La falta de acuerdo entre Educación y los sindicatos desencadena la primera huelga docente de la legislatura en Cantabria

Muy similares a los de las últimas huelgas educativas en Cantabria, estos servicios mínimos, negociados con el comité de huelga y aprobados el pasado jueves por el Consejo de Gobierno, «aseguran» el funcionamiento «esencial» de los centros. ¿Cómo? Al margen del personal que decida ir a trabajar, el decreto publicado ayer en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) establece que los centros que tengan hasta 300 alumnos deberán contar ese día con la atención del equipo directivo; que los que tengan entre 300 y 400 estudiantes, contarán con la presencia del equipo directivo y un docente; entre 400 y 500, el equipo directivo y dos docentes, y en aquellos de 500 a 600 escolares, con el equipo directivo y tres profesores. Los servicios se van incrementando en un docente más por cada centenar más de alumnos hasta el caso de los grandes centros de más de 900 alumnos, cuya atención recaerá en la dirección y en siete docentes, los mismos que deberán tener presencia en los centros de educación especial de Cantabria, que, a estos efectos, funcionan como esas instalaciones de grandes dimensiones.

El Gobierno ha establecido estos servicios mínimos con idea de «garantizar» el «derecho fundamental a la educación». Con el decreto, considera que se consigue este objetivo y «se aseguran unos servicios indispensables» cuya paralización total puede «suponer perjuicio no reparable para los derechos e intereses de los ciudadanos».

Cantabria llega a esta huelga tras varios meses de protestas y negociación, pero pocos encuentros cara a cara entre la Consejería de Educación y la Junta de Personal Docente, que integran los sindicatos STEC, ANPE, CC OO, UGT y TU. Desde que el 28 de enero se celebrara la reunión liderada por la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, para rencauzar el diálogo tras un encierro sindical de diez días en la sede del Ejecutivo en Peñaherbosa, Administración y sindicatos se han sentado juntos en dos ocasiones, el 6 de febrero y el 7 de marzo. En la recta final de la negociación, cuyo plazo se fijó para el primer trimestre del año, apenas ha habido contacto directo entre ambos interlocutores. Ese plazo concluyó ayer.

El 13 de marzo, la Junta propuso una adecuación de 295 euros del complemento específico, que admite cambios a nivel autonómico, que se modificó por última vez con la socialista Eva Díaz Tezanos de consejera, que entonces se dotó con 175 euros y cuya aplicación se fijó hasta 2011 (aunque el último tramo no se ejecutó). Los sindicatos rebajaban así 30 euros sus pretensiones iniciales y respondían al planteamiento previo de la Consejería, que les ofrecía cien euros de mejora, diez más que de inicio.

La respuesta de Educación a esta última propuesta sindical llegó el 25 de marzo de palabra y por correo electrónico: en ambos casos Educación rechazó sus intenciones por «inasumibles» –la Consejería cifra en 40 millones el impacto presupuestario de la petición sindical– y se 'plantó' en esos cien euros de mejora retributiva más complementos por formación y puestos en centros de especial desempeño.

Desde entonces, la Administración no ha vuelto a convocar una mesa de negociación. Ya lo avanzó el consejero, Sergio Silva, el día 25, asegurando que la huelga era el final del camino: «Salvo que hubiera algo extraordinario, no creemos que vayamos a convocar una mesa de negociación», dijo ante los medios de comunicación.

Para la Junta, la falta de encuentros es significativa, sobre todo, en esta recta final y señala a Silva por «no tener intención de negociar» y por «dilatar» los tiempos, en palabras de Rus Trueba, su presidenta. Los sindicatos no ven el 31 de marzo como punto final. «La convocatoria de una huelga para el jueves 3 de abril en absoluto debiera concluir la negociación. Al contrario, amplía en 48 horas el margen previo a la huelga», señalaron hace unos días en un comunicado. Pero la puerta de la Consejería no se abrió.

Así, al margen de esos 200 euros que separan las propuestas económicas de la Consejería y la Junta, las diferencias parecen ir más allá. Están los complementos –Educación los introduce, la Junta los rechaza–, están los tiempos entre propuestas y está el enfoque mismo en la negociación.

Con todo, faltan 48 horas para la primera huelga educativa de la legislatura. El mismo día de la huelga, la Junta ha convocado también una manifestación que recorrerá el centro de Santander. Comenzará a mediodía en la sede de la Consejería de Educación, en el Río de la Pila, y llegará hasta Correos, previa parada en el edificio principal del Gobierno de Cantabria, en Peña Herbosa.

Su reclamación es la «adecuación retributiva» de los docentes después de 17 años sin cambios en el complemento específico de su salario.