El fin del verano dispara las reuniones de vecinos para prohibir los pisos turísticos en las comunidades cántabras

El de los pisos turísticos ha sido un problema para el que a lo largo de los últimos meses se ha buscado solución a varios niveles. Primero, ineludible, ha de aprobarse el decreto del Gobierno regional, que a primeros de julio ya avanzó un borrador que, en todo caso, no parece que vaya a ser la panacea. «Cada ayuntamiento decidirá qué tipo de modelo turístico quiere», concretó la consejera del área, Eva Guillermina Fernández. Con ello dejará la pelota en el tejado de los consistorios. Segundo, los propios ayuntamientos están obligados a contar con ese marco jurídico antes de poder desarrollar ordenanzas concretas. Pero ese avance de la norma ya ha llevado a que crezcan las protestas de alcaldes, que se quejan del empacho de competencias que deberán asumir en un asunto tan polémico y marcado en rojo en la agenda turística y social no solo de Cantabria, sino de las principales capitales del país.

Visto lo visto, las comunidades de vecinos se han decantado por tomar el toro por los cuernos y abordar la solución por su cuenta. «Se ha disparado la demanda de peticiones para convocar juntas extraordinarias con este asunto como único punto del orden del día», concreta Rut García, vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria.

No es una cuestión sencilla, porque de un lado está el derecho de los residentes a tener un descanso tranquilo en su vivienda y el de los inversores, propietarios que han optado por sacar rendimiento a sus pisos. «Son entendibles ambas partes pero aquí lo que se hace es convocar esa junta y votar. El acuerdo debe superar los tres quintos de los propietarios, no sólo de los asistentes; y entonces, si se alcanza, lo que se hace es elevarlo a escritura pública y después al registro», confirma García. Aunque hay matices.

El presidente del Colegio, Alberto Ruiz-Capillas, se ha encontrado en los últimos meses con un escollo más. «Para los registradores no parece ser lo mismo el término 'piso vacacional' que 'piso turístico'. Esto está trayendo problemas legales porque pese a que hay inmuebles donde la comunidad de vecinos ha acordado prohibir esta práctica, según la nomenclatura que haya utilizado, puede ejecutarse o no», señala. Es un nuevo frente legal sobre el que se está comenzando a trabajar. Aunque en todo caso se habla siempre de las comunidades que ya han realizado el registro para prohibir ese uso. «En las que se busque hacerlo de cara al futuro, lo conveniente es tener mucho cuidado con este detalle», matiza Ruiz-Capillas.

Los vecinos del centro de la capital cántabra son los que están padeciendo lo peor de este uso turístico de los pisos. «Ahí se podría decir que ha aumentado un 40% la convocatoria de juntas extraordinarias para solucionar este problema», señala García, que además de vicepresidenta del Colegio es administradora de varias comunidades. Para muchos de sus compañeros -lo sabe bien por encontrarse en la directiva del Colegio- este fenómeno está suponiendo un quebradero de cabeza. «Es mucho, mucho papeleo. Estamos abrumados. Supone un aumento de la carga de trabajo considerable, porque además, a veces las reuniones no alcanzan un acuerdo, porque como debe tenerse en cuenta a todos los propietarios, hay que abrir plazos para que todos se manifiesten y lleva tiempo y trabajo», apunta la vicepresidenta.

También existen discrepancias entre los propios administradores. Según cada cual, se están elevando o no nuevas peticiones de licencia a la Consejería de Turismo, que es quien las tramita. «Cuando un propietario me solicita la gestión del permiso, lo que hago es comprobar que no existe nada en los estatutos ni en Junta de Propietarios en contra de ello, y si es así, lo tramito con la Consejería. Creo que es lo que se corresponde con la estricta legalidad», detalla García. Pero otros administradores están presentando bastantes objeciones para realizar el mismo trámite. Sea como fuere, y a falta de la normativa regional entre en vigor para habilitar a los ayuntamientos a gestionar estos usos, la proliferación de estas reuniones de vecinos parece que se mantendrá en los próximos meses.