de la Universidad de Cantabria y responsable del grupo de I+D+I. No hay que olvidar que el 20,3% de la población de Cantabria tiene más de 65 años, mientras que en el resto de España solo supone el 18,4%; ni que 62 de los 102 municipios de la región perdieron habitantes en 2018, y que un tercio del territorio de la comunidad autónoma es alta montaña.

El experto advierte de que, si se abre el melón de la reforma, existe «un riesgo real» de que Cantabria pierda la posición privilegiada que ocupa en el actual modelo, en el que es la autonomía del régimen común que más recursos por habitante recibe, cerca de 20 puntos por encima de la media y una diferencia de más de 31 puntos con respecto a la peor financiada, la Comunidad Valenciana, aunque también hay que tener «muy presente el esfuerzo fiscal que se acomete en la región para garantizar una mejor prestación de los servicios públicos». Es la quinta comunidad que más aporta.

En este escenario, Cantarero aboga por que el Gobierno regional «haga valer» su buena relación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para defender sus intereses, además de «coordinar esfuerzos» con las comunidades autónomas con intereses similares, los territorios de la España que se vacía -Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia, Castilla y León y La Rioja-, frente a las autonomías más pobladas -Madrid, Cataluña, Baleares y Valencia- que reclaman que en el cálculo del reparto de fondos pese más el número de habitantes. Otro experto, Ángel Agudo San Emeterio, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, y profesor titular de Comercialización e Investigación de Mercados en la Universidad de Cantabria, defendía hace días en este mismo periódico que «la mejor forma de defender los intereses de Cantabria en la negociación pasa por alcanzar el mayor grado de unidad entre las fuerzas políticas y sociales».

¿Qué está haciendo el Gobierno cántabro al respecto? El bipartito, que firmó un pacto en materia de infraestructuras con el PSOE a cambio del apoyo a Pedro Sánchez en la investidura, no moverá ficha en Madrid hasta que «haya un nuevo gobierno con quien negociar cualquier posible reforma, y eso en el actual escenario no es viable». Al margen de las proclamas lanzadas por Miguel Ángel Revilla reclamando un modelo de financiación autonómica en función del coste de los servicios, el Ejecutivo urgirá un «frente común» entre todos los grupos políticos «en la línea ya marcada por el presidente en los encuentros que ha mantenido con los representantes de la oposición», señalan desde Presidencia. Todavía no se sabe cómo se articulará esa negociación multilateral, que se materializará en el comienzo del curso político el próximo mes de septiembre, a sabiendas de que la financiación autonómica focalizará toda la legislatura.

La oposición recoge el guante con plena disposición, ya que de inicio todos los grupos están de acuerdo en que el nuevo modelo debe basarse en el coste efectivo de los servicios y no exclusivamente en la población, como quieren las comunidades autónomas más poderosas.

La secretaria general de los populares cántabros, María José González Revuelta, subraya que María José Sáenz de Buruaga, presidenta del PP, ha ofrecido «el apoyo total del PP» al Gobierno en esta negociación, en la que, a su juicio, se debería sumar a los agentes económicos y sociales. Lo mismo piensa Félix Álvarez, dirigente de Ciudadanos, que dejará que el Ejecutivo tome la iniciativa para consensuar una postura común. «Ciudadanos estará con el Gobierno sin fisuras y con total lealtad, porque no caben partidismos ni personalismos. Cualquier fisura irá en detrimento del estado del bienestar de todos los cántabros».

El portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, también se presta a apoyar una postura común, aunque deja un recado al Gobierno. «Le pediremos que mantenga y no acepte un cambio de financiación que implique la imposibilidad de prestar servicios, así como que entre en la dinámica de bajar impuestos. No puede ser que comunidades vecinas tengan una situación fiscal más favorable, y vamos a presentar iniciativas en este sentido», adelanta. Pero, a rebufo de la financiación autonómica, lo que en realidad plantea la formación es «la reforma del sistema autonómico por su ineficacia como generador de igualdad entre los ciudadanos». Desde las filas del PSOE, su secretaria de Organización, Noelia Cobo, se suma a la «búsqueda de consenso para reformar el modelo de financiación sobre la premisa de la equidad y la solidaridad».

Más rezagado está el Gobierno a la hora de hacer piña con las comunidades afines. Revilla no fue llamado a la 'minicumbre' que celebraron en septiembre de 2018 los seis presidentes autonómicos de la 'España vacía' para reivindicar una financiación autonómica que prime sus peculiaridades. El presidente regional pidió explicaciones por el desaire y «manifestó formalmente su voluntad de unirnos al grupo», recuerda el Gobierno. Fue el entonces consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra, quien manifestó por escrito el interés de Cantabria de sumarse al grupo, pero desde aquella cumbre al Ejecutivo no le consta que «se hayan concretado más encuentros. Es de esperar que no se dé ningún paso en tanto no tengamos ningún gobierno constituido», subrayan desde Presidencia. Sin embargo, ha trascendido que presidentes, como el asturiano Adrián Barbón, están manteniendo «contactos discretos» con otras comunidades. «No puede ser que comunidades con nuestros mismos intereses se reúnan para acordar estrategias y que Cantabria no esté presente porque nuestro presidente está a otras cosas», reprocha la popular González Revuelta.

En medio del debate, dos situaciones sobrevenidas echan leña al fuego de la financiación autonómica: el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid de acometer una «bajada histórica de impuestos», un «dumping fiscal», a juicio del Gobierno regional, que creará «competencia tributaria» entre autonomías; y la falta de un Gobierno estable en España que saque adelante los Presupuestos del Estado, lo que impide a Hacienda entregar a las autonomías unos 5.000 millones a cuenta del sistema de financiación, de los que 135 millones corresponden a Cantabria. El Ejecutivo cántabro aboga por que la cuestión fiscal se aborde en el marco de la reforma de la financiación autonómica, al tiempo que se desmarca de la batalla judicial que quiere emprender Cataluña para reclamar al Estado la transferencia de las entregas a cuenta.