El juicio a Puerto Gallego se suspende por la pérdida de 6.000 documentos clave

Han desaparecido 6.493 documentos, guardados en cinco cajas precintadas, que sirvieron de base a la Policía Judicial y a la interventora de Hacienda para realizar sendos informes periciales, sobre los que el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares que ejercen el PP y el exconcejal de Falange Española Leoncio Calle Pila han construido toda la acusación. Los tres imputan a Gallego y a su equipo un delito de prevaricación administrativa por trocear contratos de servicios de mantenimiento y limpieza y adjudicarlos sin concurso previo, a pesar de los reparos «constantes y repetidos» de los interventores municipales.

Ante esta situación, advertida por las defensas antes del juicio, el juez de lo Penal José Hoya Coromina acordó devolver la causa al Juzgado de Santoña, instructor del proceso, para que intente localizar las cajas perdidas y, si no fuera posible, acometer la reconstrucción de la documentación, para finalmente dar traslado de la misma a las defensas al objeto de que formulen de nuevo sus escritos. Este contratiempo provocará un retraso sustancial en la celebración del juicio que, aunque difícil de calcular, las partes sitúan en no menos de un año.

La prueba documental desaparecida es clave, ya que en su mayor parte se trata de los expedientes de contratación bajo sospecha y objeto de enjuiciamiento, además de las actas de la Junta de Gobierno y de los plenos municipales en los que se acordaron las adjudicaciones 'a dedo', a pesar de los reparos de la intervención municipal, todos ellos tomados entre 2003 y 2009. Si los documentos no aparecen, el Juzgado de Instrucción número 2 de Santoña tendrá que oficiar de nuevo al Ayuntamiento para que los remita. El alcalde, Sergio Abascal (PSOE), supone que esta documentación se encontrará en los archivos municipales y no habrá sido destruida, aunque no lo puede garantizar porque «hubo un traslado del archivo y no está perfectamente ordenado. Tampoco sé si en su día se entregaron los originales o copias diligenciadas», señaló a este periódico, adelantando que la reconstrucción puede ser una tarea ardua.

La desaparición de documentos clave fue advertida por los abogados defensores la víspera del juicio, cuando pidieron la causa al juzgado de lo Penal y comprobaron que habían desaparecido miles de folios.

El juez José Hoya realizó ayer una llamada al Juzgado de Santoña para averiguar dónde estaban las cajas desaparecidas. Durante más de una hora los funcionarios del órgano judicial buscaron sin éxito los documentos. ¿Se pueden esfumar sin dejar rastro 6.493 documentos judiciales?

Este periódico ha reconstruido hasta donde ha podido las huellas que ha dejado tan voluminosa prueba. El Ayuntamiento de Santoña envió la documentación requerida al Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Santoña, que el 19 de febrero de 2010 dictó una providencia de recepción de los documentos. La Policía Judicial recabó los expedientes y actas del juzgado para realizar el informe pericial, y un año después, el 18 de marzo de 2011, remitió su pericial al juzgado junto a cinco cajas precintadas con 6.493 documentos, según detalla la propia Policía Judicial. De este modo, los expedientes quedaron depositados de nuevo en el juzgado.

Pero la causa ha ido dos veces al Tribunal Supremo, dada la condición de aforada de la exalcaldesa Puerto Gallego, a la sazón diputada nacional por el PSOE. La juez de Santoña remitió las actuaciones al Alto Tribunal en 2014, pero éste se las devolvió porque faltaba el preceptivo informe del fiscal. Después, no fue hasta el 9 de septiembre de 2016 cuando la causa volvió al Convento de las Salesas Reales, en Madrid. Pero como Gallego dimitió nada más conocer que el Supremo le iba a investigar y perdió su aforamiento, al mes el Supremo remitió el procedimiento al Juzgado de Santoña.

Según ha podido saber este periódico, a falta de otra explicación en el órgano judicial de la villa cántabra sospechan que en este ir y venir las cajas se han podido quedar en la sede del Supremo. Este juzgado envió la causa al Penal número 1 de Santander el pasado mes de febrero para su enjuiciamiento y en la diligencia hizo constar que estaba compuesta por 2.500 folios. Cuando la abogada de Puerto Gallego, Carmen Sánchez Morán, preguntó dónde estaban los demás, nadie supo dar razón. Por eso ayer pidió al juez Hoya Coromina la suspensión de la vista hasta que se traiga al juicio toda la documentación y poder interrogar a los acusados, testigos y peritos con los expedientes de contratación delante. A su juicio, «sin esa prueba, decaerían los informes periciales que sostienen la acusación».

La custodia de los documentos recae en los letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales), pero la plaza del Juzgado de Instrucción 2 de Santoña ha sufrido una gran movilidad. En los últimos años han pasado «media docena» de secretarios judiciales por este juzgado, según explican fuentes sindicales. Tampoco hay que olvidar que en 2015 se inauguró la nueva sede judicial y se produjo el traslado al actual edificio.

Tras la suspensión de la vista, los imputados no disimularon su malestar por el aplazamiento, y es que ahora se cumple una década desde que Calle Pila acusó al equipo de gobierno capitaneado por Gallego de fraccionar contratos para evitar sacarlos a concurso y después adjudicarlos a dedo a empresas amigas, haciendo caso omiso a los continuas advertencias de ilegalidad formuladas por los interventores municipales. Aunque la querella se presentó en 2009, a los ocho concejales imputados no se les llamó a declarar hasta octubre de 2013. Puerto Gallego no lo hizo hasta octubre de 2017, después de abandonar la política y volver a su trabajo como pediatra. El fiscal, que pide ocho años de inhabilitación, solicitó tres veces el archivo de la causa.