La Fiscalía imputa fraude en la contratación y cohecho a los investigados en el 'caso Gesvicán'

El representante del Ministerio Público dio a conocer los cargos que imputa a los cinco investigados en el transcurso de la comparecencia celebrada ayer en el Juzgado de Instrucción Nº2 de Santander, cuyo titular es el magistrado Miguel Ángel Agüero, emitió hace unas semanas un auto en el que acordó que un jurado popular sea el encargado de juzgar este asunto, teniendo en cuenta que los delitos que se imputan son competencia del tribunal del jurado, de conformidad con la Ley Orgánica 5/1995.

Por su parte, el Gobierno de Cantabria –que está personado en el procedimiento como acusación particular– también imputa a los cinco investigados los mismos delitos que la Fiscalía, mientras que Gesvicán –considerado por el juez como responsable civil subsidiario– ha solicitado que se le tenga personado como perjudicado, de ahí que haya recurrido la decisión del instructor.

En su caso, la letrada del Ejecutivo regional amplió ayer de tres a seis las obras en carreteras en las que los técnicos de Gesvicán y los empresarios se habrían puesto de acuerdo para amañar los contratos. Se trata del acondicionamiento y ampliación de plataforma de la carretera CA-641 de acceso a la Carcoba (2018), el acondicionamiento de la plataforma CA-403 Parbayón (2019), obras de urgencia para la reparación de deslizamiento del túnel a la carretera CA-604, acceso a Gamonal (2019), mejora de la plataforma autonómica CA-643, San Roque de Riomiera-Puerto de Lunada CA-264-La Concha (2019), mejora de trazados y ampliación de la plataforma CA-322 de Mogro (2022) y la construcción y mantenimiento de elementos funcionales urbanos e interurbanos anexos a las carreteras autonómicas (2020).

Esta ampliación en las obras supuestamente fraudulentas se apoya en la documentación que los servicios jurídicos del Gobierno regional ha recabado del 'caso Obras Públicas' (que dio origen a esta causa). En concreto, se sustenta en una serie de mensajes de WhatsApp entre los hermanos Celis y el exjefe de Carreteras, Miguel Ángel Diez, en los que hacen referencia con nombres y apellidos a los dos técnicos de Gesvicán, principalmente a Eduardo Suengas.

Además, la letrada del Ejecutivo hizo mención a un documento que se extrajo de los ordenadores de Rucecan, en el que aparecían una serie de pagos a E.S. (siglas que corresponderían al técnico anteriormente señalado) y que se ajustaban a las cantidades a las que se hacían referencia los hermanos Celis y Diez.

De su lado, los letrados de los investigados reclamaron ayer al juez, como era de esperar, el sobreseimiento de la causa, al tiempo que han recurrido al auto en el que acuerda que el caso lo juzgue un jurado.

A la espera de que el instructor resuelva los diferentes recursos, lo cierto es que la instrucción de este caso va muy por delante de la causa principal en la que hay una decena de investigados y además de las empresas. Mientras que la instructora del 'caso Obras Públicas' aún tiene pendientes de practicar algunas testificales y se prevé después que las defensas presenten nuevas periciales, el 'caso Gesvicán' está muy cerca de la fase en la que las acusaciones presentan su escrito provisional de calificación de los hechos, con las correspondientes peticiones de pena.

A partir de ese momento, el instructor estaría en condiciones de acordar la apertura de juicio oral y, con los escritos de defensa, ya podría mandar la causa a la Audiencia Provincial para que señale la vista con tribunal del jurado.