![La fiscal culpa a Miguel Mirones de administración desleal y la defensa censura su falta de rigor](https://s1.ppllstatics.com/eldiariomontanes/www/multimedia/201806/07/media/cortadas/mirones-kNCB--624x385@Diario%20Montanes.jpg)
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CONSUELO DE LA PEÑA
Santander
Viernes, 8 de junio 2018, 07:15
Que el cabreo de la fiscal Maite González ante la retirada de la acusación particular contra Miguel Mirones, expresidente de la CEOE y presidente de la Asociación Nacional de Balnearios (Anba), era monumental no se le ocultaba a nadie porque ella misma lo visibilizó ... de forma indisimulada. Pero, ayer, en la última jornada del juicio, aprovechó su informe para censurar abiertamente que la familia se descolgara del caso en el último momento con un documento que «va más allá» de una retirada de la acusación.
Y es que en ese escrito, desvelado ayer por la fiscal, Javier Mirones y los otros tres hermanos, que durante tres años atribuyeron al empresario un delito de apropiación indebida por el que le pidieron casi cuatro años de cárcel, daban un vuelco a la acusación. Los agraviados decían que el valor de las acciones con las que Miguel Mirones se hizo con el control del grupo termal familiar fue el adecuado y que en ningún momento se han sentido perjudicados.
Caso cerrado. La fiscal se quedó colgada de la brocha, en una situación muy incómoda y difícil de sostener. Aún así mantuvo la acusación, aunque optó por sustituir el delito de apropiación indebida, insostenible si no hay perjudicados, por el alternativo de administración desleal, que «es lo que como mucho se ha podido producir tras la renuncia», reconocía al tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia, que desde el martes ha juzgado a Miguel Mirones y a su hermano Santos.
Al expresidente de la CEOE se le acusaba de maniobrar para apoderarse con malas artes y en perjuicio de los demás socios de la sociedad familiar Tres Mares, que gestiona siete balnearios en España, justo un día antes de ser desposeído del cargo de administrador en la junta convocada al efecto. Miguel Mirones se defendió y alegó que la operación de compraventa de la sociedad fue «pactada y acordada» por toda la familia, que consintió en las condiciones establecidas en el acuerdo firmado el 1 de agosto de 2014, en virtud del cual se separaban las sociedades familiares. Él y su hermano Santos se quedaban con Tres Mares, que estaba en situación preconcursal y necesitaba financiación externa que avaló con su patrimonio personal, y los demás hermanos con la sociedad matriz, Balnearios y Hoteles de Cantabria S. L. (Balyho), propietaria de los Apartamentos Aránzazu, de Santander.
Aseguró también que fue «presionado» para acelerar el proceso por sus hermanos, cuyo abogado llegó a amenazarle con expulsarle de todos los puestos de representación si para el 20 de noviembre de ese año, fecha de celebración de la Junta, no había cerrado la operación.
La fiscal, sin testigos y con informes periciales que santificaban la actuación del imputado y decían que el valor de compra de las acciones era «razonable», cimentó la acusación de administración desleal en dos cláusulas del acuerdo que garantizaban a Mirones la devolución del dinero desembolsado si la operación salía mal. Y porque «entre el 1 de agosto, fecha en que se alcanzó el acuerdo, y el 20 de noviembre algo ocurrió para querer cesar a Miguel Mirones como administrador. El acuerdo se rompió», concluyó.
La réplica de la abogada defensora de Mirones, Carmen Sánchez Morán, fue de todo menos tibia. Manifestó la «improcedencia de sostener una acusación pública», que «carece de rigor y raya en el esperpento». «A pesar de que los perjudicados, que no lo son, se han retirado, se arroga de una tutela especial como si fueran menores de edad», censuró a la fiscal, a la que recordó que la Ley de Enjuiciamiento Civil prohíbe ejecutar acciones civiles cuando el perjudicado renuncia. Señaló que imputar a los acusados un delito de administración desleal «porque no le cuadran algunas cosas significa que, a estas alturas, la fiscal no conoce el principio de presunción de inocencia». La letrada aseguró que la compra de acciones fue «válida, eficaz y lícita porque había un concurso de voluntades», y afeó a la fiscal que «haya sometido» a los acusados «a la pena de banquillo, cuando era consciente de que no tenía ninguna prueba para acusar».
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