Familias de los niños que tomaron crecepelo critican «la falta de información» de Sanidad

Lo saben ahora. En buena medida, por la acción coordinada de estas familias y las dos pediatras de Los Corrales, que no tardaron en percatarse de que estos cuatro bebés tenían un problema digestivo en común. A partir de ese momento, las profesionales comunicaron esta coincidencia a las autoridades sanitarias autonómicas, que confirmaron que existía una partida contaminada de omeprazol. Tras emitirse la alerta sanitaria, aparecieron más casos. Tras los tres nuevos detectados ayer en Andalucía, ya suman una veintena: diez en Cantabria, siete en Granada y otros tres en Valencia.

Aunque los médicos apuntan a que, una vez suspendido el tratamiento erróneo, a los niños se les caerá el vello de forma paulatina y no les quedarían secuelas, el abogado de estas cuatro familias, que en el mes de julio denunciaron esta «negligencia» en el juzgado de Torrelavega, insiste en que todas ellas se han sentido desprotegidas y desinformadas por parte del Ejecutivo regional. «El jarabe se llevó a analizar porque nosotros nos pusimos a ello. Ni la Consejería de Sanidad, ni Miguel Ángel Revilla, nos han hecho caso. No se han puesto en contacto con nosotros. Hemos sido nosotros los que hemos tenido que averiguar qué era esto», apuntaba ayer una de las madres durante su intervención en un programa de Telecinco. Desde el departamento que dirige Miguel Rodríguez declinaron responder a las críticas.

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casos se han detectado ya en toda España tras los tres nuevos de ayer en Andalucía. Diez se han registrado en Cantabria, repartidos por las localidades de Los Corrales, Mogro y Colindres.

«Nos hemos percatado porque era pelo y sale para fuera. Si llega a ser algo que sale por dentro y no se ve se nos mueren los niños y no nos damos ni cuenta», lamentaba la mujer, que ha preferido permanecer en el anonimato. Desde finales de mayo, cuando acudieron al pediatra con los síntomas de hipertricosis, hasta ayer, señalan que ningún organismo oficial se ha puesto en contacto con ellos. Las familias aseguran que fue su representante legal, el abogado Francisco Javier Díaz Aparicio, el que el 12 de junio notificó la reacción adversa a la Agencia Española del Medicamento y al Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano. Y lamentan que no obtuvieron respuesta. Ni posteriormente facilitaron los resultados de los análisis, ni acusaron el recibo.

Dos semanas antes, quien había movido ficha había sido una de las doctoras que atendió a las menores en el centro de salud de Los Corrales de Buelna. En concreto el 30 de mayo, cuando emitió un informe en el que se dejó constancia de la comunicación realizada al Servicio de Farmacovigilancia «por haber presentado cuatro casos iguales de pacientes que tomaban omeprazol encontrándose a la espera de resultados».

En la práctica, aún no tenían confirmado que el origen de la aparición excesiva de vello en «cejas, patillas, labio superior, brazos, piernas, espalda y zona sacra» y la aparición de «pestañas largas y pelo del cuero cabelludo denso y fuerte» fuera responsabilidad directa del consumo de un producto que no correspondía al nombre que figuraba en el envase. Esta comunicación fue la que provocó que Sanidad comenzara a tomar muestras y a realizar las oportunas inspecciones. Mientras se hacían esas indagaciones, el 18 de junio -seis días antes las familias habían lanzado el aviso a los organismos de control- la Consejería acordó la inmovilización cautelar del principio activo procedente de la empresa Farma-Química Sur S.L, de Málaga. Las familias señalan que en ese punto se solicitó expresamente información a la Dirección General de Ordenación de Farmacia, pero «no hay respuesta».

Las muestras tomadas a los pacientes se remitieron para su análisis al Laboratorio Oficial de Control de Medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), y es a raíz de ahí cuando se emite (el 11 de julio) la alerta sanitaria a nivel nacional y la retirada del mercado de todas las unidades distribuidas del lote identificado como contaminado. «Nosotros hemos sido los últimos en enterarnos de todo», lamentaba esta misma madre. La segunda confirmación fue la del laboratorio, que certificaba el error y que la composición administrada a los niños como omeprazol contenía minoxidil, principio activo que se emplea para tratar la alopecia y que consumieron al menos diez niños en Los Corrales de Buelna, Colindres y Mogro.

De manera paralela, estas cuatro familias de Los Corrales que dieron la voz de alarma han emprendido un proceso judicial para exigir responsabilidades por lo ocurrido. El abogado que aglutina a estos afectados presentó una denuncia al considerar que estos hechos pueden constituir diversos delitos. Entre ellos, el letrado Díaz Aparicio señala los de delito contra la salud pública y lesiones y apunta como responsables a Smilax Laboratories Limited (la empresa india que fabrica el principio activo), a Farma-Química Sur (la de Málaga que distribuyó el principio activo mal etiquetado), a los titulares de las dos farmacias de Los Corrales y Santander donde se compró el jarabe y a las dos empresas encargadas de su distribución.

«Todo está siendo un despropósito. Se presentó el 18 de julio y todavía no ha habido avances. Lo único que ha hecho el juzgado es pedir a los padres que acrediten que realmente son los padres», lamenta el abogado, quien precisa que de momento no se ha pedido información a ninguno de los seis señalados por los afectados. Además, Díaz Aparicio cree que la Fiscalía está «patinando» al abrir una investigación al respecto, un procedimiento que sólo se entendería si previamente no hubiera una denuncia de parte.

En el texto también se pide citar a declarar a la Agencia Española del Medicamento y a la Consejería de Sanidad como responsables civiles subsidiarios, al «tratarse de organismos encargados de velar por el cumplimiento de la normativa reguladora de la expedición de medicamentos». Además, las familias aprovechan este documento para recordar que la «escasa información proporcionada a los padres ha sido facilitada por los pediatras, quienes continúan sometiendo a pruebas a los menores para la determinación de las secuelas que pudieran quedar».