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El Parlamento de Cantabria desarrolló una investigación sobre el caso Ecomasa que finalizó hace mes y medio. Entre las conclusiones a las que llegó la comisión de investigación, el PSOE calculaba que hay 12 millones de dinero público «perdidos en el entramado empresarial», mientras ... que el PRC apreciaba una estafa de 21,2 millones en Ecomasa «con la connivencia del Gobierno de Ignacio Diego». El propio expresidente se consideraba «máximo responsable político» del proyecto fallido. No obstante, el PP consideró «probado» que la actuación pública en Ecomasa había sido «intachable». Finalmente, los rivales políticos del PP aprovecharon su mayoría en el Parlamento para elevar las conclusiones de la comisión de investigación a la Fiscalía, en busca de abrir un proceso judicial.
Finalmente, tal y como vaticinó el portavoz del PP en el Parlamento, Eduardo van den Eynde, la Fiscalía ha archivado las diligencias abiertas bajo el impulso del Parlamento porque ya hay abierta una investigación penal sobre este asunto a raíz de la querella que presentó el comité de empresa. Así informa, en una resolución con fecha del 14 de junio, la fiscal superior, Pilar Jiménez Bados.
La fiscal explica que están personadas en ese procedimiento las representaciones de Sodercán e ICAF (empresas públicas del Gobierno de Cantabria), que aportaron fondos públicos al proyecto, y agrega que la primera de ellas ya presentó una denuncia en la Fiscalía que se archivó. Para la fiscal, los intereses del Gobierno de Cantabria «se hallan por tanto plenamente representados».
El portavoz parlamentario del Partido Popular, Eduardo Van den Eynde, ha mostrado su satisfacción por la decisión de la Fiscalía. «Ha pasado lo que tenía que pasar», ha dicho el diputado del PP, ya que como explicó en reiteradas ocasiones a lo largo de las comparecencias de dicha comisión, «en el caso de Ecomasa ya había abiertas diversas causas judiciales, con lo que los trabajos de la comisión no iban a servir para hacer lo que ya estaba haciendo la Justicia, que es quien debe ocuparse de instruir y juzgar presuntos hechos delictivos».
Además, tal y como ha recordado, a pesar de la voluntad de algunos grupos parlamentarios de tratar de generar un relato de presunta corrupción de responsables políticos del anterior Gobierno de Cantabria, «ni una sola persona, empezando por el expresidente Diego, así como por el resto de altos cargos de su gobierno, ha recibido reproche penal alguno».
En su opinión, especialmente desde los grupos que apoyan al Gobierno de Revilla, «se ha tratado de establecer un cierto paralelismo entre los casos de GFB y Cantur, y el de Ecomasa, y no tienen nada que ver». Así, según ha recordado, tanto en GFB como en Cantur (que luego derivó en el caso Racing), las comisiones de investigación parlamentarias enviaron a la Fiscalía conclusiones que supusieron el inicio de causas judiciales, y que posteriormente derivaron en responsabilidades penales, caso de la inhabilitación del exconsejero de Industria socialista Miguel Ángel Pesquera.
«No olvidemos además que dos ex altos cargos de Revilla, el señor Marcano y el señor Higuera, siguen ambos inmersos en procedimientos judiciales, en el caso del segundo con una sentencia en contra. Es decir, algo diametralmente opuesto a lo que ha sucedido en Ecomasa, en donde sí, todos coincidimos que fue una inversión fallida, pero hasta ahí, ningún miembro del anterior Gobierno de Cantabria cometió irregularidades, tal y como ha ido determinando la justicia».
Por todo ello, para Van den Eynde se cierra una comisión de investigación «ruinosa para sus promotores, que fueron a por lana y han salido trasquilados, pero que le ha venido muy bien al Partido Popular, ya que con la decisión de la Fiscalía, queda patente que como dijimos desde el minuto uno de la comisión, nada nuevo íbamos a aportar a un caso que ya estaba juzgándose en los tribunales, y así ha sido finalmente».
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