Expertos aplauden que se ponga límite a la anulación total de los planes generales

En la última década, medio centenar de planes generales de urbanismo han sido anulados por tribunales superiores y por el Tribunal Supremo, y no precisamente en localidades menores. Vigo, Gijón, Marbella, Cartagena, Boadilla del Monte... Son algunos de los municipios donde los planes generales de ordenación urbana están paralizados.

En Cantabria todavía resuenan los ecos de la anulación del PGOU de Santander y Laredo, lo que ha originado un parón total en el desarrollo del suelo. Este caos urbanístico, como consecuencia de la gran conflictividad judicial, ha calado en el Gobierno de España. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que sufrió en sus propias carnes los efectos de la anulación de un plan porque era alcalde de la capital cántabra cuando la sentencia le explotó en las manos, ha decidido intervenir y legislar para que la paralización total de los planes de urbanismo por parte de los jueces pase a la historia.

Fomento ultima un anteproyecto de ley para evitar que los tribunales anulen en su totalidad los planes generales de ordenación urbanística y del suelo de comunidades autónomas y municipios, lo que hasta ahora conllevaba la parálisis total del proyecto y obligaba a empezar uno nuevo. La nueva ley pretende anular únicamente la parte que los jueces tachan de incorrecta y permitir la vigencia del plan urbanístico mientras se subsana el error. «Esta medida evita el fenómeno de la nulidad en cascada y se acompaña con otras medidas de carácter procesal, que introducen algunas modificaciones puntuales para evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas», sostiene Fomento, que la semana pasada avanzó la iniciativa legislativa.

La iniciativa del ministro cántabro ha sido aplaudida en Cantabria por la mayor parte de los sectores implicados, incluido el Gobierno por boca del director general de Urbanismo, Francisco González Buendía. Pero hay voces, muy autorizadas, que alertan de la posible «inconstitucionalidad» de la nueva normativa. Es el caso del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria y exletrado del Tribunal Constitucional, Juan Manuel Alegre Ávila. Este profesor cree que la iniciativa «tiene todos los visos de ser inconstitucional» porque «es un subterfugio para dejar sin ejecutar o para modular el alcance de sentencias cuyo fallo es muy claro», además de incurrir en una supuesta «arbitrariedad».

El planteamiento de Fomento tiene «una trascendencia doctrinal y práctica de primer orden» y es un asunto «muy controvertido» desde el punto de vista jurídico. A juicio del profesor Alegre, «no basta con aprobar una nueva ley, sino que habría que modificar la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para introducir alguna modulación en el alcance de los fallos judiciales que anulan planes de urbanismo». Es decir, si el legislador quiere tomar cartas en el asunto tendría que conformar «un nuevo régimen» de los planes de urbanismo, ya que su consideración actual como reglamento supone que su anulación debe ser integral, «sin posibilidad alguna de conservación o mantenimiento de aquellas partes del plan urbanístico no afectadas por el vicio de legalidad declarado».

Sin querer oficiar como adivino, el catedrático vaticina que una reforma legislativa en la que los tribunales no podrán ya anular íntegramente un plan urbanístico parcialmente ilegal, aboca a las administraciones a «tramitar de cualquier manera el procedimiento de elaboración y aprobación» porque «siempre tendrán la oportunidad de corregir las deficiencias declaradas». Sin embargo, el magistrado Rafael Losada, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, tribunal que examina si los planeamientos urbanísticos cumplen la ley, ve con buenos ojos la convalidación de los defectos formales, aunque es consciente de que supone «una auténtica revolución para los padres del Derecho Administrativo, cuyo principio general es que los reglamentos y disposiciones legales son nulas de pleno derecho».

Esta Sala dio el visto bueno al PGOU de Santander en 2015, aunque el Supremo corrigió el fallo un año después y anuló el planeamiento de la ciudad. Su 'pecado' nacía de la anulación del conocido como bitrasvase, obra hidráulica cuyo objeto era conectar el embalse del Ebro con las cuencas de los ríos Pas y Besaya. En la actualidad el bitrasvase se ha legalizado, pero ya es imposible recuperar el planeamiento urbanístico de Santander, que debe redactarse de nuevo.

Dos meses después de la resolución del Supremo, la Sala presidida por Losada anuló el Plan General de Ordenación Urbana de Laredo, aprobado en 2015, porque carecía del informe sectorial de telecomunicaciones. En ambos casos, defectos formales y subsanables echaron por tierra el trabajo de años y paralizaron el desarrollo urbanístico de ambos municipios. Losada defiende la solución propuesta ahora por Fomento. «Si se ha cometido un vicio formal y se puede subsanar con una tramitación exprés, no hay por qué repetir todo el proceso y esperar otros 10 años para sacar uno nuevo».

Y quién mejor que el responsable de Urbanismo del Ayuntamiento, César Díaz, para bendecir la iniciativa del que fuera su jefe. «Es una medida necesaria, que contribuirá a dar mayor seguridad jurídica en el futuro», sostiene. A su juicio, la medida «no trata de resolver un problema concreto de un Ayuntamiento concreto, puesto que no podrá aplicarse a un caso como el de Santander, sobre el que ya existe sentencia firme», motivo por el que rechaza «interpretaciones malintencionadas», en clara alusión a Izquierda Unida, que acusa a De la Serna de «querer extender» a todo el país la «inseguridad jurídica» del urbanismo en Cantabria.

«Todos los urbanistas estamos en la misma línea defendida por Fomento», se posiciona el director general de Urbanismo, Francisco González Buendía, que considera que la propuesta del ministro «va en la línea adecuada para evitar las gravísimas consecuencias de la anulaciones de los planes generales». El alto cargo subraya que «los tribunales, en el caso de otro tipo de disposiciones generales o incluyo leyes, sí fueron sensibles y apreciaron las gravísimas consecuencias que se derivarían de su anulación», cosa que «no han hecho» con los planes generales. Y pone dos ejemplos. En 2014 el Supremo anuló el decreto por el que se establecen las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Lleida porque se omitió el trámite de audiencia a la Comunidad de Cataluña. Pero, por razones ligadas a la seguridad aérea, suspendió la eficacia de la sentencia dando un plazo para que se pudiera subsanar el vicio que había motivado la nulidad.

En 2015 fue el Constitucional quien suspendió los efectos de una sentencia que afectaba a la ley de Evaluación Ambiental y daba un año de plazo para obtener algunos informes previos que faltaban. Ante esta «falta de sensibilidad» de los tribunales, González Buendía planteó en la comisión multilateral de directores generales de Urbanismo, celebrada en Madrid el pasado 5 de abril, dos propuestas de reformas legislativas: una, para que cuando se plantee un recurso contra un plan general el juez pueda suspender el procedimiento judicial y fijar un plazo para subsanar un defecto, mientras el plan recurrido sigue en vigor; y la segunda, introducir una norma que posibilite a los tribunales suspender la eficacia de las sentencia mientras se subsanan los vicios formales.

En la misma línea se sitúa el letrado del Gobierno, técnico urbanista y exconsejero Vicente Mediavilla, para quien la reforma legislativa es «conveniente y necesaria para garantizar la seguridad jurídica y el principio de eficacia, eficiencia y confianza legítima».