El fiscal pide 11 años para un empresario por estafar 14 millones a varios bancos

Entre 2008 y 2009, según fuentes de la investigación, los acusados lograron importantes cantidades de dinero de varias entidades bancarias. Utilizaban la cesión de documentos de crédito —endosos, supuestamente a través de amplias líneas de descuento— procedentes de certificaciones de obras públicas del Gobierno de Cantabria, principalmete, así como de los Ayuntamientos de Torrelavega y Miengo. Las certificaciones habían sido previamente «falsificadas», ya que no se correspondían con ningún contrato o el importe no era el real, sino «muy superior», según el fiscal. Luego, cuando los bancos instaban el cobro de las citadas certificaciones a la administración pública en cuestión, se revelaba su invalidez.

Los abogados defensores, durante la sesión de apertura, han expuesto supuestas irregularidades en el proceso judicial y solicitado la retirada del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Miengo como acusación particular. Así, la sala resolverá estas cuestiones previas y se pronunciará sobre ellas este miércoles a las 9.30 horas. Después comenzará el interrogatorio a los procesados. En total, el desarrollo se prevé a lo largo de ocho días, hasta el 12.

El propietario de la constructora Odeman, Germán Mier es quien afronta las acusaciones más graves: once años y medio de prisión. Se le relacionan los delitos de estafa, falsedad documental y alzamiento de bienes por las sociedades creada en 2009. Por los dos primeros, Mier se enfrenta a siete años de cárcel, multa de 9.000 euros e inhabilitación para el ejercicio de cargos de gestión, administración o similares en empresas mercantiles. Mientras tanto, por el delito de alzamiento de bienes el ministerio fiscal pide otros cuatro años y medio, inhabilitación y otra multa de 18.000 euros. En total, 11 años y medio de cárcel y 27.000 euros de multa para él.

La segunda pena más alta que reclama la fiscalía es para Venancio Ortiz, antiguo gestor comercial de Caja Castilla-La Mancha en Albacete. A él se le atribuyen los delitos de continuada estafa y continuado uso de documento falso. Por ello piden siete años de prisión, inhabilitación durante el mismo periodo en el derecho de sufragio pasivo e inhabilitación para ejercer la profesión bancaria o en entidad financiera. Además, se le requiere una multa de 9.000 euros.

Por último, a Josefa Cristina Gómez, esposa de Mier, y Juan José López se les asocia el delito continuado de alzamiento de bienes por las sociedades creadas en 2009. Para ambos, el fiscal pide una pena de cuatro años y tres meses de prisión y multa 18.000 euros. Además, se les inhabilitaría para el ejercicio del cargo de gestor, administrador o similar de una empresa mercantil.

Los 13,9 millones de euros que se les asocian corresponden a 108 certificaciones de obras públicas presentadas a siete bancos diferentes. Por ello, como responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama varias indemnizaciones —algunas millonarias— tanto para Germán Mier como para Venancio Ortiz. Ambos compartirían una indemnización de 9.688,838,24 euros que deben aportar conjunta y solidariamente a la entidad para la que trabajaba el testaferro. Además, individualmente, al empresario se le pide la indemnización de 3,2 millones al resto de las entidades que supuestamente estafó. Por último, la esposa del empresario y el cuarto implicado deberían indemnizar conjunta y solidariamente a una empresa por unos 86.000 euros. Este miércoles comenzarán a declarar tras resolverse las cuestiones previas.