Fiscalía y Gobierno se oponen a la puesta en libertad del funcionario de Carreteras

Según han desvelado a El Diario Montañés fuentes cercanas a la investigación, el fiscal encargado de este caso, Jesús Alaña, se ha opuesto a la petición de la defensa, al entender que se mantienen las mismas circunstancias que motivaron el ingreso en prisión del investigado, al que se le imputan cinco delitos: cohecho, fraude en la contratación, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental.

En la misma línea, el Gobierno de Cantabria, que ejerce la acusación particular, también se opondrá a la petición del funcionario de Carreteras.

En el escrito en que solicita su libertad, de hace unos días, la defensa alega que no hay riesgo de fuga, entre otros motivos, porque tiene sus cuentas intervenidas. Además, apunta que con la pensión que le pasan de 3.500 euros al mes a su familia -llegaron a pedir 5.000- «queda demostrado que su situación económica es difícil».

Por otro lado, la defensa sostiene que no hay riesgo de destrucción de pruebas ya que tras los tres meses que su cliente lleva en la cárcel «ha dado tiempo suficiente para asegurar las pruebas aportadas». Asimismo, el letrado de Miguel Ángel Diez descarta la posibilidad de una supuesta reiteración delictiva, teniendo en cuenta que su representado ya no trabaja en la Consejería de Obras Públicas -está suspendido de funciones-, con lo que no puede intervenir en los expedientes de contratación del departamento de Carreteras al que estaba adscrito.

El exjefe de Carreteras también ha trasladado a la jueza que está teniendo «dificultades» para obtener documentación, entre otras cosas, por su situación de prisión y por la «demora» de las administraciones tenedoras de documentación y declaraciones fiscales en la concesión de citas previas. Su intención es elaborar un informe económico que contradiga a los emitidos por la Agencia Tributaria sobre su incremento patrimonial, ya que defiende que no tiene ningún vínculo con los hechos investigados.

Antes de que resuelva la petición, pueden pronunciarse el resto de partes del proceso, entre ellas la acusación popular que ejercen la Asociación de Constructores y Vox. Pero ninguno de los dos tiene previsto pronunciarse sobre la solicitud.

En el auto en el que decretó su ingreso en prisión el pasado 24 de febrero, que ratificó después la Audiencia Provincial, la jueza consideró que «la gravedad de los hechos que se atribuyen al investigado y las elevadas penas que se le podrían imponer de ser condenado, atendidos los sólidos indicios de comisión delictiva existentes respecto del mismo, determinan un importantísimo peligro de fuga y de que el detenido intente eludir la acción de la justicia». Y más, señalaba la instructora, «por su importante capacidad económica y su condición de titular de cuentas bancarias abiertas en el extranjero».

Por eso, la jueza atendió la solicitud del fiscal y acordó la medida cautelar de prisión provisional «como único medio de evitar que el detenido pueda sustraerse a la acción de la justicia, evitando igualmente con la medida solicitada la reiteración delictiva y el riesgo de que el investigado pueda actuar destruyendo medios de prueba».

Disconforme con la decisión, el funcionario recurrió en apelación, pero la Audiencia Provincial ratificó la medida de la instructora. El tribunal desestimó el recurso presentado por la defensa al existir «riesgo de fuga» y «de ocultación y destrucción de pruebas».

Sobre el riesgo de fuga, la Sección Primera consideró que, «pese a los avances que se han pretendido introducir en materia de cooperación internacional, siguen existiendo posibilidades de colocarse fuera de la acción de la justicia una vez traspasadas las fronteras nacionales».