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«Si el test rápido da positivo, aíslo al enfermo si no lo estaba ya. Si da negativo, también, porque no nos podemos fiar. ¿De qué me sirve entonces?». La queja, que salió primero de la Fundación Asilo, de Torrelavega, se repite en varias ... residencias de mayores de Cantabria consultadas por este periódico, alguna de las cuales ha recurrido incluso a pruebas privadas (PCR, que es la técnica de referencia para el diagnóstico) para controlar el nivel de transmisión del virus en sus centros, una posibilidad que ahora también se les complica con el decreto del Gobierno que pone a disposición de las comunidades autónomas los laboratorios de titularidad privada que puedan hacer diagnósticos clínicos.
«A nosotros nos interesan como medida de prevención, pero se ha demostrado que como prevención los test rápidos distribuidos no valen», subraya Gema de la Concha, presidenta de Lares y directora de la residencia San Cándido. «No ayudan y además pueden confundir», añade Pilar Mateo, gerente de Pro Maiorem, de la que depende la residencia de Limpias en la que se detectaron los primeros positivos en Cantabria. En la misma línea, Gema Díaz, gerente del grupo empresarial Calidad en Dependencia Cantabria, asegura que «una prueba que tiene un 40% de probabilidad de fallo no nos sirve absolutamente para nada, ni para detectar una infección activa de forma fiable ni para cambiar los criterios de aislamiento de los residentes. Es más, puedo tener a un trabajador asintomático que es positivo, por tanto puede contagiar sin saberlo, y que dé negativo en esta prueba, con el riesgo que supone». Por todo ello, las principales organizaciones empresariales de atención a la dependencia, FED y Lares, están valorando devolver los test rápidos distribuidos por Sanidad, «para que los den utilidad allí donde la tenga».
dos entregas
Hasta la fecha, Cantabria ha recibido dos entregas del Ministerio, con 22.308 unidades, más otros 9.600 kits comprados directamente por el Servicio Cántabro de Salud (SCS). Desde el primer momento las indicaciones del Gobierno eran que se utilizasen como instrumento de detección de la enfermedad en las residencias de mayores, objetivo prioritario por alojar a la población más vulnerable frente al Covid-19. No en vano, representan prácticamente la mitad de las víctimas mortales, que suman 120 desde el inicio de la epidemia. Pero en aquellos centros en los que se han comprobado las limitaciones, apuntan que es peor el remedio que la enfermedad, porque ante un falso negativo se puede bajar la guardia y agravar el problema. «Lleva a engaño sobre la realidad. Nosotros se los hemos hecho a tres residentes positivos, y los tres dieron negativo en el test rápido», indica De la Concha. «Está bien como medida de futuro, para controlar a las personas que lo han pasado, porque detecta si tienen anticuerpos, pero eso se descubre tarde. No es una solución para nosotros ahora», añade.
PCR, clave en diagnóstico: La técnica PCR es la prueba diagnóstica de referencia para saber si un paciente está infectado o no. Se toma la muestra respiratoria de la nariz y faringe con un hisopo que después se analiza en el laboratorio de Microbiología, donde se detecta el material genético (ARN) del virus. Desde el 29 de febrero, en Cantabria se han realizado 12.711 (2.187 por cada 100.000 habitantes). Es decir, en torno a un 2% de la población ha sido analizada.
Test rápido de anticuerpos: Los test rápidos de anticuerpos se realizan a partir de una muestra de sangre capilar. Son útiles a partir del séptimo día desde la aparición de los primeros síntomas, por lo que no sirven para diagnosticar la enfermedad de forma precoz. Los resultados se obtienen en 15 minutos, pero si se hacen antes de tiempo puede dar falso negativo. Tiene una sensibilidad del 64%, que aumenta al 80% a medida que avanza la infección.
Test rápido de antígenos: No se están utilizando, porque se encuentran en desarrollo y su sensibilidad y especificidad no se conoce con exactitud, como explican la Sociedad Española de Inmunología y la de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Detectan la presencia o ausencia del virus porque reconocen sus proteínas (antígenos). A diferencia de las PCR, que dan resultado en 3 o 4 horas, estos test aportarían el diagnóstico en menos de 15 minutos.
El riesgo mayor son los «casos ocultos», los positivos sin diagnosticar, «al no haber síntomas no cumplen los criterios para hacerles la PCR, tal y como establece el protocolo de Salud Pública». La directora de San Cándido explica: «Veíamos que algo se nos escapaba... así que la semana pasada encargamos a un laboratorio privado 200 pruebas PCR a residentes y profesionales del centro, todos asintomáticos. ¿El resultado? 24 positivos (19 en usuarios y 5 en trabajadores), que estaban contagiando y no los teníamos controlados». Y en ese caso, el test rápido tampoco da garantías.
