Ferrovial gana a Valdecilla en el litigio de los celadores y el transporte no sanitario

El escollo partía de una cuestión de interpretación del pliego firmado en 2014. ¿Dónde está el límite del transporte a cargo de la empresa? Allí donde Smart Hospital entendía que acababa su cometido, la Administración consideraba que se quedaba corto. Pero la exigencia que puso sobre la mesa de negociación implicaba un desembolso económico para la adjudicataria que comprometía la viabilidad del contrato, según argumentó la compañía en su defensa. Para refrescar el entuerto hay que remontarse a abril de 2016. El dilema que se planteó en origen era quién tenía que pagar la nómina de los celadores que se encargan del reparto de farmacia en los carros de unidosis por las plantas de hospitalización. El Servicio Cántabro de Salud (SCS) sostenía que era labor de la empresa, como responsable del almacén, logística y transporte de materiales. El gerente de Valdecilla entonces, Julio Pascual, dictó una resolución en febrero de 2018 en la que establecía que dichos servicios, bajo la gestión de SHC, incluían como prestación el transporte interno (entre departamentos, áreas de hospitalización, laboratorios...) y externo (por ejemplo, entre Valdecilla y Liencres) de materiales, historias clínicas, documentación y «cualquier» producto destinado a uso hospitalario.

Pero la empresa se opuso, al considerar que se estaba planteando una «modificación ilegal del contrato». En el recurso contencioso administrativo presentado contra aquella resolución, argumentó que lo pactado se refería «solamente» a «la logística asociada al servicio de historias clínicas» y «al transporte entre el almacén y los puntos de consumo de los bienes y productos que se gestionan en él, incluidas muestras biológicas, sangre y hemoderivados, material de esterilización y unidosis de farmacia». Siguiendo con el ejemplo de farmacia, suyo sería el traslado del almacén a las dependencias de farmacia, pero no el reparto de los medicamentos hasta las habitaciones de los pacientes ingresados.

En la práctica, la diferencia entre la posición de SHC y la de la Gerencia suponía una brecha en la rentabilidad del contrato. Así, el hecho de que la empresa tuviera que asumir con sus propios trabajadores esas funciones que realiza personal estatutario del hospital -nunca se llegó a concretar cuántos celadores de los 350 de la plantilla se verían afectados por ese trasvase-, triplicaba el coste de lo que ingresa de Sanidad por la prestación del servicio. En concreto, frente a los 800.000 euros anuales que paga la Administración (dentro del canon por el contrato firmado durante veinte años) a la empresa le costaría 2 millones, según el cálculo que hizo el SCS cuando recibió el espaldarazo del Consejo de Estado. En aquel dictamen, de febrero de 2018, este órgano consultivo cargaba a la empresa la responsabilidad del transporte interno no sanitario, dando la razón a la Gerencia de Valdecilla.

Ambas partes trataron de llegar a un acuerdo por la vía de la negociación, pero no lo consiguieron. Así que la decisión final quedó a expensas de lo que dijera un juez. Ahora esa sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, da la vuelta a la tortilla. En ella, la magistrada explica que «el personal dedicado a las funciones de transporte que pretende la Administración sean asumidas por la empresa, debería haber recibido comunicación ofreciendo la posibilidad de optar, antes de iniciar la ejecución del contrato, entre seguir prestando los servicios para Valdecilla o para la recurrente». Pero esa comunicación «nunca se efectuó», «avalando la tesis» de Smart Hospital, de que esos puestos de trabajo no se contemplaron en ningún momento en el objeto del contrato.