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Cuando estalló el caso de corrupción en Obras Públicas, la Asociación de Maltratados por la Administración, AMA, vio en la polémica otro lastre para ... la situación que arrastran desde hace más de 25 años: las sentencias de derribo que afectan, a día hoy, a más de 500 viviendas en la región y que siguen a la espera de que las administraciones y la Justicia lo resuelvan. Con la toma de posesión de Jezabel Morán este lunes como nueva consejera de Obras Públicas, desde AMA lanzaron un llamamiento para que «no se paralice ningún trámite que estaba en marcha en el seno de la Consejería». Su portavoz, Antonio Vilela, cita por ejemplo que «se agilice el Plan General de Ordenación Urbana de Piélagos, los incidentes de ejecución de las urbanizaciones en Argoños, que se den las indemnizaciones que correspondan y están en trámites, y que se realicen las viviendas de sustituciones, tal y como estaba previsto».
Ante una legislatura agotada, lo que piden es que este trámite sea «lo más breve posible». En mayo hay elecciones, y la llegada de Morán supone que la asociación ha tenido ya al otro lado a ocho consejeros con la cartera de Urbanismo en su mano, ¿temen que, tras la cita con las urnas, sea volver a empezar? «Hemos estado con Miguel Ángel Revilla (PRC), José Vicente Mediavilla (PRC), José María Mazón (PRC), Javier Fernández (PP), Eva Díaz Tezanos (PSOE), José Luis Gochicoa (PRC) y ahora Jezabel Morán (PRC), así que sí, nos tememos que sea volver a empezar, como esa canción que dice 'de mano en mano va y ninguno se la queda'. Nuestra situación ha ido pasando por todos los consejeros pero la realidad es que, después de tantos años, seguimos esperando soluciones definitivas, tanto por las administraciones del Gobierno y los ayuntamientos como por parte de la propia Justicia», dice.
«Después de ocho consejeros, seguimos sin soluciones, falta voluntad política», dice, y pide que se cumplan las cinco resoluciones del Parlamento de Cantabria en las que así se le requería al Ejecutivo por unanimidad». Tras el cambio de cartera, han pedido ya una reunión con la nueva consejera para «acelerar lo máximo posible los temas pendientes ante el fin de la legislatura». ¿Y qué peticiones son? «Que los jueces tengan las herramientas suficientes para poder juzgar y acabar con esta situación después de tantos años, y para eso tienen que estar los planes de urbanismo aprobados y los incidentes presentados ante los jueces»
Precisamente hacia la Justicia se dirigen las peticiones de AMA: «Pedimos a los jueces más sensibilidad hacia las familias para acabar de la manera más justa posible con este problema», pero esa sensibilidad incurre también en una noción de problema colectivo: «Pedimos no dilapidar el dinero público, y que si el suelo urbano está consolidado por sentencias del Tribunal Supremo, que no se tiren las casas que están ahí construidas para hacer unas nuevas», lamenta Vilela, que pide encontrar una solución que no sea el derribo, «que puede ser por ejemplo la regularización de las viviendas, porque si no estamos haciendo algo incomprensible que no tiene razón de ser, tirar para volver a construir en el mismo sitio».
En cuanto al proceso judicial que vive Obras Públicas, también buscan esa «celeridad judicial» con las sentencias de derribo. «Los que llevamos en un proceso judicial más de 25 años nos preguntamos: ¿hay una justicia de dos velocidades?», se cuestiona AMA, porque llevan más de un cuarto de siglo esperando «que los culpables reparen el daño causado; que donde se puede regularizar viviendas, se haga; que donde se deba hacer viviendas de sustitución, se liciten, empiecen y se terminen; que a las víctimas de esta 'estafa' que han opten por la indemnización se les pague en tiempo y forma».
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Ana del Castillo
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