Las irregularidades en los contratos que han removido los cimientos del Servicio Cántabro de Salud los últimos meses puede acabar en los tribunales. La Fiscalía ve indicios de delito en la gestión de la Consejería de Sanidad y remitirá el caso al juez, en concreto, ... aprecia fundamentalmente, posibles casos de prevaricación administrativa, alguna falsedad documental y una malversación de caudales públicos.
Quien ya se ha pronunciado es la propia consejera de Sanidad, María Luisa Real, quien ha asegurado que no va a dimitir y que las posibles responsabilidades que se puedan derivar están «solventadas» con las dimisiones que se han producido ya. Según ha podido saber este periódico, la consejera queda fuera de la investigación, en principio, y la denuncia no va dirigida contra ella.
Tanto el PP como Izquierda Unida presentaron sus denuncias a principios de mayo, poco después de que se hiciera público el correo electrónico que la jefa de Contratación del SCS remitió a la consejera de Sanidad, meses antes, en concreto el 8 de febrero, denunciando irregularidades en su departamento. Ambos partidos veían indicios de presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y usurpación de funciones.
Estos hechos, que ya provocaron la dimisión de los dos máximos responsables del SCS, fueron tachados de «irregulares» por la Intervención del Gobierno regional, con fraccionamiento de contratos con la finalidad de disminuir la cuantía de los mismos y así eludir los requisitos de publicidad y los relativos a los procedimientos de contratación que corresponden. Este organismo también verificó la existencia de ineficiencias en la contratación, la recepción de obras y suministros con empresas con carácter previo a la finalización de los trabajos contratados o el uso, por parte de la Administración, de bienes que aún no han sido recepcionados, y bienes de los que no consta que se haya efectuado la preceptiva acta de recepción.
Real ha asegurado que el Gobierno de Cantabria «no tiene absolutamente ninguna notificación» sobre la decisión de la Fiscalía. De todos modos, la consejera ha insistido en su argumento, al igual que en ocasiones anteriores, de que las responsabilidades por este caso están «solventadas» con las dimisiones del exgerente del SCS, Julián Pérez Gil, y del exsubdirector de Gestión Económica de ese servicio, Francisco Javier González.
«Yo sigo diciendo exactamente lo mismo, en el caso de que finalizadas las diligencias se derivase alguna responsabilidad, ésta ha sido suficientemente solventada con los ceses en sus puestos de trabajo del directo responsable de la contratación administrativa, que es el subdirector y de su jefe inmediato, que es el gerente del Servicio de Salud», ha incidido Real.
Desde que se hicieron públicas las denuncias de la funcionaria, los partidos de la oposición han venido reclamando la dimisión de la consejera de Sanidad, que ha negado en todo momento que se hubiesen cometido ilegalidades en las contrataciones.
El Parlamento de Cantabria aprobó las resoluciones que presentaron los grupos en el último debate del estado de la región reclamando el cese de Real y ha acordado la constitución de una comisión de investigación sobre estos hechos
«A Revilla no le queda ninguna excusa para no cesar a Real»
La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz Buruaga, ha opinado que, una vez que la Fiscalía ha apreciado indicios de delito en las contrataciones del Servicio Cántabro de Salud, el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, debe «obligar a marcharse» a la consejera de Sanidad.
«Al presidente ya no le queda ninguna excusa», ha afirmado Buruaga en rueda de prensa y ha añadido que si la consejera María Luisa Real sigue sin dimitir, Revilla tendrá que destituirla , «si hace falta desde México, donde ha ido a predicar honradez, honestidad y lucha contra la corrupción».
Así se ha pronunciado Buruaga, para quien es «indecente» y «no tiene un pase» que María Luisa Real «siga un minuto más al frente» de la Sanidad de Cantabria.
Para Buruaga, la resolución de la Fiscalía que ha apreciado indicios de delito en su investigación sobre las contrataciones en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y ha remitido el caso al juzgado de instrucción para que abra diligencias, es un «nuevo capítulo» de lo que denomina como «el caso Real».
Y ha destacado que aunque tras meses investigación y la práctica de numerosas diligencias la Fiscalía podía haber archivado la denuncia y «dar carpetazo» al caso, «no lo ha hecho», porque «no es solo el PP el que ve indicios de delito en las contrataciones del SCS y la gestión de Luisa Real, sino que también lo ve la Fiscalía».
En este sentido, Buruaga ha recordado que el PP presentó una denuncia ante la Fiscalía por presuntos delitos de malversación, falsedad documental, tráfico de influencias y usurpación de funciones de funcionario público.
«No sabemos si la Fiscalía ha visto indicios de todos estos delitos o solamente de alguno de ellos, puesto que la resolución de la Fiscalía no especifica más», ha matizado la presidenta del PP.
Además, ha adelantado que el PP de Cantabria se personará en el proceso y será entonces cuando podrá «tener acceso a las diligencias practicadas y al juicio de la Fiscalía».
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