La Fiscalía fijará el 27 de junio los delitos que imputa en el 'caso Obras Públicas'
La magistrada Mercedes Compostizo ha señalado para ese día la comparecencia en la que las acusaciones tendrán que concretar los cargos sobre los 11 investigados
La titular del Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander, Mercedes Compostizo, ha señalado para el próximo 27 de junio la comparecencia en la que las acusaciones tendrán que desvelar qué delitos imputan a los once investigados en el 'caso Obras Públicas', el de la supuesta adjudicación a dedo de obras en carreteras a cambio de mordidas.
La magistrada convoca este vista días después de transformar en procedimiento del tribunal del jurado las diligencias previas que se siguen contra once personas y cuatro mercantiles.
En un auto dictado el 15 de mayo, la magistrada expuso que los hechos que viene investigando «revisten los caracteres, salvo ulterior calificación, de presuntos delitos de falsedad documental, blanqueo de capitales, fraude en la contratación y cohecho». Y añadía que «estos dos últimos se encuentran dentro de la relación de delitos del ámbito competencial del tribunal del jurado», y que los delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales también resultan de su competencia por ser «delitos conexos a los anteriores».
Por tanto, la magistrada emplazó a los investigados, a la Fiscalía y a las demás acusaciones personadas a la comparecencia que prevé la Ley del Jurado para concretar la imputación. Esa comparecencia ya ha sido señalada para el 27 de junio tras encajar las agendas de las partes personadas.
Tal y como recoge el artículo 25 de la ley que regula el procedimiento del tribunal del jurado, en la citada comparecencia la instructora comenzará por oír al Ministerio Fiscal y, sucesivamente, a las acusaciones personadas –en este caso el Gobierno de Cantabria y la Asociación de Constructores y Promotores (ACP)–, quienes concretarán la imputación. Seguidamente, oirá a los letrados de los investigados, quien manifestarán lo que estimen oportuno en su defensa y podrán instar el sobreseimiento, si hubiere causa para ello, conforme a lo dispuesto en los artículos 637 ó 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En sus intervenciones, las partes podrán solicitar las diligencias de investigación que estimen oportunas.
1, 5 millones de euros
En su informe de conclusiones, la UDEF de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera cifraron en, «al menos, 1.523.637 euros» las supuestas 'mordidas' que habría recibido el entorno familiar del funcionario de Obras Públicas por favorecer a los empresarios en la obtención de licitaciones públicas.
Para llegar a esa cantidad, los investigadores sumaron los 664.109 euros de la «actividad simulada» de realización de fotocopias entre 2020 y 2023 por parte de la familia del funcionario; los 144.353 euros procedentes de una supuesta intermediación inmobiliaria; 59.427 euros del cobro de nómina de Beatriz del Río «sin realizar una actividad laboral» entre 2019 y 2023: los 529.400 euros de dinero en efectivo que se hallaron en casa del funcionario; y el valor de regalos y favores entre 2017 y 2018, estimado en 110.241 euros, así como los 16.100 euros del valor del arrendamiento del Volvo XC40 del que disfrutó el exjefe de Carreteras, durante casi dos años (de 2020 a 2022).
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