La Fiscalía dice que 40 inmigrantes ocupan el edificio abandonado de Nueva Montaña

Los fiscales, en general, destacan que «la cifra de peticiones de internamientos en CIE para ejecución de expulsión administrativa, un total de 15, ha sido contrastada con los datos policiales y es coincidente» (hablamos de 2020). Pero, al mismo tiempo, aclaran que, de «la particular situación que existe en la ciudad de Santander» hubiera sido «lógico inferir un aumento más relevante de las solicitudes de expulsión del que realmente se ha producido». Y se atribuye, básicamente, al «paréntesis» provocado por la normativa del estado de alarma.

15peticiones de internamiento en CIE para ejecución de expulsión durante 2020 en Cantabria.

Es el arranque de su relato sobre la situación de los albaneses. «Se viene arrastrando desde los últimos años y se ha incrementado paulatinamente a raíz de las medidas de protección que se han adoptado en puertos de provincias colindantes (fundamentalmente, Bilbao), y que han producido el traslado a nuestra ciudad de muchos de estos ciudadanos con el consiguiente aumento de las intrusiones en el puerto de Santander para aprovechar la ruta del ferri a Gran Bretaña» -siempre referido a 2020-. Ahí destaca que, ya hace tiempo, «la mayoría de la población flotante de origen albanés en Santander» comenzó a refugiarse en el edificio abandonado. «En condiciones totales de insalubridad y falta de higiene» y «con riesgo incluso para su integridad». El documento explica que esto ha dado lugar a intervenciones de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (BPEF) «e, incluso, a la denuncia de un particular, que culminaron con el intento de tapiado y sellado del edificio por parte del Ayuntamiento, que finalmente no pudo llevarse a cabo».

A partir de ahí se centra en los meses de confinamiento y restricciones más duras. Y habla de problemas «dada la ausencia, por parte de estos ciudadanos, de voluntad de cumplir las medidas de confinamiento». «Las intrusiones en el puerto -prosigue- continuaron porque, aunque con menos intensidad, el tráfico de mercancías a través del ferri no cesó». Habla del riesgo potencial de contagio que suponía «la presencia de estas personas deambulando por la vía publica», sobre todo para los agentes «que reiteradamente tuvieron que actuar ante los quebrantamientos del confinamiento». Incluso, de la «alarma social» que suponía, «siendo un colectivo que, por su propia situación de precariedad y necesidad, se ven abocados en muchas ocasiones a la comisión de actos delictivos».

Cuenta que las actuaciones a «finales del mes de abril y primeros de mayo» se centraron en «suministrar sustento básico por parte de Cruz Roja» a las 35 personas -da esa cifra aproximada- instaladas en esa etapa en el edificio. Eso y «contactar con organismos competentes (Gobierno de Cantabria, Prevab) y con la propia Comisaría General de Extranjería y Fronteras para intentar gestionar la repatriación de los que quisieran regresar a su país y a buscar a través de ONG alternativas habitacionales». Pero, según el documento (no se cita la estancia de varias de estas personas en el monasterio de Soto Iruz -cedido por el Obispado-), «ninguna de las iniciativas prosperó, al tratarse de personas muy problemáticas, con comportamientos disruptivos y nula voluntad de adaptación». Y justo ahí explica que en la actualidad son 40 varones los que permanecen en el inmueble abandonado.

30personas trasladadas al monasterio de Soto Iruz en el confinamiento. Ocho se fueron.

La Fiscalía, en este punto, se centra en aspectos legales. Explican que «los intentos de que la actividad de intrusismo y polizonaje, así como el reiterado incumplimiento de las medidas de confinamiento» no encajaban en los procedimientos sancionadores. O que las «expectativas» creadas en los últimos años con las reformas normativas «no se están cumpliendo». «La excepción de 'arraigo' sigue operando como limite a la expulsión, del mismo modo que lo hacía antes de la reforma». Es más, en el caso concreto de los albaneses, la BPEF advierte de las dificultades que encuentra «a la hora de tramitar la expulsión ya que solicitan asilo de modo fraudulento, como procedimiento para retrasar sus expedientes sancionadores».

En el texto se afirma que en 2020 no se incoaron procedimientos penales para la desarticulación de grupos organizados dedicados a ayudar o promover la inmigración ilegal. Pero se añade que «las Fuerzas de Seguridad ponen de manifiesto que las actuaciones de desarticulación de redes siguen activas». «Es imprescindible -prosigue- que así sea, tal como lo revela un reciente incidente entre ciudadanos albaneses que al parecer estaban exigiendo dinero a otros compatriotas para poder acceder a camiones de la zona portuaria. El conflicto terminó en una reyerta con apuñalamiento. Los autores del hecho huyeron a Francia, donde fueron detenidos y puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Santander».

Del mismo modo, la Fiscalía recuerda que para marzo de 2020 estaba fijada la vista de un caso por un presunto delito continuado de ayuda a la inmigración ilegal con agravante de organización (y también por delito contra la salud pública). «Se acusaba a dos ciudadanos albaneses, otros dos marroquís y cuatro españoles por organizar viajes a migrantes procedentes de Albania con destino a Gran Bretaña ocultos en camiones o caravanas, tanto embarcados en el ferri como por carretera». La vista -había dos acusados en prisión provisional- tuvo que retrasarse a mayo porque uno de los letrados dio positivo en covid. «Se trataba de un juicio con ocho acusados y 22 testigos, planteando las defensas su interés en que se llegara a una conformidad con el fin de no celebrar el juicio ante el riesgo para la salud que suponía la presencia en sala de tantas personas durante tres días y la alta probabilidad de que hubiera que suspender por el hecho de que algún testigo no pudiera acudir debido al covid o a las restricciones de movilidad entonces vigentes, admitiendo los máximos responsables del grupo penas de cuatro y cinco años de prisión, y los colaboradores esporádicos de un año (es el caso de los conductores de caravanas), conformándose también el acusado por tráfico de drogas a seis años de prisión».