El fiscal pide que Casares declare como imputado en el caso de las firmas falsas

El fiscal recurre así el archivo de la causa acordado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander a finales de diciembre y le pide que practique una serie de pruebas, entre las que se encuentra la declaración en calidad de imputados del portavoz socialista y del decano de la Facultad de Económicas y Empresariales, Pablo Coto. Además, solicita que se realice una prueba pericial caligráfica de las firmas de ambos implicados, y también de la del profesor Manuel Agüeros, que ha llevado el caso ante la justicia, para determinar la autenticidad o falsedad de las rúbricas estampadas en las actas del tribunal académico.

Fuentes próximas al Ministerio Público aclaran que se ha pedido la declaración como investigados de Casares y Coto para que dispongan de las máximas garantías en su comparecencia ante el juez y acudan asistidos de abogado. Según ha podido saber este periódico, Casares se personó el pasado día 2 en el proceso con el abogado Antonio Camacho Vizcaíno, que fue ministro de Interior en 2011 en sustitución de Alfredo Rubalcaba.

El juez Fernando Vegas dio carpetazo a la denuncia sin realizar ninguna actividad probatoria y con el único argumento de que no había autor conocido de la supuesta falsificación, una pobreza argumental que ahora pone en entredicho el fiscal. Y también el profesor Agüeros, que se ha opuesto al archivo y ha presentado recurso de reforma para que se reabra la causa. Al igual que el fiscal, el denunciante pide que se realice una prueba caligráfica de las tres firmas para comprobar su autenticidad y requiere la declaración de los tres profesores, incluida la suya propia, si bien en el caso de Casares y Coto, al contrario que el fiscal, no determina que lo hagan en calidad de imputados.

Tanto el fiscal como la acusación particular, ejercida por Agüeros, están dispuestos a recurrir en apelación a la Audiencia de Cantabria si el juez desestima sus pretensiones.

El caso de la presunta falsificación de firmas en la Universidad de Cantabria fue destapado por Agüeros, que primero presentó una denuncia en la Comisaría de Policía y después se personó en la causa judicial. Según su versión, una persona del entorno de Casares fue contratada por la Universidad de Cantabria mediante la falsificación de las firmas de los miembros del tribunal calificador, integrado por el portavoz socialista, el ahora decano de la facultad de Económicas, Pablo Coto, y el propio Manuel Agüeros. Pero éste no sólo niega que la firma que aparece en las actas sea suya, sino que mantiene que no formaba parte del tribunal de contratación. Ademas, sostiene que la rúbrica de Coto tampoco se corresponde con la del profesor.

Pero Agüeros no está sólo en su acusación, porque según ha podido saber este periódico el pseudosindicato Manos Limpias formuló una denuncia similar que fue turnada al Juzgado de Instrucción número 5. El líder de este colectivo, Miguel Bernad, está acusado de integrar una supuesta trama de extorsión a cambio de retirar acusaciones, como a la infanta Cristina, y de presionar a bancos.

Además, se investiga la existencia de otras tres denuncias por los mismos hechos, todas ellas anónimas, presentadas al mismo tiempo en el rectorado de la Universidad, la Fiscalía de Cantabria y el Juzgado de Instrucción número 1, lo que hace sospechar de una decisión coordinada en distintos frentes para desacreditar a las personas implicadas en las denuncias. Se trata en los tres casos de cartas escritas a ordenador, sin firma ni sello.

Fuera del ámbito judicial, la Universidad de Cantabria abrió su propia investigación interna, unas indagaciones que se mantienen a pesar del archivo judicial, según confirmó el rector Ángel Pazos el pasado miércoles. El máximo responsable de la institución académica subrayó en un acto público a preguntas de los periodistas que «el proceso de investigación que se abrió sigue su curso y, por supuesto, con respeto a todas las decisiones de todos los estamentos que haya, va a seguir ese curso». Pazos confía en que este expediente permitiría «clarificar totalmente cómo se ha producido ese proceso de firmas» del acta del tribunal del selección y «depurar las responsabilidades, si es que se hubiera producido alguna irregularidad».

El caso sacudió de lleno al portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santander y miembro de la Ejecutiva de Pedro Sánchez. Cuando el juez Fernando Vegas dio carpetazo a la denuncia, Casares defendió públicamente su honorabilidad y anunció una demanda contra el periódico digital que desveló las supuestas irregularidades.

Sin entrar en detalles sobre el fondo del asunto, el líder socialista aseguró que tiene la «conciencia tranquila» y negó que se haya contratado con firmas falsas a personas de su entorno. Casares garantizó que su firma en los contratos es auténtica y que no firmó por nadie más. También rechazó que hubieran existido irregularidades en la contratación porque la persona elegida (actual tesorero de la Agrupación Socialista de Santander, la agrupación más grande de Cantabria) fue la que obtuvo «la mejor puntuación» en el proceso y fue la «única» que cumplía «con los requisitos exigidos», que eran los habituales que se piden y «públicos».

En una comparecencia ante los medios de comunicación, el edil socialista señaló que «no ha habido convocatoria a medida ni financiación a medida», y recordó que el contrato no estaba financiado con dinero público. El decano de la Facultad de Económicas, Pablo Coto, también defendió que «el procedimiento de contratación fue objetivo».