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Los que echan las cuentas de la lechera política respecto del aumento del empleo deberían, además de recordar que aún tenemos, en la media mensual, ... menos gente cotizando a la Seguridad Social que en febrero de 2011, observar cómo han sido los incrementos en febrero desde que se inició la recuperación económica en 2014. En el primer avance, los cotizantes aumentaron en 7.300; doce meses después, el primer febrero de la coalición gobernante, se habían añadido solo 400; al febrero siguiente el aumento fue de 5.300, pero ahora solo ha anotado un +4.300.
Si convertimos esto en una primera observación, concluimos que nunca se ha vuelto a crecer como de febrero de 2014 a 2015; y que en los últimos tiempos incluso estamos a la baja.
Una media aritmética de +4.325 cada año nos llevaría en febrero de 2019 a una afiliación media de 211.700, lo cual sigue siendo inferior al dato de diez años antes.
Pero como es muy posible que la ralentización del PIB incluya de compañía la ralentización del empleo, bastante más probable podría ser quedarse por debajo de los 211.000.
Mientras, los pensionistas cántabros habrán rebasado ya las 140.000 personas.
Si nos ponemos a dividir 140 millones de euros mensuales entre 211.000 cotizantes, toca a 663 euros mensuales a apoquinar por cada trabajador. Imaginemos que la mitad la pone su empresa y la otra mitad, unos 331 euros, la persona currante. ¿Cómo puede contribuir con más de 300 euros una persona que, por ejemplo, solo cobre 1.000, y sobre la que además recaen los impuestos generales, los especiales y los municipales? ¿Y cuando los pensionistas crezcan a mucha mayor velocidad que los cotizantes, cosa que previsiblemente sucederá desde 2025?
Las pensiones de Cantabria se pagan porque estamos en un sistema de solidaridad mayor, que es el de España.
Lo mismo que nuestra sanidad es financiable porque recibimos, vía financiación autonómica, un dinero por habitante tan excelente, que mantener el ‘statu quo’ se ha convertido en el mantra de todos los políticos cántabros, amonestados por los expertos. Y si nuestra economía depende de Frankfurt, y las pensiones y la sanidad dependen del conjunto de España, ¿qué dimensión efectiva le queda a la autonomía? ¿Mover las vacaciones escolares todos los años? ¿Escribir cartas? ¿Reponer puentes?
La Diputación Provincial, que duró 150 años, parecía difunta, pero simplemente podría haberse reencarnado en la regional. Si ya de los estados nacionales se discute su aptitud para gestionar el presente de la humanidad, ¿qué diremos de las estructuras subnacionales? Para evitar ser víctimas del fantasma de la Diputación, necesitamos mucha más imaginación política que la que estamos demostrando.
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Ana del Castillo
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