La firma canadiense de la mina de zinc se queja de un retraso de siete meses en las licencias

En aquel encuentro que los responsables de la empresa mantuvieron con Miguel Ángel Revilla y con los alcaldes de los municipios involucrados, se calculó que en tres meses los ayuntamientos concederían las licencias para poder comenzar los sondeos previos. «No tenemos que encontrar el mineral, ya está ahí, ya lo hemos visto, existe. Ahora sólo tenemos que definirlo bien», explicó Merino entonces. Durante esa primera fase, la empresa invertiría 17 millones de euros y contrataría a cuarenta empleados.

Pero esas licencias no se han concedido todavía. Los ayuntamientos de Torrelavega, Cartes, Santillana del Mar, Reocín y Puente San Miguel han publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) nueve documentos en el último mes para sacar a información pública los proyectos de los sondeos iniciales. «Se está tramitando, tal y como se puede ver en el BOC», se limitaron a señalar desde la Consejería de Industria.

Pero esto no parece ser suficiente para los empresarios canadienses, acostumbrados a que estos procesos burocráticos sean «más rápidos en todo el mundo». «Nos extraña mucho esta situación, pensábamos que era fácil de hacer y nuestros socios americanos nos han trasladado su intranquilidad», reveló Merino.

Emerita Resources abrió en enero una oficina en Torrelavega, frente al antiguo Ayuntamiento, para agilizar estos procesos iniciales, por lo que ahora no entienden el «parón» de los últimos siete meses. Un tiempo que, según dicen, es clave para calibrar la rentabilidad de su negocio. «El valor del zinc en el mercado es fundamental porque somos un capital de riesgo. Cuando el mercado está en alza hay que hacer las exploraciones rápido para no perder dinero, y eso no está pasando aquí», explicó el responsable de la compañía, preocupado porque «cada día que pasa es un día menos de rentabilidad».

A pesar de todo, parece que el proyecto no peligra de momento. «¿En riesgo? Lo único que sé es que debemos empezar ya», avisó Merino.

Según los cálculos de Emerita Resources, la construcción de la mina supondrá una inversión de 600 millones de euros y creará 2.000 puestos de trabajo directos. Unos datos que si se confirman darían un vuelco al escenario económico de la docena de municipios de esa comarca. No en vano el consejero del ramo, Francisco Martín, aseguró en su día que la explotación de las minas de zinc del Besaya podría convertirse en el «proyecto industrial del próximo decenio en Cantabria».

El calendario inicial de esta compañía era realizar los sondeos durante este año para comenzar la construcción de la mina en 2019. De hecho, ya cuenta con un socio español, Aldesa, que se encargará de excavar los túneles y la entrada a la mina hasta los 700 metros. Estos plazos podrían verse alterados por este supuesto retraso de las necesarias licencias municipales.

Pero los canadienses no son los únicos que pondrán en marcha iniciativas mineras en esa zona. El concurso público del Gobierno adjudicó también suelo a otras cinco firmas. La última en hacer públicos los detalles del proyecto fue Apia XXI. La firma cántabra, adquirida en 2013 por el gigante norteamericano Louis Berger, invertirá 2,2 millones de euros en los próximos tres años para hacer sondeos que confirmen «el importante potencial minero suficientemente contrastado» que existe en la zona.

También hay otras dos empresas extranjeras que ya han dado el primer paso para comenzar sus investigaciones. Los australianos de Slipstream Resources desembolsarán 4 millones en los próximos tres años para explorar los terrenos y confirmar que, efectivamente, el zinc está allí. La siguiente en aparecer fue la chipriota Atalaya Mining, cuya inversión inicial para investigar el subsuelo será la más potente de todas: 56 millones de euros.