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Hace un par de días, la Asociación Nueva Vida apuntaba que, según datos oficiales, solo el 1,5% de víctimas de trata de personas con ... fines de explotación sexual son identificadas por las autoridades de España, país que se sitúa a la cabeza de Europa en consumo de prostitución y es tercero a nivel mundial. Una situación similar a lo que ocurre en Cantabria, según esta ONG, donde el año pasado únicamente «dos mujeres» fueron identificadas como víctimas de trata sexual y no hubo ninguna de explotación sexual.
Sin embargo, según los datos que recoge la Fiscalía en su memoria del año 2021, en Cantabria había ocho clubs de alterne activos y unos 500 pisos para el ejercicio de la prostitución, 200 más que los que tenía contabilizados en 2020.
El gerente técnico de Nueva Vida, Julio David García, considera que esas cifras «tan bajas» se enmarcan dentro de un sistema de detección e identificación de víctimas que considera «un fracaso». Y advierte de que en la actualidad «varios miles de mujeres víctimas de trata y explotación sexual están siendo esclavizadas en clubs de alterne, pisos particulares, en la calle y en internet a manos de hombres consumidores de prostitución».
A la Fiscalía de Cantabria también le llama la atención la «baja incidencia» tanto del delito de trata con fines de explotación sexual como de los delitos de prostitución en la región, a nivel de causas judiciales y detección de víctimas, «teniendo en cuenta las cifras de clubs y pisos relax con actividad, de las que nos informan las ONG, que en nuestro territorio actúan con mujeres en contextos de prostitución».
15%aumentaron los procedimientos por delitos contra la Administración de Justicia
Según estas organizaciones, en Cantabria existen ocho clubs activos, «si bien no de forma permanente, ya que alternan periodos en que abren y cierran», apunta la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez, en la citada memoria, que cada año presenta en un acto público. «No obstante, que estén cerrados no siempre quiere decir que estén inactivos, ya que a raíz de la pandemia funcionan 'a puerta cerrada', ofreciéndose los servicios sexuales por internet y por teléfono», añade.
Delitos contra la vida. Se abrieron nueve casos (ocho homicidios y un asesinato).
Delitos contra la integridad. Se registró un ascenso del 31,8% por la paralización de la actividad por el confinamiento de 2020
Libertad sexual. Crecen un 24% los casos, aunque de los 273 registrados solo 38 acaban con escrito de acusación
Administración pública. La delincuencia en este ámbito descendió un 18,5%, lo que supone «un cambio de tendencia»
Procedimientos de familia. Aumentaron un 17% hasta los 1.284, de los cuales 645 fueron contenciosos y 639 de mutuo acuerdo
Delitos informáticos. Los tribunales dictaron 21 sentencias, que suponen un «incremento notabilísimo»
Seguridad vial. lSe registraron un total de 3.074 accidentes, una cifra cercana a los 3.197 de 2019
Jiménez manifiesta la «resistencia de las mujeres» a colaborar con las Fuerzas de Seguridad, las «dificultades que los agentes encuentran para acceder a los pisos» y que la aparición de nuevos escenarios de oferta de servicios de prostitución (redes sociales) hace aún más difícil la detección, «pero aun así resulta llamativo que, pese a las inspecciones realizadas por las Fuerzas de Seguridad y la Inspección de Trabajo, sólo se ha identificado una posible víctima de trata en 2021 en nuestra comunidad, y no ha sido en un entorno de prostitución».
En esa memoria de 2021 (de 190 páginas), y dentro del apartado de los asuntos relacionados con la violencia machista, la Fiscalía también destaca, «por lo elevado», el número de procedimientos iniciados por presuntos delitos de quebrantamiento, si bien, se formularon escritos de acusación en 109 ocasiones por ese delito, los mismos que durante el año 2020. «Ha de destacarse el progresivo incremento en la comisión de infracciones propias de la especialidad a través de redes sociales (RRSS) o más genéricamente de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), hecho en los últimos años asociado a la popularización de tales medios de comunicación derivada en gran parte de la situación sanitaria por la pandemia de covid-19». De este modo, el Ministerio Público distingue entre delitos comunes como amenazas, injurias o coacciones, y aquellos otros delitos en los que el uso de estos medios es más específico, como el acoso, los relativos a la indemnidad sexual de menores y especialmente los delitos contra la intimidad, con mención destacada para la difusión no consentida de imágenes íntimas.
200incursiones de migrantes irregulares se detectaron en un día en el Puerto de Santander
«Es destacable al respecto de estos delitos como la familiarización de los menores de edad con estas tecnologías, unida a su menor discernimiento, les hace especialmente vulnerables a estas conductas, que sin embargo pueden ser especialmente graves en cuanto a su desarrollo personal», recoge el informe, que también señala que existen «graves dificultades» en la investigación de esta clase de delitos. Entre otros motivos porque la identificación de los autores del hecho se ve limitada por el uso de los medios tecnológicos (que aportan a los autores una sensación de impunidad) y las restricciones a la adopción de medidas de investigación tecnológica por su afectación de derechos fundamentales como la intimidad o el secreto de las comunicaciones, que obliga en este ámbito a juicios de ponderación de difícil resolución en ciertos casos.
26%crecieron los procedimientos tramitados por delitos contra la salud pública
Respecto a criminalidad informática, se ha confirmado la progresiva multiplicación de los delitos investigados en esta área, que ya se venía observando en los últimos años. En 2021 se produjeron 39 calificaciones y se dictaron 21 sentencias, datos que suponen un «notabilísimo incremento» en los procedimientos tramitados por la especialidad.
En cuanto a la llegada de migrantes de forma irregular, la fiscal delegada de Extranjería, María Ángeles Sánchez, señala que la situación «se ha agravado de nuevo de forma alarmante» con el alzamiento de las restricciones, hasta el punto de que según los datos del GOE (Grupo de Operaciones Especiales), en 2021 se contabilizaron hasta 200 incursiones en un solo día en el Puerto de Santander. Sin embargo, gracias a las concertinas, cuya implantación y mantenimiento ha generado polémica, parece que ese problema se ha paliado.
La Fiscalía ha detectado en 2021 una reiterada aparición de criptomonedas en el curso de investigaciones, en ocasiones como objeto mismo de la estafa a través de falsas plataformas de inversión, o como una forma de agotamiento del delito al destinar el dinero defraudado a la compra de activos digitales de difícil rastreo e imposible recuperación. «Esta cuestión sigue estando sin resolver porque seguir el curso del dinero resulta complejísimo por el uso de wallets o monederos virtuales de personas interpuestas, radicadas siempre en el extranjero».
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