![«Por favor, denuncien los delitos de los menores, va a ayudar mucho a encauzarlos»](https://s1.ppllstatics.com/eldiariomontanes/www/multimedia/2023/09/20/87394643-kMmG--1200x840@Diario%20Montanes.jpg)
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La Fiscalía de Cantabria publicó la pasada semana su memoria de 2022, un amplio documento que arroja datos y estadísticas en los muy diversos ámbitos ... en los que trabaja el Ministerio Público en la comunidad autónoma. Hablaba del descenso en los saltos a la valla del Puerto, del incremento de los delitos cibernéticos, del crecimiento de las denuncias por parte de mujeres víctimas de violencia machista... Entre todos los números destaca la evolución de los delitos cometidos por menores, especialmente los de carácter sexual, pero también los relacionados con salud pública (consumo y venta de droga). «Algo hay que hacer. La situación antes era preocupante, pero ahora ya es grave», explicó ayer la fiscal superior de la región, Pilar Jiménez, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Parlamento de Cantabria. Profundizó en los datos, pero sobre todo quiso lanzar un mensaje de alerta y subrayar la necesidad de tomar medidas desde todos los ámbitos posibles. Lo hizo de forma desesperada al solicitar a cualquier persona que conozca un caso que lo ponga en conocimiento de la Justicia porque pasar por alto los hechos y ocultarlos no ayuda al menor que delinque. Al revés.
77% de las sentencias penales
fueron de conformidad, lo que ayudó a agilizar los procesos
27% de los juicios penales
señalados en 2022 se aplazaron, con los consecuentes perjuicios
«¡Por favor, denuncien! Es la única forma de poner en marcha un procedimiento. Las medidas tienen un componente de reproche penal, pero también una función educativa. Pueden ayudar mucho a que se pueda encauzar a ese menor», insistió Jiménez, que apuntó que durante su anterior etapa como fiscal de menores comprobó que, en la mayoría de las ocasiones, las medidas adoptadas contra ellos finalmente les acaban beneficiando. Incluso había padres que primero se negaban y después acudían a su despacho «dando las gracias». Que se denuncie en el ámbito familiar y también en los colegios e institutos. Por ejemplo, en aquellos delitos que tienen que ver con las drogas, que se han multiplicado por cuatro durante el último ejercicio. La Fiscalía tiene comprobado que los menores «consumen cada vez más, algunos a diario», y que esa necesidad de consumir les lleva también al mundo del trapicheo para poder conseguir dinero rápido.
Dedicó un capítulo a lo relativo al acoso escolar. Durante 2022 se abrieron en la comunidad autónoma 82 protocolos de este tipo. La estadística confirma que el número de expedientes crece año tras año, pero no todos se cierran como casos confirmados. En los últimos doce meses tuvieron esta consideración únicamente 11 episodios. En otras situaciones los hechos no llegaban a tener la consideración de acoso, aunque sí sirvieron para detectar problemas de convivencia es el centro.
«Es importante que la comunidad educativa se implique en esta materia. Y lo está haciendo. Animó a que se denuncien los delitos que cometan los menores», insistió la portavoz del Ministerio Público. En opinión de Jiménez, la implicación de padres y profesores tiene que ser especialmente intensa sobre los menores de 14 años. En Cantabria, el año pasado hubo 113 jóvenes de este perfil que cometieron algún tipo de delito. Legalmente son inimputables, pero para ellos la fiscal superior solicita al Gobierno regional que ponga en marcha programas de prevención e intervención.
Durante su intervención, que se desarrolló a lo largo de una hora, la jefa de la Fiscalía también destacó la necesidad de crear juzgados específicos en violencia de género en Torrelavega y Laredo -ahora el único especializado está en Santander- y lanzó algunas recomendaciones que, a su juicio, servirían para mejorar el sistema. Por ejemplo, para reducir la cifra de 22 accidentes mortales que hubo el año pasado. Con los datos en la mano, señaló que la Guardia Civil ha incrementado los controles de alcohol, pero ha disminuido los de drogas. «Pido que se sigan haciendo, que no disminuyan. No solo por el efecto disuasorio, sino porque pueden salvar vidas en forma detenciones preventivas», reclamó.
En lo positivo, puso en valor que el esfuerzo por activar los protocolos de conformidad -sentencias con acuerdo del denunciado y el denunciante- se está traduciendo en una agilización de los tiempos de la Justicia. En lo negativo, detalló que el 27% de los juicios penales señalados en 2022 se aplazó por diferentes motivos, con los perjuicios asociados tanto para las partes como para el funcionamiento de los juzgados.
También se detuvo en los asuntos relacionados con el área de medio ambiente. Hay 55 procedimientos vivos y si hace unos años la mayoría tenían que ver con asuntos urbanísticos, ahora el grueso está relacionado con maltrato animal y delitos contra la fauna y la flora. Aquí, Jiménez hizo otro llamamiento a denunciar: «Estamos en una situación de auténtica emergencia. Además del cambio climático, el hombre está contribuyendo a que haya esa emergencia ambiental. Tenemos que denunciar todos los ataques al medio ambiente aunque no nos sintamos víctimas del mismo».
Como es habitual en su comparecencia anual, la fiscal superior volvió a reclamar la creación de una Oficina Fiscal para que los 29 fiscales se puedan ocupar el 100% de su jornada a los procedimientos y no tengan que realizar también trabajo administrativo. Y apuntó que pese al aumento de los delitos en los dos últimos dos años, aún están por debajo de la época anterior al covid.
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Ana del Castillo
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