La Fiscalía estima que en Cantabria hay más de 300 pisos dedicados a la prostitución

Es precisamente Nueva Vida (hoy leerán un manifiesto en el Parlamento con la Red Cántabra contra la trata y la explotación sexual) la fuente para reflejar en el informe «que el alquiler de estos pisos se ha ofertado en muchas ocasiones en Airbnb, y que los propietarios tienen perfecto conocimiento del uso que se está haciendo de las viviendas». Más aún, que todo esto, unido al silencio de los vecinos, «que callan por miedo a las consecuencias de denunciar», está generando en los proxenetas «sensación de total impunidad».

La Memoria hace un relato de lo sucedido durante los meses más duros de la pandemia tras recabar información de las ONG, las Fuerzas de Seguridad del Estado, la Inspección de Trabajo o el Gobierno de Cantabria. «El cierre de los clubes de alterne y prostitución al amparo de la resolución de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria de 18 de junio de 2020 sobre medidas sanitarias aplicables durante el periodo de la nueva normalidad, planteó problemas de ejecución». Fue complicado llevarlo a la práctica. Según el texto, los responsables de los negocios alegaban contar con licencias de apertura para la hostelería y otras actividades. Pretendían quedar fuera «del ámbito de aplicación de la norma». O sea, evitar el cierre.

Así que el asunto se solucionó con un golpe de autoridad después de varios meses. «La cuestión se corrigió a través de una nueva resolución de la Consejería, de 7 de septiembre de 2020, por la que se acordó que deberían permanecer cerrados en todo caso los clubes de alterne o prostíbulos con independencia de la licencia bajo la que desarrollaran su actividad».

Pero la pandemia y las restricciones tuvieron otras consecuencias el año pasado en este ámbito. Las instituciones de ayuda tuvieron también que modificar sus protocolos de funcionamiento. Disminuyeron las visitas presenciales de estos colectivos de apoyo a clubes o pisos. No podían acudir. Así que las cambiaron por asesoramiento telefónico o a través de videollamadas. Y lo mismo pasó con las inspecciones de control a cargo de los cuerpos policiales o la Inspección de Trabajo para detectar irregularidades.

De hecho, la Dirección General de Igualdad y de la Mujer, «en desarrollo del Plan de Contingencia para atender a las necesidades derivadas del confinamiento, habilitó diversos recursos destinados a atención, información y también habitacionales, si bien sin necesidad de crear recursos nuevos, ya que la Ley Cántabra de Violencia de Género incluye a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual».

¿Qué hicieron? Una reserva de apartamentos para 200 noches y para un servicio de cátering en previsión «de que las mujeres que se viesen obligadas a abandonar los clubes en los que residieran contaran con una alternativa habitacional». Sin embargo, el balance no fue el esperado. Sólo seis mujeres fueron atendidas ( y es evidente que eran muchas más).

La explicación a esta escasa respuesta vino de fuentes policiales, tal como recoge el documento de la Fiscalía. «Aunque los clubes dejaron de funcionar 'aparentemente' como tales en virtud de la resolución del Gobierno autonómico, muchas de las mujeres que residían en los mismos permanecieron en ellos, desde donde habrían podido seguir recibiendo clientes que contactaban con ellas por teléfono», recoge la Fiscalía. Eso, unido al aumento de traslados de mujeres a los pisos, lleva a cualquiera a concluir que la actividad se siguió ofreciendo y consumiendo, aunque fuese de otra manera.

Con un problema añadido. La Fiscalía, tras recoger los relatos de todos los que participan en la ayuda o el control, destaca «las dificultades para actuar en los pisos, en los que el acceso termina dependiendo siempre del consentimiento de los ocupantes, coincidiendo en que las condiciones de las mujeres pueden llegar a ser mucho peores en estos lugares que en los clubes».

«La impunidad con la que se actúa -prosigue el texto- para explotar a las mujeres y traficar con sustancias estupefacientes, amparándose en que son domicilios, es una cuestión que es preciso abordar con carácter urgente para buscar vías de solución, y la Fiscalía debe adoptar sin duda una posición activa en el estudio de los aspectos jurídicos de este problema».

Según relata la Memoria, en octubre de 2020 desde la Dirección General de Igualdad y la Mujer, y ante este panorama, se convocó «un Protocolo Interinstitucional en materia de violencia de genero con el fin de continuar inspeccionando los clubes y conseguir cerrarlos». En paralelo, se iniciaron «campañas destinadas a mujeres en entornos de prostitución y profesionales relacionados con su atención. En la práctica: guías, tarjetas de visita y un video difundido en YouTube.

Además, se adelanta que se está «proyectando» el diseño de «un itinerario formativo para estas mujeres» (un proyecto abierto a otras instituciones), así como «un Plan de Intervención con cargo a los fondos de recuperación de la UE». La idea es darles cobertura y, más allá de eso, «fomentar cambios normativos desde posiciones abolicionistas».

Desde las ONG, por su parte, «se demanda una agilización de los trámites administrativos para la obtención de la residencia legal de las víctimas de trata». «Algunas, incluso después de que haya recaído sentencia condenatoria contra sus tratantes o explotadores, siguen todavía con tarjetas provisionales de residencia cuya validez caduca antes de que les concedan la tarjeta de residencia inicial, quedando en situaciones de ilegalidad».

La Fiscalía destaca la labor de estos colectivos (y cita a la Red cántabra contra la trata) por su labor en materia de sensibilización, «en particular con adolescentes, mediante talleres, charlas y actividades en colegios e institutos». La Fiscalía define esta actividad como «esencial». ¿Por qué? Porque «se detecta que el consumo de prostitución cada vez se lleva a cabo por hombres más jóvenes, por lo que las campañas de publicidad y en medios resultan muy necesarias».