La Fiscalía archiva las diligencias por los tuits del Consejo de Estudiantes de la UC

La Fiscalía de Cantabria ha archivado las diligencias incoadas por la difusión de unos tuits en la cuenta oficial del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria (CEUC) que fueron denunciados como homófobos y que recibieron la condena de numerosos representantes de la sociedad cántabra, al no apreciar delito penal, si bien deja la puerta abierta a que el caso se resuelva por la vía administrativa, que ha reabierto ya la propia UC.

A raíz de la denuncia, y una vez identificado el presunto autor de los mensajes lanzados desde la cuenta del CEUC el pasado enero, en plena campaña electoral para renovar los cargos del órgano de representación de los estudiantes de la UC, el Ministerio Público abrió diligencias de investigación y, tras su tramitación, han sido archivadas, según ha informado la Fiscalía a Europa Press.

Todo comenzó con el uso de la cuenta del CEUC para lanzar mensajes calificados como «ofensivos», «intolerables», instigadores de «acoso psicológico y 'lgtbifobia'» o «mensajes de odio» por asociaciones, partidos políticos, sindicatos e internautas. Una de las entradas señalaba lo siguiente: «Si vuestra capacidad se limita a decir vaguedades, hacer trampas e intentar difamar con cuentas en las que no dais la cara (literalmente) que no os sorprenda que llevemos tres años sacando mayorías absolutas. Tampoco es que uno pueda esperarse mucho sabiendo quienes sois». En él nombraba a dos personas e iba acompañado de la imagen de una mujer obesa y desnuda frente al ordenador rodeada de comida y con la bandera LGTBI de fondo.

No obstante, según recuerda Europa Press, el autor de dicho tuit continuó utilizando la cuenta para responder con ironía todos los mensajes de denuncia, entre ellos de dirigentes políticos. Ante las críticas y a petición del rector, Ángel Pazos, la dirección del CEUC borró decenas de mensajes y pidió escuetamente disculpas a las personas ofendidas.

La UC acordó abrir un expediente de información reservada para esclarecer los hechos y las responsabilidades personales que pudieran derivarse de ellos y, además, declaró que se reservaba el derecho de iniciar las acciones legales oportunas en el ámbito penal por «delitos de odio» ante la Fiscalía que, una vez determinada la autoría de los mensajes, abrió y tramitó diligencias de investigación, que ahora se han archivado.

A partir de este momento, la UC, que estaba a la espera de que el Ministerio Público determinase si había o no delito de odio, puede avanzar en la toma de medidas disciplinarias.

Por otro lado, este asunto no solo se ha circunscrito al ámbito universitario, sino que el Parlamento instó hace unos meses al Gobierno de Cantabria a que tomara medidas. En respuesta a la petición, la Consejería de Inclusión Social ha indicado que «la Administración autonómica se encuentra a la espera de conocer las conclusiones que se puedan derivar del procedimiento iniciado para actuar».

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