La falta de secretarios e interventores lastra la gestión en 33 ayuntamientos

El Ejecutivo cántabro hace lo que puede para que «el ayuntamiento no quede desasistido», señala la directora general de Administración Local, Rosa Valdés, y está trabajando en la creación de una bolsa de trabajo autonómica para interventores, secretarios y tesoreros interinos para «cubrir», subsidiariamente, las vacantes cuando el Estado no pueda hacerlo. Actualmente, 33 de los 102 ayuntamientos de Cantabria carecen de un secretario, interventor o tesorero titular, vacantes que están siendo ocupadas por interinos en la mayor parte de los casos o por otro funcionario de la misma categoría del propio ayuntamiento que le suple en cuestiones puntuales en el resto de los casos.

«La situación actual es complicada y se va a agravar porque la edad media de la función pública en España es muy alta. Hay una generación, que empezó entre los años 80 y 90, que está al borde de la jubilación y eso va a tener un impacto muy grande», avisa Germán García Calle, presidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Cantabria (Cosital), además de interventor de Polanco.

Pero llueve sobre mojado, porque desde 2011 «hubo una congelación de las tasas de reposición del empleo público» que afectó de lleno a los habilitados nacionales. En este caso concreto, entre 2007 y 2013 las competencias para la selección de estos puestos de trabajo fueron transferidas a las comunidades autónomas, lo que fue un fracaso. En Cantabria, en concreto, sólo se convocaron cuatro plazas, y «solo una fue cubierta por una persona de la región, con lo que los tres restantes se fueron en cuanto pudieron», señalan desde la Dirección General de Administración Local. Después, la competencia se devolvió al Estado, que «ha convocado un número de plazas claramente insuficiente» para atender las demandas de todas las administraciones, apunta García Calle.

Ante los problemas para que estos cargos sean cubiertos por funcionarios con habilitación nacional, seleccionados por la Administración del Estado, los alcaldes piden auxilio a la Administración Local regional, que, «con un esfuerzo extraordinario», como apunta Valdés, recurre a distintas fórmulas para cubrir estos puestos y que no quede ningún ayuntamiento desasistido. Así, el departamento de Valdés provee las vacantes mediante nombramientos interinos, nombramientos accidentales de funcionarios del propio ayuntamiento, comisiones de servicios o nombramientos por acumulación, un sistema que permite que dos o más consistorios cercanos compartan un habilitado. El resultado es que «no hay ninguna vacante en los ayuntamientos porque se cubren de una manera u otra».

Según los datos de la Dirección General de Administración Local, a fecha 13 de febrero, 39 puestos reservados a funcionarios con habilitación nacional se encuentran sin titular y están ocupados en su mayoría (26) por interinos y 13 por acumulaciones.

García Calle reconoce que el problema surge por el vacío que se crea en el ayuntamiento desde que se produce la baja del titular, ya sea secretario o interventor, hasta el nombramiento del interino. «Hay que hacer un proceso selectivo y se puede tardar entre un mes y medio y dos meses, un tiempo durante el cual se produce una parálisis de la administración importante, porque no se pueden realizar pagos en el caso de los interventores, ni hay el asesoramiento legal preceptivo, en el caso de los secretarios». El presidente de Cosital no tiene ninguna duda de que «la falta de secretario paraliza el ayuntamiento», sobre todo en los municipios de menos de 5.000 habitantes, donde la figura es de secretario-interventor.

Otro ejemplo, el secretario del Ayuntamiento de Liérganes atiende también a otros consistorios de las Villas Pasiegas. «¿Qué ocurre?, que se sobrecarga a los secretarios titulares, que también se quejan», subraya Rosa Valdés. El problema lo sufren especialmente los municipios más pequeños, entre otras cosas porque «no son atractivos» para los opositores, que en cuanto pueden cambian de destino. «Los alcaldes quieren tener las plazas de habilitados en propiedad, pero eso supone un dispendio de dinero público y de recursos en ayuntamientos pequeños. Es por eso que se acude a la acumulación, de manera que un secretario atienda a varios municipios», explica Valdés.

La falta de funcionarios afecta también al ámbito técnico. Moisés Castro, decano del Colegio de Arquitectos, reconoce que el déficit de arquitectos, aparejadores e ingenieros habilitados en los ayuntamientos, unido a la «falta de medios electrónicos», produce «retrasos» en la concesión de licencias. «En Reocín hemos estado sin arquitecto seis meses, durante los cuales hemos pedido asistencia al Gobierno de Cantabria y ha venido un técnico un día por semana, lo que es insuficiente. Hemos hecho un proceso de interinidad y solo se ha presentado una candidata», apunta Diestro.