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La Federación Cántabra del Taxi ha recurrido ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales el concurso de transporte escolar para el curso 2021/2022 y ha solicitado la dimisión de la consejera de Educación, Marina Lombó.
En su recurso, la Federación muestra su «sorpresa» ... e «indignación» porque la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria ha modificado el pliego de cláusulas administrativas del concurso que, en la práctica, supone «expulsar e impedir la concurrencia legítima de los profesionales del taxi, pues les priva de 30 puntos en servicios que hoy en día prestan con total y absoluta normalidad, ya que los taxistas no tienen, por definición, medios de transporte regular más allá del propio taxi». Es decir, estas modificaciones tienen que ver, según dicen, con lo que se establece en los criterios de adjudicación en lo relativo a los medios para la solución de incidencias.
Para la Federación, con estas modificaciones del pliego, se ve que «el Gobierno de Cantabria quiere adjudicar ahora el transporte escolar sólo a aquellas empresas o profesionales que tengan, adicionalmente, unos servicios de transporte regular en la zona objeto del contrato».
Al colectivo le parece «bastante evidente» que la Consejería «ha cedido a presiones ilegales e ilegítimas del sector del transporte por autobús, único que dispone de líneas regulares y que puede cumplir el único requisito que ha aparecido nuevo». Además, considera que la «discriminación y la vulneración de los artículos 14 y 38 de la Constitución y concordantes, así como de la normativa europea en materia de libre mercado, competencia y no discriminación es clarísima, pues se permite el servicio a un único tipo de empresa cuando hasta la fecha la han podido ejercer los taxistas sin mayor problema y será imposible que se les adjudique ruta alguna ahora al no poder acceder a unos puntos objetivos capitales».
La Federación pide la anulación de este criterio de adjudicación y la retroacción de actuaciones hasta la formulación de un nuevo pliego en el que se incluyan las características para el caso de resolución de incidencias en el servicio iguales a las del concurso del curso pasado, «ilegalmente modificadas».
Por otro lado, el colectivo ha pedido la dimisión de la consejera de Educación, Marina Lombó, «por su incompetencia para solucionar los problemas del transporte escolar en la región» y el cese inmediato del coordinador de Alumnos y Servicios Complementarios de la Dirección General de Centros Educativos «por el manejo a su antojo de los pliegos del concurso y el diseño de las rutas en beneficio de las empresas de autobuses».
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