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Los ecos de la ansiada y polémica renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordada el martes entre el PSOE y el PP tienen también su impacto en Cantabria. La hasta ahora Fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez, ha sido designada como una de ... las veinte vocales del órgano de gobierno del Poder Judicial en España. Jiménez ocupaba el máximo cargo de la Fiscalía en Cantabria desde el año 2015, en el que fue ratificada en 2021.
La jurista cántabra, de perfil conservador y persona cercana a Alberto Ruiz-Gallardón en su día, pertenece a la Asociación de Fiscales (AF) y cuenta con una larga trayectoria profesional. Jiménez se licenció en Derecho por la Universidad de Zaragoza y posteriormente ingresó en la Carrera Fiscal en 1985. Su primer destino fue la Fiscalía Provincial de Sevilla, donde permaneció hasta diciembre de 1988 para después trasladarse a la Fiscalía Provincial de Bilbao. Su llegada a Cantabria tuvo lugar en 1996 para ejercer en Santander. En la capital cántabra ha desempeñado diferentes cargos, desde fiscal delegada de Violencia de Género, fiscal decana de Menores y teniente fiscal hasta su nombramiento como fiscal superior, que tuvo lugar el 13 de noviembre del 2015.
Pilar Jiménez compatibiliza este cargo con el de fiscal delegada de Cooperación Jurídica Internacional. Pertenece a la Red de Fiscales de Cooperación desde 2003 y también asume las delegaciones de Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación y de Víctimas.
Con su nombramiento como uno de los cuatro vocales juristas elegidos por el Congreso, da un paso más en su ascenso en la carrera judicial a nivel nacional. Una trayectoria que estuvo marcada por el acuerdo para renovar el CGPJ en 2013, en el que ya figuraba como vocal suplente a propuesta del Partido Popular.
En el ámbito judicial de Cantabria Pilar Jiménez es considerada como una «buena profesional» con un perfil discreto, alejado del protagonismo mediático. Un carácter que de alguna forma ha transmitido a la Fiscalía cántabra a lo largo de los casi diez años que lleva al frente de este órgano.
Desde que asumió su mandato, destacan fuentes del sector, se ha apaciguado la tendencia que caracterizó a la política cántabra en los años previos, en los que era habitual el cruce de demandas entre Ejecutivos entrantes y salientes en el Gobierno regional. Un aspecto positivo que contrasta con el actual escenario nacional, marcado por el frentismo, la polarización y la constante tensión entre el ámbito político y el judicial.
El desembarco de Jiménez en la Fiscalía cántabra sí coincidió con el periodo más convulso de la historia del club deportivo por excelencia en la comunidad autónoma, el Racing de Santander, acuciado en aquel momento por los problemas judiciales y financieros derivados de la gestión encabezada por Francisco Pernía y Ángel Lavín. La Fiscalía pidió en 2018 seis años de cárcel para Pernía como expresidente del club, y tres años de prisión para su sucesor en el cargo, Ángel Lavín, por la gestión de ambos al frente del mismo.
No fue el único caso o contexto complejo con el que tuvo que lidiar desde su posición al frente de la Fiscalía. Otro de los más destacados fue el del juicio y los recursos del caso del juez Acayro, que tocaron de lleno al ámbito judicial de Cantabria y que lo trascendieron tras llegar las instancias al Tribunal Supremo. Todo ello se produjo a raíz de la condena a cinco años de inhabilitación para el ejercicio del cargo por un delito de prevaricación judicial a raíz de la querella que presentaron el Colegio de la Abogacía de Cantabria y el letrado José María Real hace dos años.
Otro de los aspectos que ha marcado su trayectoria al frente de la Fiscalía cántabra ha sido un problema de carácter estructural en la Justicia española y que, por tanto, que también sufre la cántabra. Se trata del exceso de carga de trabajo y la falta crónica de medios que caracteriza a este sector, circunstancias que entre otras cosas llevaron en 2023 a la propia Pilar Jiménez a tomar la decisión de renunciar a llevar los delitos de odio ante la «elevada carga de trabajo». Dichas competencias recayeron entonces en la fiscal Fátima Polvorosa.
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