Las asociaciones de padres presentarán alegaciones para que se elimine la jornada reducida

Consideran «lamentable» que, «una vez puesto de manifiesto la ilegalidad que se estaba produciendo» al no impartirse en Cantabria 25 horas lectivas semanales -en referencia a los informes encargados por la propia Consejería-, la solución que se adopta sea «intentar adaptar la ley al incumplimiento de la misma, y esto además se haga con nocturnidad y alevosía».

Por ello exigen que a Educación que no modifique la orden de 23 de junio de 2014 que fija la implantación del currículo de Primaria, y mantenga la redacción original «sin excepciones» al horario de 25 horas semanales. Destacan que de esta manera «no existiría conflicto con la legalidad vigente, no cabría la arbitrariedad o discrecionalidad y se facilita la organización del sistema educativo».

La modificación aprobada por el Gobierno cántabro introduce una salvedad al horario de 25 horas semanales según el cual la Consejería «podrá autorizar el desarrollo de una jornada continuada reducida en determinados periodos lectivos del curso escolar». Denuncian que no se cumplían las 25 horas lectivas semanales para el alumnado que fija la implantación del currículo de primaria para Cantabria en 2014.

La federación ha asegurado que «siempre» estará abierta a discutir cualquier cambio educativo que pueda realizarse en beneficio del alumnado, pero entiende que «seguir incumpliendo las horas lectivas que deben de recibir para la correcta asimilación del currículo establecido no se encuentra en esa situación».

Lo que no significa, dicen, que no se puedan reducir las horas lectivas que debe de tener el profesorado, ha apostillado, señalando que ésta es una cuestión que Consejería y sindicatos «deben de negociar pero desde el respeto a lo establecido para el alumnado».

La FAPA considera como «más razonable» no modificar la orden del currículo de Primaria de 2014 por varias razones, entre ellas, porque la modificación se basa en una interpretación en uno solo de los dos informes jurídicos sobre el calendario; y porque la excepción que contempla «puede producir un conflicto competencial y jerárquico debido a que no hay ninguna norma de rango superior que contemple la posibilidad de modificar el horario semanal y hacer un cómputo anual».

Igualmente aduce que cualquier modificación ha de respetar la prevalencia de normas de rango superior y, en este caso, debería de respetarse esa distribución de 25 horas semanales o, en su defecto, cualquier reducción horaria puntual que se produjese debería ir acompañada de medidas para la recuperación de dichas horas lectivas a lo largo del curso.

En este sentido, también expresa sus «serias dudas de legalidad» de la modificación que plantea el departamento de Fernández Mañanes, que «pudiese ser inconstitucional» por tratarse de una norma posterior y contraria a la norma básica estatal, ya que no se puede contravenir que el horario sea de 25 horas lectivas semanales, al menos durante los días lectivos mínimos establecidos por ley, indica.

Por otro lado, FAPA esgrime que la compensación de la pérdida de horas con más días lectivos provoca que para recibir esas mismas horas se aumente el número de desplazamientos o gastos de comedor, así como problemas organizativos de diversos agentes implicados en el sistema educativo.

Por otra parte, la FAPA ha expresado su satisfacción ante los diversos anuncios realizados por el Gobierno central respecto a los distintos cambios que irían a producirse en la política educativa, así como la posible supresión del 'decreto de los recortes'.

En su opinión, lo que «realmente debería de producirse» es la eliminación de la LOMCE para dar paso a una nueva ley educativa «que, de una vez por todas, cuente con el respaldo de la comunidad educativa y el consenso de la clase política, algo que la haga durar en el tiempo y no ser un arma de uso político como viene siendo desde hace décadas».