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El Parlamento regional comenzó ayer la tramitación del proyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, la Ley del Suelo, ... con la comparecencia de los primeros especialistas llamados a valorar el texto remitido por el Gobierno autonómico antes de que pueda ver la luz.
Admitido a trámite el 1 de octubre, el proyecto de Ley del Suelo de Cantabria inicia así un larguísimo camino parlamentario que le llevará a su aprobación si antes logra esquivar los obstáculos que le quedan por delante: la presentación de las enmiendas a la totalidad, que en el caso de producirse deberán debatirse en el Pleno del Parlamento; la presentación de enmiendas parciales (de modificación, supresión o adición) al articulado de la norma; la redacción de un informe a cargo de una ponencia; la elaboración de un dictamen donde se recojan los acuerdos adoptados, la relación de enmiendas rechazadas y los votos particulares que se hayan formulado; y, por último, el debate plenario que desemboque, por fin, en su aprobación definitiva.
Son pasos, todos ellos, que los grupos parlamentarios no quieren dar sin antes oír la opinión de los 22 expertos en urbanismo que, hasta el día 2 de diciembre, van a ir compareciendo ante la Comisión de Obras Públicas para dar su parecer sobre el instrumento con el que el Ejecutivo regional quiere legislar el suelo de Cantabria.
En la apertura de este proceso participaron el director general de Urbanismo de Santander, Antonio Bezanilla; el secretario de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio de Cantabria y jefe del Servicio de Urbanismo y Tramitación de Expedientes en la Crotu, Emilio Misas, y el comisario de aguas adjunto de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), Jorge Rodríguez, por este orden.
Impecable en su exposición, Antonio Bezanilla, para quien la aprobación de la Ley del Suelo que se está tramitando debiera ser posterior, y nunca anterior, a la aprobación del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) de Cantabria, defendió el desarrollo de una normativa «que facilite a los ayuntamientos la redacción de los planes generales de ordenación urbana», de una herramienta legislativa «que se signifique por la simplificación máxima de los instrumentos de planeamiento».
El director general de Urbanismo de Santander también se refirió en su intervención a los Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR) y a la construcción en suelo rústico.
En relación con lo primero, Bezanilla dijo que esa figura, el PSIR, «únicamente debería emplearse para aquellas actuaciones que realmente tengan un interés regional», no para crear un polígono industrial, puso de ejemplo. «El PSIR se ha convertido en una figura omnipotente con la que el Gobierno puede hacer lo que quiera, donde quiera y con la intención de sobreponerse a cualquier normativa, incluso sec- torial», criticó el especialista, que en relación con lo segundo, el suelo rústico, fue muy claro: «La nueva Ley del Suelo cambia radicalmente el criterio de la norma de 2001. Antes lo protegía y ahora no», dijo.
Ayer, 9 de noviembre Antonio Bezanilla, director general de Urbanismo de Santander; Emilio Misas, secretario de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio de Cantabria, jefe del Servicio de Urbanismo y Tramitación de Expedientes en la Crotu; y Jorge Rodríguez, comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
11 de noviembre Ezequiel San Emeterio, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cantabria; Luis López, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles; y Germán García, Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local.
23 de noviembre Andrés Diego, decano del Colegio Oficial de Abogados; Miguel Ángel de Berrazueta, decano del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores; y Margarita Barreda, presidenta de la Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos de Cantabria.
24 de noviembre Enrique Conde, presidente de la CEOE; José Ramón Berasátegui, presidente de la Cámara Oficial Minera de Cantabria; y Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.
25 de noviembre Pablo Diestro, presidente de la Federación Cántabra de Municipios; Moisés Castro, decano del Colegio de Arquitectos; y Antonio Vilela, presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).
30 de noviembre Gerardo Roger, arquitecto y exdirector general de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana; Gervasio Pinta, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Cantabria; e Ignacio Fernández, presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Cantabria.
1 de diciembre Ángel de Diego Celis, arquitecto y funcionario del Gobierno de Cantabria; y Arantza Leturiondo, arquitecta y exviceconsejera de Planificación del Gobierno Vasco.
2 de diciembre Domingo de la Lastra, arquitecto; y Javier Barcelona Llop, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria.
En su turno, Emilio Misas, que calificó la normativa en ciernes como «un proyectocontinuista» con respecto a la ley de 2001, negó que el texto sea más permisivo con la construcción en suelo rústico, tal y como han interpretado algunos grupos políticos. «Ahora mismo puedes construir en suelo rústico a 200 metros de suelo urbano en un ayuntamiento que tenga plan general o normas subsidiarias. Y, sin embargo, con la nueva Ley del Suelo esos 200 metros se reducen a 100», explicó el secretario de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio de Cantabria.
Sobre este asunto, Misas explicó que desde la modificación en 2012 de la ley del suelo de 2001 respecto a las construcciones en suelo rústico, «se han concedido 1.425 autorizaciones relativas a viviendas en suelo rústico, de las que el 84% son en municipios que no son pequeños».
Y en el suyo, Jorge Rodríguez, que reconoció que el proyecto «ha tomado en consideración buena parte de las propuestas que nuestro organismo dejó plasmadas en un documento redactado durante el año 2017 a petición del Gobierno de Cantabria», explicó que la nueva ley abriga algunos aspectos fundamentales en su campo de competencias: «los relativos al cambio climático, a la prevención de riesgos y a la inundabilidad».
Muy breve, Rodríguez cerraba así la primera jornada de comparecencias en la sede parlamentaria, por donde todavía tienen que pasar en los próximos días 19 expertos más.
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