El fiscal ve «pruebas suficientes» para mantener las acusaciones por la estafa millonaria a varios bancos en Cantabria

Así lo ha aseverado este miércoles en la recta final del juicio, que se ha celebrado desde la semana pasada en la Audiencia Provincial, donde arrancó con la declaración de los encausados y prosiguió con las pruebas testificales y periciales.

Antes de los informes, las partes personadas -las entidades bancarias afectadas así como el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos de Torrelavega y Miengo, igualmente perjudicados en este proceso por el endoso de certificaciones de obras públicas falsas o erróneas- elevaron a definitivas sus conclusiones, tras las pertinentes modificaciones.

El Ministerio Público introdujo variaciones en su calificación final que afectaron a la responsabilidad civil. Así, en un principio consideraba que el principal acusado debía indemnizar con 3,2 millones de euros a seis de las entidades que supuestamente estafó. Pero tras los interrogatorios y las pruebas practicadas, ha considerado que Germán M.R. no tiene que indemnizar al Banco Santander, lo que implica restar 1,2 millones a esa cuantía.

Además, pedía inicialmente que el empresario y el empleado de banca que presuntamente colaboró con él indemnizaran solidariamente a la entidad para la que trabajaba el segundo, -la antigua Caja Castilla La Mancha, ahora Liberbank- en 9,7 millones, cuantía que se rebaja ahora a 5,4, es decir, 4,3 millones menos.

Pese a estos cambios relacionados con la responsabilidad civil, el Ministerio Público imputa al administrador del grupo empresarial un delito continuado de estafa en concurso con otro continuado de falsedad en documento público y oficial.

También considera que los hechos constituyen un delito continuado de alzamiento de bienes, que extiende además a su esposa y al presunto testaferro de las sociedades creadas en 2009, un año después de iniciarse los hechos investigados.

Para el fiscal, el hombre, que administrador único y representante legal de una de las empresas del grupo, obtuvo de varios bancos cantidades millonarias mediante el endoso de decenas de certificaciones de obras públicas, que aportaba para acreditar el derecho de cobro por trabajos hechos para diversas administraciones, entre ellas el Ejecutivo cántabro y los consistorios de Miengo y Torrelavega.

Estas certificaciones, -por saneamientos y abastecimientos, así como mejoras en centros de salud, educativos o deportivos, con importes desde apenas 20.000 euros hasta más de 700.000-, habían sido previamente falsificadas, según el fiscal, pues no se correspondían con ningún contrato o el importe era superior.

El principal procesado reconoció en el interrogatorio, en el que solo contestó a preguntas de su abogado, algunos extremos sucedidos entre 2008 y, pero negó en cualquier caso haberse llevado «ni un euro» y aseguró que nunca había «estafado a nadie en mi vida».

Enmarcó su actuación en la anterior crisis económica, cuando «explotó» el sistema financiero español y los empresarios de la construcción se convirtieron en unos «auténticos apestados» en tanto que las administraciones no pagaban. Así, admitió los citados certificados de obra, pero esgrimió que lo hizo para «anticipar» el cobro y abonar después a las entidades, porque «estaba desesperado».

«Yo solo quería que pagaran lo que había trabajado», se justificó en el arranque de la vista en sí, en la segunda jornada y tras rechazar la sala todas las cuestiones previas planteadas por las defensas argumentado nulidades de distintas pruebas por diferentes irregularidades procesales.

Respecto a esa versión, el fiscal ha reconocido las circunstancias económicas del momento en que sucedieron los hechos enjuiciados -2008 y 2009-, pero ha puntualizado que ese contexto afectada no solo a este hombre, que tenía una docena de empresas y casi un centenar de empresas, siendo titular de una decena de ellas y estando autorizado en el resto, mientras que su esposa participaba en numerosas. Además, poseía 16 inmuebles, a nombre todos ellos de su empresa.

Y aunque el Ministerio Público entiende como «lícito y lógico» que el acusado quisiera, como él mismo declaró, «conseguir tiempo y financiación», rechaza el modo en que lo hizo, en base a «una estafa» y «falsedad», con certificados que «no se corresponden con las obras ni con la cuantía».

En su relato final, esta acusación ha repasado las declaraciones de los diferentes testigos citados que han comparecido, como empleados de bancos que pusieron de relieve la relación de «confianza» que había entre las entidades y el acusado, que era quien presentaba las certificaciones, hasta el punto que suscribió un contrato con un banco con posterioridad a los hechos para tratar de «arreglar la estafa» llevada a cabo, según ha rememorado el fiscal.

Además, ha proseguido, un banquero averiguó, junto con el Gobierno de Cantabria, que había habido un «problema con los sellos» de los documentos que supuestamente correspondían a esta administración, en tanto que otro cifró en 55 las certificaciones que calificó como «malas». «Falsas, en todo o en parte, porque no existe esa obra o se cambiaban las cantidades», ha apostillado el fiscal.

También ha aludido a las declaraciones de representantes de organismos dependientes del Ejecutivo, como Sodercán o la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua, que ratificó todos los informes emitidos «uno por uno» y apuntó que lo sucedido con esta empresa no ocurrió con «ningún otro contratista».

Además, trabajadores de los ayuntamientos afectados aseveraron en ante la sala que les habían «falsificado la firma», en tanto que había documentos atribuidos a ellos que no eran de su «competencia».

Por estos y otros motivos, el fiscal ha concluido que existen «pruebas suficientes» para, tras la celebración del juicio, mantener los delitos imputados a los acusados por esta estafa millonaria a entidades bancarias. Eso sí, reconoce la atenuante de las dilaciones indebidas al considerar evidente que ha sido «demasiada larga» la instrucción, pese a ser una causa «compleja».