El fiscal general pide seguir investigando las órdenes de matar lobos en Cantabria

Para entender esta resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, hay que remontarse hasta el pasado mes de septiembre, cuando el demandante, Ascel, acudió al amparo de la Fiscalía al entender que esa batería de extracciones de lobos que el Gobierno regional quería llevar a cabo –en los enclaves de Sejos, Palombera y El Bardal– debían considerarse nulas porque, a su juicio, contenían «numerosas deficiencias o arbitrariedades». Además, explicaba también en su escrito, obedecían «a la reiterada posición política del consejero de sortear el mandato del Estado» tras la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y el Catálogo de Especies Amenazadas.

Apenas unos días después de presentar aquella demanda, la asociación conservacionista decidió ampliarla al considerar que la Consejería de Guillermo Blanco «mintió» en las alegaciones presentadas a la petición de paralizar las órdenes de muerte a esos ejemplares, justificando determinados daños al ganado que no se reflejaban en la documentación aportada por el Gobierno cántabro.

Una vez estudiada la abundante documentación aportada por el colectivo demandante, Ascel, en la que se incluye, entre otras, una nota interior elaborada por la Unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía, el Ministerio Público, que ha incorporado ese informe, «ha acordado el archivo de las diligencias preprocesales y la remisión de la denuncia y documentación recibidas a la Fiscal Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Cantabria a fin de que continúe la investigación».

Obra así «por no concurrir el requisito de la especial trascendencia que exige el artículo 20.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que el Fiscal General del Estado pueda autorizar a esta unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado que asuma directamente la investigación» sobre esta denuncia.

La decisión del Ministerio Público de 'rebotar' a la Fiscalía de Cantabria la denuncia de Ascel contra el Ejecutivo regional –contra Guillermo Blanco y Antonio Lucio, más en concreto– no ha sido la única novedad emergida durante las últimas horas del campo de batalla en el que se libra la guerra del lobo.

Tal y como ya se informó el jueves, el Parlamento Europeo aprobó en su sesión plenaria del jueves instar a la Comisión Europea a que tome medidas para cambiar el actual estatus de estricta protección del lobo y, por tanto, mitigar los daños que esta especie provoca, sobre todo, a la ganadería extensiva, con el perjuicio al medio rural que conlleva.

Una resolución sobre la que ya se pronunció el mismo día el consejero del área, Guillermo Blanco, que ayer, haciendo una valoración más profusa, lamentó que el Gobierno de España «esté justo en el sentido contrario a lo que plantea el Parlamento Europeo» y pidió «una flexibilización del estatus del lobo en beneficio de la ganadería, frente a lo que ha hecho Madrid».