La Fiscalía estaba investigando el pago por la empresa pública Sogiese -participada por el ... Gobierno de Cantabria- a dos directivos y a otros tres empleados de 90.000 euros por encima de lo permitido por la ley entre 2012 y 2015 y el incumplimiento de la normativa que obligaba a reducir un 5 % su masa salarial.
El Ministerio Fiscal abrió diligencias a instancias del partido Ola Cantabria, que trasladó esta cuestión al organismo público, tras un informe del exinterventor general Gabriel Pérez -que hace cerca de un mes fue cesado por el consejero de Economía, Juan José Sota- y que incluía una dura reprimenda tanto a Economía como a Sogiese por su «inexistente» colaboración en la investigación. El alto funcionario cuantificaba en 90.000 euros el dinero «abonado indebidamente» por la empresa pública a cinco de sus empleados, dos de ellos directivos, durante cuatro años, además del incumplimiento de tres leyes y la ausencia de informes que avalen otro incremento salarial, el del gerente, producido en el año 2009. El documento resolvía que estos trabajadores y la entidad debían devolver los 90.000 euros a la Tesorería.
En sus inicios, el director gerente y la directora del Secretariado Técnico Conjunto cobraban lo mismo, 61.800 euros brutos anuales, pero el primero llegó a un acuerdo con el entonces presidente del Consejo de Administración, sólo nueve meses después, para aumentar su nómina hasta los 63.000 euros. Es decir, 100 euros más al mes.
La Fiscalía ha explicado a Efe que las diligencias de investigación se han archivado porque se ha aportado una acreditación de la Comisión Europea y porque la autoridad nacional del programa Feder, que financia el presupuesto de Sogiese, ha certificado que los fondos que aportaba incluían los gastos de personal.
Además, la Fiscalía ha tenido en cuenta que el Consejo de Gobierno de Cantabria autorizó que el personal adscrito a esos fondos Feder tuviera un salario que pudiera superar el tope establecido en la ley autonómica.
El 'caso Sogiese', que llegó al Parlamento y se saldó con el posterior cese de la exdirectora general de Economía y Asuntos Europeos, Inmaculada Valencia, provocó la discrepancia entre Economía e Intervención y obligó al Gobierno de Cantabria a aprobar un acuerdo de excepcionalidad para dar luz verde a los sueldos por encima del límite. El gabinete de Miguel Ángel Revilla zanjó la polémica con su propio órgano fiscalizador con absoluta discreción el 1 de septiembre de 2016, al dar luz verde a un acuerdo que permite que la retribución anual del personal de la Secretaría Técnica Conjunta del Programa de Cooperación Transnacional de la Unión Europea, adscrito al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, «supere los topes establecidos», para cada una de las categorías, así como la adecuación del salario del gerente de Sogiese al del resto de directores de empresas públicas.
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