Cuando llegó la primera remesa a Cantabria, el jefe de Microbiología de Valdecilla, Jorge Calvo, al frente del laboratorio que está concentrando todas las pruebas, ya avanzó que los test rápidos de anticuerpos no son equivalentes a las PCR, sino que su utilidad es complementaria. «No sirven para el diagnóstico del cuadro agudo. En el hospital los hemos utilizado para confirmar Covid-19 en aquellos pacientes con clara sospecha de neumonías por coronavirus por radiología y analítica y que, sin embargo, daban negativo en PCR».
la prueba
Otra de las complicaciones añadidas en la lucha contra el virus. ¿Por qué dan negativo si están confirmados ya? Calvo explica que «en la fase del cuadro catarral leve es cuando las PCR de muestras nasofaríngeas demuestran mayor sensibilidad. Pero a partir de la segunda semana, la carga viral en la cavidad orofaríngea baja mucho. Por eso se intenta tomar muestras más profundas, pero requiere maniobras de mayor riesgo». Es transcurrido ese tiempo cuando entran en juego los test de anticuerpos, que pueden medir si ha habido una respuesta del sistema inmunitario al SARS-CoV-2, o lo que es lo mismo, si las defensas han tenido que luchar contra el patógeno.
advertencia
Esta prueba lo que hace es confirmar ese rastro a partir de una muestra de sangre capilar (se pincha en el dedo) y el sistema es similar al de un test de embarazo. En teoría, permiten determinar si la persona ha tenido contacto con el virus, con la ventaja de que se obtiene el resultado en apenas 15 minutos, con un formato fácil de utilizar por el personal sanitario. Pero tienen sus inconvenientes. El principal es que no son útiles para el diagnóstico precoz porque los anticuerpos se detectan pasados varios días desde el contagio. El propio protocolo del Ministerio establece que comienzan a producirse a partir del sexto día del inicio de los síntomas al tiempo que se observa un descenso de la carga viral. La respuesta inmune aumenta conforme avanza la infección. Hace unos días la propia OMS desaconsejó el uso de test rápidos de anticuerpos fuera de ensayos clínicos.
Los test repartidos tienen una sensibilidad del 64% cuando se aplica en pacientes sin tener en cuenta el tiempo de evolución de la enfermedad (fallaría en cuatro de cada diez), pero ese porcentaje sería del 80% si se realizan a partir del séptimo día con síntomas. Marcos López Hoyos, presidente entrante de la Sociedad Española de Inmunología y jefe de servicio de Valdecilla, subraya que «nunca deben hacerse estos test antes de siete días. Con esto no se diagnostica la infección, sino que indican la respuesta inmune. Determina que ha habido contacto con el virus».
BALANCE
Y dentro de los diferentes test serológicos que existen, los que se están utilizando en las residencias «no distinguen entre anticuerpos IgM (los que surgen al principio de la infección, a los siete días) e IgG (los que aparecen en fases más avanzadas)», lo cual daría más pistas del curso de la enfermedad. Es más, aclara que tener anticuerpos no es sinónimo de curación, y aún no tenemos seguridad al 100% de que protejan a posibles re-infecciones, ya que faltan evidencias científicas claras.
Hay otra variante de test rápidos, que no se están utilizando, que detectan las proteínas (antígenos) del Covid-19. En ese caso sí servirían para comprobar la presencia o ausencia del virus, por lo que se podría diagnosticar desde los primeros días tras producirse la infección. La pega es que se encuentran en desarrollo y su sensibilidad y especificidad no se conoce con exactitud.
La media gira en torno a los 110 euros. Es el coste que tiene salir de dudas: confirmar o descartar el diagnóstico Covid-19 a través de un laboratorio privado. Las dimensiones de la epidemia y las limitaciones de las pruebas dentro de la sanidad pública (restringidas a pacientes ingresados o con criterios de hospitalización, personal sanitario, sociosanitario y colectivos esenciales) impiden conocer el impacto real del coronavirus en la población, confinada desde hace un mes para frenar la curva de contagios. Es evidente que son muchos más los afectados por el virus que los que reflejan las estadísticas, basadas en las PCR.
Las dificultades para acceder a esta prueba en la sanidad pública ha aumentado la demanda de los laboratorios privados. Los hay que ofrecen los test rápidos por 60 euros la unidad, si se realizan en sus centros, y que se desplazan a la residencia que lo requiera por un suplemento de 300 euros para coste de personal, caso de Quirón Prevención. Otros tienen precios más asequibles, como Iberian Medical Device: 37,87 euros, con un mínimo de 50 unidades. Y los hay que tienen en su catálogo de prestaciones la prueba PCR, que sale más cara pero también es más fiable, como Cerba y Megalab, por citar algunos que operan en Cantabria. En este caso, los precios giran en torno a los 110-140 euros (antes de la crisis llegaban a 200 euros), una cuantía que se eleva también en función de la necesidades de recursos humanos para la toma de muestras. El segundo es el que tiene contrato con Igualatorio Cantabria en la Clínica Mompía, aunque las pruebas las realiza de forma privada en sus instalaciones de la calle Castilla (Medicantabria). El decreto del Ministerio de Sanidad les impide responder a la demanda por su cuenta, lo que ha motivado reacciones como la carta abierta de Diego Fernández, presidente de Arquimea Group, uno de los impulsores de la Alianza Covid19, la unión de laboratorios privados de análisis PCR repartidos por el país, con capacidad para hacer 70.000 test semanales. «O hacemos PCR o perderemos a nuestros mayores». Por eso, se ponen a disposición del Gobierno y piden «rapidez con el protocolo».
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