El fiscal y el PP piden 8 años de inhabilitación para Puerto Gallego y sus ocho ediles de Santoña

Es la misma pena que solicita el Partido Popular, que se sumó a la acusación, en tanto que quien dio origen a todo el proceso, Calle Pila, eleva hasta nueve años la petición. Sólo queda que los abogados defensores presenten sus escritos de conclusión para fijar la fecha de la vista oral.

En lo político, este proceso salpica de lleno a los dos únicos imputados que permanecen en activo como concejales en el Ayuntamiento santoñés: los socialistas María Antonio Alonso Quintana y Jesús María Valle, ya que Puerto Gallegó dimitió como diputada en el Congreso en septiembre de 2016.

Cuando el pasado mes de septiembre la Audiencia de Cantabria confirmó que el equipo de gobierno de Gallego pudo cometer un delito de prevaricación administrativa por trocear contratos de servicios de mantenimiento y limpieza y adjudicarlos sin concurso previo, a pesar de los reparos «constantes y repetidos» del interventor municipal, los ediles en activo señalaron a este periódico que renunciarían al cargo en el mismo instante en que se abra el juicio oral. Ese momento ha llegado (el auto judicial de apertura de juicio oral está fechado el 15 de noviembre), por lo que tanto Alonso Quintana como Jesús María Valle podrían presentar su dimisión en los próximos días.

La denuncia presentada hace casi una década por el exconcejal del Movimiento Falangista de Santoña Leoncio Calle Pila, a la que posteriormente se sumó el PP, se llevó por delante la carrera política de Gallego cuando el Tribunal Supremo dio a conocer que iba a investigar a la parlamentaria tras apreciar la existencia de indicios de la comisión de un delito de prevaricación. Antes de ser citada a declarar como imputada, la dirigente socialista se reunió con su partido y entregó su acta. Gallego se apartó de todos los cargos y volvió a ejercer la pedriatría.

La exalcaldesa de Santoña dijo entonces que no quería «ensombrecer, en ningún caso, la determinación de los socialistas de promover la regeneración», y encaró su defensa fuera del escenario político. Por aquel entonces, septiembre de 2016, el PSOE llevaba meses manteniendo un duro discurso contra la corrupción con el PP en el punto de mira, un discurso que colocó contra las cuerdas a la cántabra. De este modo, Gallego se retiró de la política activa después de quince años en ese ruedo, al que llegó en 2001 tras la moción de censura al entonces alcalde popular Pedro Luis García.

Precisamente fue su gestión entre 2003 y 2009 la que ahora está bajo el escrutinio judicial. En su escrito de acusación el fiscal sostiene que entre los años citados el equipo de gobierno que presidía Puerto Gallego aprobó por unanimidad el pago de una serie de facturas, principalmente a las empresas Aguas del Norte, Atys S.L., Taesa 2000, Arko S. L. y Limpiezas Veci, «omitiendo la incoación del adecuado procedimiento de contratación, vulnerando los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, y violando también la legislación básica sobre la necesidad de existencia de consignación presupuestaria previa para la realización del gasto».

Además, el Ministerio Público sostiene que los imputados tenían «pleno conocimiento» de que «quebrantaban» la legislación administrativa a través de los «reiterados y expresos reparos» emitidos por el interventor municipal. En ellos, el técnico hizo constar «la ilegalidad que suponía adoptar tales acuerdos, debido a que la facturación aprobada superaba con creces el importe correspondiente al contrato menor». En total, entre 2003 y 2008 el equipo de Gallego aprobó el pago de facturas por valor de 2,5 millones, a pesar de las advertencias de ilegalidad del interventor.