El fiscal mantiene su petición de 10 meses de cárcel al exlíder de Podemos Cantabria

El recorrido que ha tenido este caso desde que Ordóñez denunció a Blanco (diputado entre 2015 y 2019 y secretario general de Podemos en Cantabria) ha sido cuanto menos atípico. En julio de 2022, la Audiencia Provincial declaró la nulidad del primer juicio y de la posterior sentencia del Juzgado de lo Penal Nº2 de Santander, de febrero de 2020, en la que el magistrado José Hoya Coromina absolvió al exlíder de Podemos de los delitos de los que le acusaba su excompañera de partido.

En la sentencia que fue anulada, el magistrado de primera instancia destacó que ambas partes acudieron ante él con dos versiones «enfrentadas y contradictorias» de los hechos denunciados, y que aunque el relato de Blanco resulta más creíble «por la contundencia de los testigos que depusieron en apoyo de su postura», no puede rechazarse la posibilidad de que todo sucediera según contaron los que acudieron para respaldar a Ordóñez. Ante esta duda y a falta de pruebas más concluyentes, el juez acordó la libre absolución del acusado.

Sin embargo, la Audiencia Provincial anuló esta resolución y el juicio tras examinar las grabación de la vista. «El juez ha adoptado un papel activo y no de mero árbitro en el desarrollo de la pericial, tanto por la extensión como por el contenido de las preguntas efectuadas a los peritos, contraponiendo incluso su propia posición frente a la etiología ratificada por aquellos, con patente reiteración, insistencia e interrupción en sus explicaciones, perdiendo la posición de obligada neutralidad y de ser ajeno al litigio».

Tras esta decisión, se acordó que fuera el Juzgado de lo Penal Nº5 quien se hiciera cargo del nuevo juicio y se señaló para el pasado mes de febrero. Pero la huelga de los letrados judiciales obligó a su suspensión, hasta que se señaló definitivamente para el pasado mes de noviembre. Como en una sesión no pudieron declarar todos los testigos de la causa, la magistrada Adela Morales acordó la celebración de una segunda vista, pero ahí surgió otro problema: compareció una mujer con el mismo nombre y apellidos que una testigo propuesta por la defensa, pero que no tenía nada que ver con el caso.

Este jueves, la testigo que faltaba por declarar, que formó parte del grupo parlamentario de Podemos, ha comparecido por vídeoconferencia y ha asegurado que Ordóñez y Blanco «no se hablaban y se evitaban», pero ha señalado que en las reuniones del grupo «no hubo insultos ni conductas de humillación» del acusado a la denunciante.

Tras esta comparecencia las partes han elevado a definitivas sus conclusiones. Para el fiscal ha quedado clara la «fuerte» y «difícil» personalidad del acusado y ha señalado que la «situación de tensión entre Ordóoñez y Blanco era más que evidente». «El acoso al que sometió a la denunciante la fue minando hasta el punto de que desde Madrid el partido abrió una investigación». Frente a las tesis de la defensa, el representante del Ministerio Público cree que la actitud del acusado «excedió de un juego parlamentario entre dos facciones políticas».

Por su parte, la acusación particular, que reclama también diez meses de cárcel y eleva la responsabilidad civil hasta los 14.627 euros por las gastos de asistencia sanitaria, el daño moral y las secuelas de Ordóñez, ha apuntado que los testimonios ofrecidos por la mayoría de testigos han puesto de manifiesto los hechos por los que acusan a Blanco. Y los peritos han dejado patente que «es prácticamente imposible de fingir el trastorno ansioso depresivo que padece Ordóñez» y que dichos síntomas son compatibles con el «acoso».

De su lado, la defensa mantiene que no ha pruebas que respalden la acusación de la Fiscalía y ha anunciado que en caso de sentencia condenatoria debería aplicarse la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, al transcurrir más de tres años desde que se dictó la sentencia del primer juicio.

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