«Falta arrojo en el empresariado de Cantabria para contratar personas con discapacidad»

El Cermi no hace mucho ruido a lo largo del año, pero sus responsables tampoco paran de plantear sus reivindicaciones en todos los estamentos de la Administración. Ni de promover actividades de sensibilización, «bastante necesaria, porque la gente que no está en este entorno piensa que esto no va con ellos. Por poner un ejemplo, es bastante fácil que cualquiera tenga un problema de salud mental a lo largo de su vida, o que lo tenga cerca».

Irureta, que llegó a la presidencia de la entidad el pasado julio -a su vez, desde la presidencia de la Fundación Síndrome de Down, cuyas riendas tomó en 2018- tiene muy claras las prioridades: hay que estar encima de la Administración sanitaria «para que se cumpla el Plan de Salud Mental». También cree vital desarrollar «a fondo un modelo que garantice que las personas con limitaciones accedan a la Justicia en igualdad de condiciones» con quien no tiene discapacidad. Otra demanda: «mejorar la ley de derechos de las personas con discapacidad». Y la última: «que se desarrolle la ley de accesibilidad física, de comunicación e información de Cantabria», con la que se persigue proteger que sus asociados no tengan traba alguna a la hora de acceder a todas partes, sean propuestas de ocio (conciertos, salas de cine) o cualquier otra actividad de la vida diaria.

«Es que, en general, no somos conscientes de lo que significa la accesibilidad. Cuando nosotros hablamos de ella, no nos referimos solo a la física, que es en lo que piensa todo el mundo. Nos referimos a que las personas con limitaciones no tengan barreras para entender su entorno». Por eso, hay que «señalizar y hacer comprensible lo que les rodea a las personas con discapacidades intelectuales». De ahí que Irureta reclame que el sector tenga «que participar en todas las normativas y leyes: hay que incluir el punto de la vista de la Discapacidad en todo lo que se ponga en marcha».

En algunos ámbitos ya se va muy por detrás, caso de la Justicia. Uno de los retos para esta legislatura -ya tratado con la consejera de Presidencia (Isabel Urrutia)- es garantizar el acceso. «Sabemos que llevará tiempo, aunque el Cermi ya reclamó en 2018 el acceso a los edificios, palacios de justicia y juzgados, baños adaptados etc. Además, queremos que la gente del turno de oficio esté formada y sean conocedores de los hándicaps. También queremos facilitadores para que, quien ponga una demanda o sea demandado, entienda bien el contexto. Que las personas sordas tengan intérpretes cuando van a un juzgado, que a veces se encuentran sin ellos. Ascasam (Salud Mental), que atiende a reclusos en El Dueso, ha detectado que algunos tendrían que haber sido tratados como enfermos mentales y que esto hubiera repercutido a la hora de ser sentenciados. Si todo esto no se incorpora a la Justicia, los derechos se ven perjudicados».

Otro caballo de batalla es el empleo, donde Irureta no ve que se avance. «Lo más destacable es la baja participación de estas personas en el mercado laboral. Y, sin trabajo, no hay ingresos. Así no salen del bucle».

Y esta reclamación se repite un año tras otro porque «hay normativas y legislación al respecto pero luego no hay seguimiento para supervisar que se cumple la ley. Falta arrojo por parte de los empresarios a lanzarse a este tipo de contrataciones», lamenta la presidenta del Cermi, para quien otro de los retos está en el envejecimiento, por dos factores que se entrecruzan. «A medida que envejecemos como sociedad se generan mayores situaciones de discapacidad». Y luego está el propio envejecimiento de las personas con limitaciones, «que hay que ir afrontando, sobre todo en los que tienen más necesidades de apoyo». ¿Más retos? Desterrar «la violencia sobre las mujeres con discapacidad y especializar todavía más la atención temprana en cada discapacidad».

Al final, todo se resume en conseguir más medios para los objetivos. «Para llevar a cabo cualquier política hace falta es que se dote económicamente. Nosotros estamos pidiendo un 1% de la inversión anual Cantabria tanto para infraestructuras como para la accesibilidad digital y a las nuevas tecnologías y de comunicación. Queda mucho trabajo en el acceso a edificios y en cuanto a urbanismo (aceras, calles más seguras), pero también hacen falta recursos que no vemos en materia de acceso digital. En las propuestas a los presupuestos de todos los años hacemos esta reclamación del 1% porque creemos que es necesaria para la estrategia general».